La economía del país y la propiedad privada serían afectadas si el Congreso de la República modifica el artículo 203 constitucional y quita la exclusividad de jurisdicción a la Corte Suprema de Justicia, opina el constitucionalista Stuardo Ralón.
El abogado, quien abordó las implicaciones en estos dos temas en caso se aprobara el reconocimiento de la Jurisdicción Indígena, concluye que al modificar el artículo citado, se atenta contra el sistema republicano que rige el país, ya que no habría igualdad ante la ley al crear una serie de sistemas de justicia sin límites.
Lo anterior tendría implicaciones para los diputados, porque el artículo 281 de la Constitución establece que “en ningún caso podrán reformarse los artículo 140, 141, 165 inciso g), 186 y 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno…“.
Recordó que el Estado, según la Constitución, está obligado a crear condiciones propicias para “el orden económico”, además de garantizar la propiedad privada, pero al modificar el artículo 203 y no establecer límites, se pierde certeza jurídica y se crea un sistema que puede entrar a juzgar cualquier tema, incluso, puede darse el caso que estas autoridades desconozcan a instituciones como el Registro General de la Propiedad, y resuelvan asuntos por cuestiones históricas y no por derechos registrados.
Escuche el resumen de la ponencia del abogado Ralón, quien expuso el tema en un foro organizado por la Asociación Amigos del País y Guatemala Visible.
La economía del país y la propiedad privada serían afectadas si el Congreso de la República modifica el artículo 203 constitucional y quita la exclusividad de jurisdicción a la Corte Suprema de Justicia, opina el constitucionalista Stuardo Ralón.
El abogado, quien abordó las implicaciones en estos dos temas en caso se aprobara el reconocimiento de la Jurisdicción Indígena, concluye que al modificar el artículo citado, se atenta contra el sistema republicano que rige el país, ya que no habría igualdad ante la ley al crear una serie de sistemas de justicia sin límites.
Lo anterior tendría implicaciones para los diputados, porque el artículo 281 de la Constitución establece que “en ningún caso podrán reformarse los artículo 140, 141, 165 inciso g), 186 y 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno…“.
Recordó que el Estado, según la Constitución, está obligado a crear condiciones propicias para “el orden económico”, además de garantizar la propiedad privada, pero al modificar el artículo 203 y no establecer límites, se pierde certeza jurídica y se crea un sistema que puede entrar a juzgar cualquier tema, incluso, puede darse el caso que estas autoridades desconozcan a instituciones como el Registro General de la Propiedad, y resuelvan asuntos por cuestiones históricas y no por derechos registrados.
Escuche el resumen de la ponencia del abogado Ralón, quien expuso el tema en un foro organizado por la Asociación Amigos del País y Guatemala Visible.