La Corte de Constitucionalidad (CC) restauró un amparo provisional concedido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la autorización del Ministerio de Energía y Minas por la instalación de las hidroeléctricas Oxec, lo cual, tras la notificación, deja en suspenso temporal las operaciones de esta empresa.

El año pasado la CSJ concedió el amparo provisional a Bernardo Caal, quien planteó el recurso contra el citado ministerio, luego esa Corte revocó el amparo, y entonces Caal acudió a la CC.

La empresa se abstuvo de emitir un comentario hasta no contar con la notificación.

Además, los afectados señalan que Caal, “miente” y no es un dirigente reconocido por estas comunidades, además que es cuestionado por otros problemas legales.

Caal laboró como maestro en el magisterio nacional, pero fue destituido por no presentarse a sus labores durante un año, supuestamente por dedicarse al sindicato, instancia en la cual también enfrenta problemas personales y legales con Joviel Acevedo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala.

Se quedan sin empleo

Las 11 comunidades beneficiadas con el proyecto, ubicado en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, solicitaron a los magistrados de la CC conocer a profundidad el asunto, considerando además que la suspensión de la hidroeléctrica traería serios problemas económicos y sociales para la población.

El jueves, José Chun, líder de la comunidad La Escopeta, dijo que el cierre de la hidroeléctrica afectaría a 600 trabajadores que laboran como albañiles, operadores de máquinas y otras funciones. Además, señaló que son seis mil habitantes entre las 11 comunidades que saldrían afectados, ya que no recibirían los beneficios actuales.

Entre las ventajas se encuentra el empleo que genera, la donación de útiles y material educativo y suministros de medicina. Además del progreso económico de estas comunidades, ya que es poca o nula la presencia del Esetado en ese lugar.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, señala que respetan la resolución de la CC, pero consideran que la decisión se toma sin conocimiento profundo del Convenio 169, el cual en ninguna parte habla de suspender los proyectos en operación.

“Nos extraña mucho y no queremos pensar que esto tenga una carga politica o ideológica, pues es un daño para el país. Por ello es urgente reglamentar el Convenio 169, porque si se sigue en esta situación, será grave para el país”, subraya.