Bernardo Caal Xól se convirtió en una cara recurrente en las manifestaciones contra las hidroeléctricas, pero toda esa logística y apoyo jurídico no es espontáneo. Tiene un costo. Uno que se cubre con financiamiento que proviene de Noruega y es administrado por el Colectivo Madre Selva, que además brinda asesoría legal y logística en su batalla contra la energía limpia.
En la última manifestación contra las hidroeléctricas, realizada el 20 de febrero, circuló en redes sociales un video donde se evidencia la participación del Colectivo Madre Selva facilitando alimentación, transporte y dinero.
A partir de ese video República investigó para verificar de dónde proviene el dinero y si, en efecto, lo que salió en el video es cierto.
Al entrevistar a Caal no tiene empacho en reconocer el apoyo del Colectivo Madre Selva y afirma que “Reciben apoyo técnico” de este Colectivo, que se encuentra fuertemente ligado a la conflictividad en torno a los proyectos hidrológicos que se desarrollan en Guatemala.
Esta postura claramente se observa en su página web (www.madreselva.org.gt) al calificar la política de generación eléctrica como “excluyente y represiva”, pese a que se han realizado con el aval de las comunidades y cumpliendo lo que requiere el Estado de Guatemala.
“Como ciudadanos tenemos el derecho de participar en las manifestaciones de libertad de expresión que consideremos necesarias. En todo caso lo que dimos, como muestra de solidaridad, fue un pan con frijoles. En ese sentido sí participamos. Gastamos Q2 mil, teníamos una expectativa de 200 personas; sin embargo, la sorpresa fue que vinieron unas 800”, afirma Julio González, integrante de la organización ambiental.
A pesar que en el video mencionado se ve que entregan dinero, González negó “rotundamente” que hayan pagado a los campesinos por venir a la ciudad a protestar porque “eso no solo desvalorizaría sino que dejaría sin solvencia moral a una institución como la nuestra que lo que busca es el beneficio de las comunidades”.
En el video se observa cómo, en hojas membretadas del Colectivo, se registró la asistencia de los participantes y tambén se aprecia cómo los integrantes de Madre Selva se encargan de las labores de alimentación para los participantes de esa marcha.
De acuerdo con González, el registro lo realizan porque deben entregar cuentas del dinero proveniente del extranjero.
El financiamiento
Al investigar el financiamiento resulta que la organización no gubernamental ha recibido recursos de manera directa a partir del 2011 del gobierno de Noruega, entre varios donantes. En el caso de los recursos provenientes de las autoridades de esa nación, ascienden a más de un millón de quetzales, según los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego.
Según el portal, http://udtilskudd.regjeringen, Madre Selva recibe financiamiento para “movilizar redes de organizaciones y comunidades para abogar en favor del fortalecimiento para generar una política nacional de agua y apoyar el uso sostenible de los recursos hídricos, servicios de saneamiento y reducción del riesgo para la población vulnerable”.
Además, tienen comprometidos recursos hasta el año 2019 como muestra la siguiente infografía.
Fuente: https://goo.gl/tmCgwY
La contradición
Colectivo Madre Selva supuestamente busca proteger el ambiente, pero su apoyo legal ha frenado la generación limpia y pronostica que Guatemala podría volver a depender de la generación de combustibles, generación que contamina y es más cara que la hidraúlica.
El apoyo de Noruega parece sin sentido porque ese país cubre toda su demanda con hidroeléctricas, es más, en la actualidad se estudia la posibilidad de que esa nación facilite todo el suministro requerido por Europa cuando falle la generación eólica o solar por falta de viento o calor, según se puede ver en el siguiente enlace: http://www.tendencias21.net/Noruega-podria-abastecer-de-energia-limpia-a-toda-Europa_a5025.html
Los daños
Según el Ministro de Energía y Minas, Luis Eduardo Chang, el hecho de suspender la generación eléctrica de los proyectos hidroeléctricos representa un grave riesgo para la productividad y la vida en general del país.
“Estos movimientos sociales no tienen claro que quedarnos sin la generación hidroeléctrica conlleva a un retroceso en los esfuerzos para la reducción de precios de la energía, nos acerca a racionamientos, a la contaminación ambiental producto de la quema de combustible fósil para producir energía y al encarecimiento de la vida en general”.
La Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), por medio de un comunicado, insta a crear espacios de diálogo y discusión acerca del tema, sin que esto afecte a la generación efectiva de energía eléctrica.
Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Asociación para la Protección del Desarrollo Sostenible (ALDS) asegura que “este tipo de organizaciones dañan de manera irreversible el clima de negocios, la certeza jurídica y la competitividad de Guatemala”.
Magistrados de la CC ignoran la evidencia
El 16 de febrero la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso las operaciones de una de las hidroeléctricas, supuestamente por existir posibles daños inmediatos y no cumplirse con los procesos establecidos para este tipo de proyectos.
Julio González, del Colectivo Madre Selva, también señala este tema.
“La mayoría de las veces se violenta esos derechos desde el principio, desde el estudio de impacto ambiental, donde se oculta información a las comunidades, no se cumple con los términos de referencia de lo que es la consulta social, que es ratificada y amparada en el Convenio 169. Legalmente les transmitimos el conocimiento pleno de sus derechos y la forma en que se pueden defender. En ese sentido, nuestra asesoría es en la protección de derechos comunitarios”, asegura González.
Pero en la resolución de la Corte de Constitucionalidad, se reconoce que sí hubo una consulta. La magistrada María de los Ángeles Araujo Bohr, razonó su voto indicando: “obra dentro del expediente administrativo la realización de actuaciones por parte del Ministerio de Energía y Minas que pudiesen calificarse como acciones concretas que definen la consulta”.
En este caso y en la mayoría, previo a las operaciones de las hidroeléctricas, se cumplen estos puntos:
1. El proceso de consulta es implementado por el Ministerio de Energía y Minas
2. Existe una guía de revisión del proceso de consulta a las comunidades
3. Se informa del proyecto en el idioma de las comunidades
4. Se llegan a acuerdos con las comunidades
5. Los proyectos se desarrollan en un ambiente amigable, social y ambientalmente sano
6. Existen procesos de diálogo entre comunidades donde rigen los principios de buena fe, oportunidad, flexibilidad e información oportuna.
Mientras los países desarrollados como Noruega apuntan a depender de la generación limpia y barata de las hidroeléctricas, en Guatemala ese país provee recursos para lo contrario.
Bernardo Caal Xól se convirtió en una cara recurrente en las manifestaciones contra las hidroeléctricas, pero toda esa logística y apoyo jurídico no es espontáneo. Tiene un costo. Uno que se cubre con financiamiento que proviene de Noruega y es administrado por el Colectivo Madre Selva, que además brinda asesoría legal y logística en su batalla contra la energía limpia.
En la última manifestación contra las hidroeléctricas, realizada el 20 de febrero, circuló en redes sociales un video donde se evidencia la participación del Colectivo Madre Selva facilitando alimentación, transporte y dinero.
A partir de ese video República investigó para verificar de dónde proviene el dinero y si, en efecto, lo que salió en el video es cierto.
Al entrevistar a Caal no tiene empacho en reconocer el apoyo del Colectivo Madre Selva y afirma que “Reciben apoyo técnico” de este Colectivo, que se encuentra fuertemente ligado a la conflictividad en torno a los proyectos hidrológicos que se desarrollan en Guatemala.
Esta postura claramente se observa en su página web (www.madreselva.org.gt) al calificar la política de generación eléctrica como “excluyente y represiva”, pese a que se han realizado con el aval de las comunidades y cumpliendo lo que requiere el Estado de Guatemala.
“Como ciudadanos tenemos el derecho de participar en las manifestaciones de libertad de expresión que consideremos necesarias. En todo caso lo que dimos, como muestra de solidaridad, fue un pan con frijoles. En ese sentido sí participamos. Gastamos Q2 mil, teníamos una expectativa de 200 personas; sin embargo, la sorpresa fue que vinieron unas 800”, afirma Julio González, integrante de la organización ambiental.
A pesar que en el video mencionado se ve que entregan dinero, González negó “rotundamente” que hayan pagado a los campesinos por venir a la ciudad a protestar porque “eso no solo desvalorizaría sino que dejaría sin solvencia moral a una institución como la nuestra que lo que busca es el beneficio de las comunidades”.
En el video se observa cómo, en hojas membretadas del Colectivo, se registró la asistencia de los participantes y tambén se aprecia cómo los integrantes de Madre Selva se encargan de las labores de alimentación para los participantes de esa marcha.
De acuerdo con González, el registro lo realizan porque deben entregar cuentas del dinero proveniente del extranjero.
El financiamiento
Al investigar el financiamiento resulta que la organización no gubernamental ha recibido recursos de manera directa a partir del 2011 del gobierno de Noruega, entre varios donantes. En el caso de los recursos provenientes de las autoridades de esa nación, ascienden a más de un millón de quetzales, según los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego.
Según el portal, http://udtilskudd.regjeringen, Madre Selva recibe financiamiento para “movilizar redes de organizaciones y comunidades para abogar en favor del fortalecimiento para generar una política nacional de agua y apoyar el uso sostenible de los recursos hídricos, servicios de saneamiento y reducción del riesgo para la población vulnerable”.
Además, tienen comprometidos recursos hasta el año 2019 como muestra la siguiente infografía.
Fuente: https://goo.gl/tmCgwY
La contradición
Colectivo Madre Selva supuestamente busca proteger el ambiente, pero su apoyo legal ha frenado la generación limpia y pronostica que Guatemala podría volver a depender de la generación de combustibles, generación que contamina y es más cara que la hidraúlica.
El apoyo de Noruega parece sin sentido porque ese país cubre toda su demanda con hidroeléctricas, es más, en la actualidad se estudia la posibilidad de que esa nación facilite todo el suministro requerido por Europa cuando falle la generación eólica o solar por falta de viento o calor, según se puede ver en el siguiente enlace: http://www.tendencias21.net/Noruega-podria-abastecer-de-energia-limpia-a-toda-Europa_a5025.html
Los daños
Según el Ministro de Energía y Minas, Luis Eduardo Chang, el hecho de suspender la generación eléctrica de los proyectos hidroeléctricos representa un grave riesgo para la productividad y la vida en general del país.
“Estos movimientos sociales no tienen claro que quedarnos sin la generación hidroeléctrica conlleva a un retroceso en los esfuerzos para la reducción de precios de la energía, nos acerca a racionamientos, a la contaminación ambiental producto de la quema de combustible fósil para producir energía y al encarecimiento de la vida en general”.
La Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), por medio de un comunicado, insta a crear espacios de diálogo y discusión acerca del tema, sin que esto afecte a la generación efectiva de energía eléctrica.
Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Asociación para la Protección del Desarrollo Sostenible (ALDS) asegura que “este tipo de organizaciones dañan de manera irreversible el clima de negocios, la certeza jurídica y la competitividad de Guatemala”.
Magistrados de la CC ignoran la evidencia
El 16 de febrero la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso las operaciones de una de las hidroeléctricas, supuestamente por existir posibles daños inmediatos y no cumplirse con los procesos establecidos para este tipo de proyectos.
Julio González, del Colectivo Madre Selva, también señala este tema.
“La mayoría de las veces se violenta esos derechos desde el principio, desde el estudio de impacto ambiental, donde se oculta información a las comunidades, no se cumple con los términos de referencia de lo que es la consulta social, que es ratificada y amparada en el Convenio 169. Legalmente les transmitimos el conocimiento pleno de sus derechos y la forma en que se pueden defender. En ese sentido, nuestra asesoría es en la protección de derechos comunitarios”, asegura González.
Pero en la resolución de la Corte de Constitucionalidad, se reconoce que sí hubo una consulta. La magistrada María de los Ángeles Araujo Bohr, razonó su voto indicando: “obra dentro del expediente administrativo la realización de actuaciones por parte del Ministerio de Energía y Minas que pudiesen calificarse como acciones concretas que definen la consulta”.
En este caso y en la mayoría, previo a las operaciones de las hidroeléctricas, se cumplen estos puntos:
1. El proceso de consulta es implementado por el Ministerio de Energía y Minas
2. Existe una guía de revisión del proceso de consulta a las comunidades
3. Se informa del proyecto en el idioma de las comunidades
4. Se llegan a acuerdos con las comunidades
5. Los proyectos se desarrollan en un ambiente amigable, social y ambientalmente sano
6. Existen procesos de diálogo entre comunidades donde rigen los principios de buena fe, oportunidad, flexibilidad e información oportuna.
Mientras los países desarrollados como Noruega apuntan a depender de la generación limpia y barata de las hidroeléctricas, en Guatemala ese país provee recursos para lo contrario.