Las hidroeléctricas Oxec 1 y 2 frenaron operaciones el 17 de febrero pasado luego que la Corte de Constitucionalidad restauró un amparo provisional concedido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la autorización del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Las acciones legales indican que no se realizó la consulta comunitaria que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Como se puede ver en la resolución de la CC, detrás de las acciones legales está Bernardo Caal Xól, que habla en nombre de los pobladores de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, donde se encuentran las hidroeléctricas. Pobladores que, según se constató en las visitas realizadas por República, lo desconocen como representante y rechazan sus actuaciones. Incluso han realizado manifestaciones donde piden la continuidad del proyecto como lo publicó el periódico Prensa Libre.
Caal Xól dice representar a comunidades que quedan a 355 kilómetros de distancia donde él reside. El lugar es tan lejano de su residencia, que para llegar de su casa a donde están las hidroeléctricas se necesita un viaje de ocho horas en vehículo.
En una certificación extendida por el Registro Nacional de las Personas (Renap) se lee que Caal reside en la colonia Bosques del Porvenir, kilómetro 57 jurisdicción de Chimaltenango.
Esto se confirmó personalmente en su residencia.
Además, líderes comunitarios de Santa María Cahabón corroboraron que no vive en ninguna comunidad cercana a las hidroeléctricas.
República intentó comunicarse con Caal Xól en repetidas ocasiones para obtener su versión, pero al cierre de esta edición no atendió las llamadas.
¿Por qué importa dónde vive y su representatividad?
El problema es que el artículo 6 del Convenio 169 establece que el Gobierno deberá “consultar a los pueblos interesados… cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, algo que según expertos en temas constitucionales consultados, no ocurre con Caal, porque no vive ni cerca, ni en zonas aledañas a las hidroeléctricas. Eso lo hace perder legitimación activa; es decir, no tiene derecho a reclamar.
La legitimidad es importante y necesaria. Ya se han dado casos previos donde se ha establecido que la legitimidad es fundamental cuando se habla de casos relevantes, como lo explicó Gloria Porras en la entrevista que le realizó la plataforma Nómada.
“…Uno de los primeros pasos antes de tomar una decisión (en la Corte) es revisar si la persona que presenta el amparo (la protesta) tiene legitimidad.” es decir, verificar si tiene vela en ese entierro.
En voz de constitucionalistas
Caal “definitivamente no tiene legitimación activa” para interponer un recurso porque no es un agraviado directo, señala el exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto,
“Para mí no tiene ninguna legitimización, es un absurdo. Lo que pasa es que se está abusando un poco de estas protestas y se les está olvidando que el progreso del país está en las hidroeléctricas”, expresó Molina Barreto.
Al ser consultado acerca de qué opinaba que la CC haya amparado Caal, indicó: “Hemos visto tantos muertos acarrear basura que ya no asusta. Esas son las cosas que le hacen daño al sistema judicial del país. La CC últimamente ha estado fallando bien, pero de vez en cuando vienen los fallos eminentemente políticos” y con ellos “se rompe una jurisprudencia o generan una jurisprudencia equivocada”, argumentó.
Mientras que el exmagistrado de la CC, Mario Pérez Guerra, comenta que si nos atenemos a lo que dice el artículo 6 del Convenio de la OIT, “quien tendría legitimidad es quien tiene ese interés directo, de lo contrario, si no tiene un interés directo, definitivamente no está legitimado”.
En tanto que el exmagistrado de la CC, Rodolfo Rohrmoser, afirma que la anterior CC cambió la jurisprudencia que se venía aplicando y donde era preeminente que existiera un agravio directo para poder solicitar un amparo.
“Ahora cualquier persona puede interponer un amparo cuando se trata de un interés nacional. La Corte pasada, la sexta, cambió la jurisprudencia porque en mi tiempo exigíamos el agravio personal y directo tal y como lo dice la ley. Yo fue miembro de la cuarta Corte, la quinta también siguió eso, pero la sexta lo cambió”, señaló Rorhmoser.
En todo caso, no es cierto que no se haya realizado la consulta comunitaria, pues el Ministerio de Energía y Minas (MEM) asegura que sí se realizó el procedimiento.
Investigado por el Ministerio Público
El supuesto líder es investigado por la Fiscalía Distrital del Ministerio Público (MP) de Alta Verapaz, por el delito de caso especial de estafa, debido a que cobró el sueldo de un año sin presentarse a sus labores.
La acusación, y cuya pesquisa se encuentra en marcha, fue interpuesta el 11 de marzo del 2015 por Álvaro Heriberto Xoy Reyes, director de la Escuela Oficial Rural Mixta, ubicada en la aldea Semoch, de Santa María Cahabón.
Así consta en el expediente MP255-2015-2220, al que tuvo acceso República. La denuncia fue presentada porque “cobró salarios no devengados del Estado de Guatemala a través del Ministerio de Educación”, se lee en el documento.
Caal fue destituido en agosto del 2013 por la exministra de Educación, Cinthya del Águila, porque durante 2012 no se presentó a laborar en la escuela donde estaba asignado.
Caal, sin ser parte del magisterio, mantiene una disputa legal con Joviel Acevedo, otro dirigente cuestionado, a quien pretende desbancar para quedarse al frente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).
Cuestionamiento
Sin representatividad, ni legitimidad, es un personaje cuestionado que ha sido acusado de robar al Estado. Sin embargo habla en nombre de comunidades que, lejos de rechazar, manifiestan a favor de los proyectos.
Caal Xól es el hombre detrás de las acciones que frenaron el bienestar de quienes, supuestamente, representa.
Las hidroeléctricas Oxec 1 y 2 frenaron operaciones el 17 de febrero pasado luego que la Corte de Constitucionalidad restauró un amparo provisional concedido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la autorización del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Las acciones legales indican que no se realizó la consulta comunitaria que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Como se puede ver en la resolución de la CC, detrás de las acciones legales está Bernardo Caal Xól, que habla en nombre de los pobladores de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, donde se encuentran las hidroeléctricas. Pobladores que, según se constató en las visitas realizadas por República, lo desconocen como representante y rechazan sus actuaciones. Incluso han realizado manifestaciones donde piden la continuidad del proyecto como lo publicó el periódico Prensa Libre.
Caal Xól dice representar a comunidades que quedan a 355 kilómetros de distancia donde él reside. El lugar es tan lejano de su residencia, que para llegar de su casa a donde están las hidroeléctricas se necesita un viaje de ocho horas en vehículo.
En una certificación extendida por el Registro Nacional de las Personas (Renap) se lee que Caal reside en la colonia Bosques del Porvenir, kilómetro 57 jurisdicción de Chimaltenango.
Esto se confirmó personalmente en su residencia.
Además, líderes comunitarios de Santa María Cahabón corroboraron que no vive en ninguna comunidad cercana a las hidroeléctricas.
República intentó comunicarse con Caal Xól en repetidas ocasiones para obtener su versión, pero al cierre de esta edición no atendió las llamadas.
¿Por qué importa dónde vive y su representatividad?
El problema es que el artículo 6 del Convenio 169 establece que el Gobierno deberá “consultar a los pueblos interesados… cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, algo que según expertos en temas constitucionales consultados, no ocurre con Caal, porque no vive ni cerca, ni en zonas aledañas a las hidroeléctricas. Eso lo hace perder legitimación activa; es decir, no tiene derecho a reclamar.
La legitimidad es importante y necesaria. Ya se han dado casos previos donde se ha establecido que la legitimidad es fundamental cuando se habla de casos relevantes, como lo explicó Gloria Porras en la entrevista que le realizó la plataforma Nómada.
“…Uno de los primeros pasos antes de tomar una decisión (en la Corte) es revisar si la persona que presenta el amparo (la protesta) tiene legitimidad.” es decir, verificar si tiene vela en ese entierro.
En voz de constitucionalistas
Caal “definitivamente no tiene legitimación activa” para interponer un recurso porque no es un agraviado directo, señala el exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto,
“Para mí no tiene ninguna legitimización, es un absurdo. Lo que pasa es que se está abusando un poco de estas protestas y se les está olvidando que el progreso del país está en las hidroeléctricas”, expresó Molina Barreto.
Al ser consultado acerca de qué opinaba que la CC haya amparado Caal, indicó: “Hemos visto tantos muertos acarrear basura que ya no asusta. Esas son las cosas que le hacen daño al sistema judicial del país. La CC últimamente ha estado fallando bien, pero de vez en cuando vienen los fallos eminentemente políticos” y con ellos “se rompe una jurisprudencia o generan una jurisprudencia equivocada”, argumentó.
Mientras que el exmagistrado de la CC, Mario Pérez Guerra, comenta que si nos atenemos a lo que dice el artículo 6 del Convenio de la OIT, “quien tendría legitimidad es quien tiene ese interés directo, de lo contrario, si no tiene un interés directo, definitivamente no está legitimado”.
En tanto que el exmagistrado de la CC, Rodolfo Rohrmoser, afirma que la anterior CC cambió la jurisprudencia que se venía aplicando y donde era preeminente que existiera un agravio directo para poder solicitar un amparo.
“Ahora cualquier persona puede interponer un amparo cuando se trata de un interés nacional. La Corte pasada, la sexta, cambió la jurisprudencia porque en mi tiempo exigíamos el agravio personal y directo tal y como lo dice la ley. Yo fue miembro de la cuarta Corte, la quinta también siguió eso, pero la sexta lo cambió”, señaló Rorhmoser.
En todo caso, no es cierto que no se haya realizado la consulta comunitaria, pues el Ministerio de Energía y Minas (MEM) asegura que sí se realizó el procedimiento.
Investigado por el Ministerio Público
El supuesto líder es investigado por la Fiscalía Distrital del Ministerio Público (MP) de Alta Verapaz, por el delito de caso especial de estafa, debido a que cobró el sueldo de un año sin presentarse a sus labores.
La acusación, y cuya pesquisa se encuentra en marcha, fue interpuesta el 11 de marzo del 2015 por Álvaro Heriberto Xoy Reyes, director de la Escuela Oficial Rural Mixta, ubicada en la aldea Semoch, de Santa María Cahabón.
Así consta en el expediente MP255-2015-2220, al que tuvo acceso República. La denuncia fue presentada porque “cobró salarios no devengados del Estado de Guatemala a través del Ministerio de Educación”, se lee en el documento.
Caal fue destituido en agosto del 2013 por la exministra de Educación, Cinthya del Águila, porque durante 2012 no se presentó a laborar en la escuela donde estaba asignado.
Caal, sin ser parte del magisterio, mantiene una disputa legal con Joviel Acevedo, otro dirigente cuestionado, a quien pretende desbancar para quedarse al frente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).
Cuestionamiento
Sin representatividad, ni legitimidad, es un personaje cuestionado que ha sido acusado de robar al Estado. Sin embargo habla en nombre de comunidades que, lejos de rechazar, manifiestan a favor de los proyectos.
Caal Xól es el hombre detrás de las acciones que frenaron el bienestar de quienes, supuestamente, representa.