Suspender proyectos hidroeléctricos tendrá dos consecuencias para el país: aumento en la tarifa para todos los usuarios y más adelante seguirá el desabastecimiento, complicando más el problema que ahora empieza a vislumbrarse, según autoridades del sector.
Édgar Navarro, presidente del Administrador del Mercado Mayorista (AMM); Jorge Arauz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y Carlos Colom, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), manifestaron su preocupación en una conferencia de prensa.
De acuerdo con Navarro, la generación eléctrica con recursos renovables es la más económica y sobre todo, la hidráulica, que ha permitido al país reducir la tarifa hasta en un 40%.
En la actualidad la cuarta parte de la demanda se cubre con el aporte de las hidroeléctricas.
Por ello, consideran negativo para el desarrollo del país y el bolsillo de los usuarios, suspender proyectos, sobre todo los que están en operaciones porque habrá un impacto directo en el precio del servicio.
Como se observa en la gráfica, casi el 60% de la generación se realiza con medios renovables y la Política Energética apunta a aumentar la dependencia de estos recursos, sobre todo en la generación hidráulica, la cual tiene un alto potencial en Guatemala.
A la vista de los magistrados
Con este pronunciamiento, las autoridades del sector hacen un llamado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que tomen en cuenta estos elementos y las repercusiones que tendrán sus resoluciones, porque “todo el sistema funciona con certeza jurídica”.
“Nuestra labor es institucional, hacer saber a la CSJ y a la CC, cuáles pueden ser las consecuencias de las resoluciones. Buscamos contribuir para que conozcan cuáles son las consecuencias del tema que tienen sobre la mesa”, subraya Navarro.
Por aparte, Colom también hizo un llamado a las autoridades para reglamentar el Convenio 169, pues considera que este marco legal es para apoyar el desarrollo del país y no para restringir proyectos de beneficio para las comunidades.
Las autoridades del subsector eléctrico expresaron su preocupación por la suspensión de hidroeléctricas.
Suspender proyectos hidroeléctricos tendrá dos consecuencias para el país: aumento en la tarifa para todos los usuarios y más adelante seguirá el desabastecimiento, complicando más el problema que ahora empieza a vislumbrarse, según autoridades del sector.
Édgar Navarro, presidente del Administrador del Mercado Mayorista (AMM); Jorge Arauz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y Carlos Colom, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), manifestaron su preocupación en una conferencia de prensa.
De acuerdo con Navarro, la generación eléctrica con recursos renovables es la más económica y sobre todo, la hidráulica, que ha permitido al país reducir la tarifa hasta en un 40%.
En la actualidad la cuarta parte de la demanda se cubre con el aporte de las hidroeléctricas.
Por ello, consideran negativo para el desarrollo del país y el bolsillo de los usuarios, suspender proyectos, sobre todo los que están en operaciones porque habrá un impacto directo en el precio del servicio.
Como se observa en la gráfica, casi el 60% de la generación se realiza con medios renovables y la Política Energética apunta a aumentar la dependencia de estos recursos, sobre todo en la generación hidráulica, la cual tiene un alto potencial en Guatemala.
A la vista de los magistrados
Con este pronunciamiento, las autoridades del sector hacen un llamado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que tomen en cuenta estos elementos y las repercusiones que tendrán sus resoluciones, porque “todo el sistema funciona con certeza jurídica”.
“Nuestra labor es institucional, hacer saber a la CSJ y a la CC, cuáles pueden ser las consecuencias de las resoluciones. Buscamos contribuir para que conozcan cuáles son las consecuencias del tema que tienen sobre la mesa”, subraya Navarro.
Por aparte, Colom también hizo un llamado a las autoridades para reglamentar el Convenio 169, pues considera que este marco legal es para apoyar el desarrollo del país y no para restringir proyectos de beneficio para las comunidades.
Las autoridades del subsector eléctrico expresaron su preocupación por la suspensión de hidroeléctricas.