La suspensión de operaciones de la hidroélectrica Oxec, en Santa María Cahabón, Alta Verapaz y las “manifiestas dudas y falta de consensos que no hacen aconsejable modificar el artículo 203, relacionado con la Jurisdicción Indígena”, abonan a la falta de certeza jurídica, “requisito indispensable para el desarrollo del país”, indica el Cacif.

Este ambiente no es propicio para la inversión porque afecta la imagen del país y también la “generación de oportunidades para los guatemaltecos”, expresa José González, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Finacieras (Cacif).

“Muchos de estos procesos, políticos o judiciales, pueden estar sucediendo en un ambiente tal, que quienes tienen responsabilidad de tomar decisiones, manifiestan recibir presiones de distinta naturaleza, sean reales o simplemente percibidas”, añade del representante del sector privado.

Sin presiones

Por lo anterior, los empresarios hacen un llamado a la Corte de Constitucionalidad y al Congreso de la República para “decidir priorizando los beneficios para el país y apegados al marco legal constitucional”.

El Cacif pide a los funcionarios actuar sin “coacciones de ningún tipo, haciendo caso omiso de pretendidos mensaje que hacen llegar intermediarios que no responden más que a intereses políticos o particulares, o la amenaza percibida de repercusiones posteriores, derivadas de las decisiones que tomen”.

“Consideramos necesario luchar por la independencia del sector justicia y esto solo puede suceder si las decisiones que se adopten, sean fallos judiciales o reformas a nuestro marco constitucional, puedan ser tomadas con absoluta libertad e independencia”, enfatiza González.

El Cacif concluye su pronunciamiento reiterando que el actuar de las autoridades debe responder a una “visión de futuro con oportunidades de desarrollo para todos los guatemaltecos”.