El tema de las Reformas al Sector Justicia ya cansa. Sin embargo es demasiado importante y lo que veo es cómo hay un juego de intereses de ciertos partidos y grupos de presión que no están interesados en la justicia sino en favorecer a su mayoría de votantes. Esto es así como lo explica claramente la teoría del “Public Choice”. No estamos viendo más que el comportamiento humano tal cual es.
Pues bien, el miércoles pasado vimos al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez que con su sola presencia en el hemiciclo considero que ya causa presión dado que ha impulsado la Reforma al Sector Justicia tal como está con todo y sus grandes falencias. Lo mismo considero como presión e injerencia el que la coordinadora adjunta de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ana María Upegui estuviera presente. En el pasado vimos al embajador de Estados Unidos y otros embajadores de países de la Unión Europea llegar a presionar también. Considero esta injerencia nefasta. Entiendo que quieran que mejore el sistema de justicia pero ¿por qué apoyar una reforma que en vez de mejorarla tiene algunos problemas que la van a destruir?
Este miércoles, cuando se discutía en el Congreso el artículo 203 de la Constitución que se pretende cambiar para supuestamente reconocer el derecho de los pueblos indígenas en cuanto a ejercer funciones jurisdiccionales, los diputados del partido UNE (Unidad Nacional de la Esperanza) abandonaron el hemiciclo para romper el quorum pues sabían que una votación en ese momento sería contraria a sus intenciones. El problema es que hay confusión sobre el tema sobre el derecho indígena que ya está reconocido en la Constitución en el artículo 66. El insistir sobre la aprobación de este artículo causaría sistemas de justicia donde a cada persona dependiendo de su raza se le juzgaría con diferente vara por diferentes crímenes. El tema penal preocupa en particular.
De todo lo que he leído hasta ahora sobre este tema me ha parecido de los más claros, el artículo de Danilo de Jesús Carías del Cid, titulado “Señor representante, me preocupa la jurisdicción indígena” (RepúblicaGT, 15 de febrero de 2017) del que reproduzco el siguiente párrafo.
“…el problema subyacente en el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena, es un problema de acceso a la justicia, no es un problema de Estado, es un problema de ausencia de Estado. En este sentido, si las instituciones informales funcionan tan bien, el artículo 66 constitucional reconoce las formas de vida de los pueblos indígenas, además de varios tratados sobre la materia, el afianzamiento jurisprudencial que han hecho las altas cortes, que algunas autoridades han pedido que no se inmiscuyan es sus tradiciones, como lo han hecho las autoridades de Santo Tomás Chichicastenango, ¿Cuál es la necesidad de incluir este tema en la reforma constitucional? ¿Será qué es un error de estrategia? ¿Están dispuestos a sacrificar la reforma al sector justicia que tanto urge, para incluir un tema que ya funciona, y funciona bien? ¿Quieren dilapidar millones del erario público en un plebiscito que polarizará a la población en esta democracia incipiente, y que muy probablemente obtengan un revés como el de 1999?”
La verdad es que este artículo, el 203, es polémico e innecesario. Es culpa de quienes lo metieron a última hora dado que ninguna de las propuestas originales lo incluía, está en riesgo una verdadera mejora al sistema de justicia. Y es culpa de quienes lo apoyaron a capa y espada desde el inicio como el Comisionado de la Cicig, el embajador de Estados Unidos y otros embajadores de la Unión Europea. Creo que metieron enormemente la pata con este artículo y lamento que ahora no tengan la humildad y honestidad intelectual de reconocerlo.
Por el bien de nuestro sistema de justicia, considero que este tema debe dejarse a un lado. Hay muchas cosas en el resto de la propuesta de cambios al Sector de Justicia que son positivas pero este parece más bien un berrinche de unos interesados, especialmente de la izquierda, en que la misma se destruya y se cree el caos en nuestro país. La izquierda definitivamente no quiere mejorar el sistema de Justicia, quiere destruirla.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
El tema de las Reformas al Sector Justicia ya cansa. Sin embargo es demasiado importante y lo que veo es cómo hay un juego de intereses de ciertos partidos y grupos de presión que no están interesados en la justicia sino en favorecer a su mayoría de votantes. Esto es así como lo explica claramente la teoría del “Public Choice”. No estamos viendo más que el comportamiento humano tal cual es.
Pues bien, el miércoles pasado vimos al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez que con su sola presencia en el hemiciclo considero que ya causa presión dado que ha impulsado la Reforma al Sector Justicia tal como está con todo y sus grandes falencias. Lo mismo considero como presión e injerencia el que la coordinadora adjunta de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ana María Upegui estuviera presente. En el pasado vimos al embajador de Estados Unidos y otros embajadores de países de la Unión Europea llegar a presionar también. Considero esta injerencia nefasta. Entiendo que quieran que mejore el sistema de justicia pero ¿por qué apoyar una reforma que en vez de mejorarla tiene algunos problemas que la van a destruir?
Este miércoles, cuando se discutía en el Congreso el artículo 203 de la Constitución que se pretende cambiar para supuestamente reconocer el derecho de los pueblos indígenas en cuanto a ejercer funciones jurisdiccionales, los diputados del partido UNE (Unidad Nacional de la Esperanza) abandonaron el hemiciclo para romper el quorum pues sabían que una votación en ese momento sería contraria a sus intenciones. El problema es que hay confusión sobre el tema sobre el derecho indígena que ya está reconocido en la Constitución en el artículo 66. El insistir sobre la aprobación de este artículo causaría sistemas de justicia donde a cada persona dependiendo de su raza se le juzgaría con diferente vara por diferentes crímenes. El tema penal preocupa en particular.
De todo lo que he leído hasta ahora sobre este tema me ha parecido de los más claros, el artículo de Danilo de Jesús Carías del Cid, titulado “Señor representante, me preocupa la jurisdicción indígena” (RepúblicaGT, 15 de febrero de 2017) del que reproduzco el siguiente párrafo.
“…el problema subyacente en el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena, es un problema de acceso a la justicia, no es un problema de Estado, es un problema de ausencia de Estado. En este sentido, si las instituciones informales funcionan tan bien, el artículo 66 constitucional reconoce las formas de vida de los pueblos indígenas, además de varios tratados sobre la materia, el afianzamiento jurisprudencial que han hecho las altas cortes, que algunas autoridades han pedido que no se inmiscuyan es sus tradiciones, como lo han hecho las autoridades de Santo Tomás Chichicastenango, ¿Cuál es la necesidad de incluir este tema en la reforma constitucional? ¿Será qué es un error de estrategia? ¿Están dispuestos a sacrificar la reforma al sector justicia que tanto urge, para incluir un tema que ya funciona, y funciona bien? ¿Quieren dilapidar millones del erario público en un plebiscito que polarizará a la población en esta democracia incipiente, y que muy probablemente obtengan un revés como el de 1999?”
La verdad es que este artículo, el 203, es polémico e innecesario. Es culpa de quienes lo metieron a última hora dado que ninguna de las propuestas originales lo incluía, está en riesgo una verdadera mejora al sistema de justicia. Y es culpa de quienes lo apoyaron a capa y espada desde el inicio como el Comisionado de la Cicig, el embajador de Estados Unidos y otros embajadores de la Unión Europea. Creo que metieron enormemente la pata con este artículo y lamento que ahora no tengan la humildad y honestidad intelectual de reconocerlo.
Por el bien de nuestro sistema de justicia, considero que este tema debe dejarse a un lado. Hay muchas cosas en el resto de la propuesta de cambios al Sector de Justicia que son positivas pero este parece más bien un berrinche de unos interesados, especialmente de la izquierda, en que la misma se destruya y se cree el caos en nuestro país. La izquierda definitivamente no quiere mejorar el sistema de Justicia, quiere destruirla.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo