Durante las últimas seis semanas la generación de energía eléctrica que detalla la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) de Guatemala en su matriz energética dependió entre un 40 a un 25% con generación hidráulica.
Es notorio que dependemos de la generación hidráulica para tener energía, de una forma barata y renovable. Sin embargo, personajes y organizaciones ajenas a las comunidades donde se han construido hidroeléctricas se han dedicado a accionar contra éstas, como República publicó recientemente en las notas: ¿Quién está detrás de las acciones contra las hidroeléctricas? y ¿Quiénes financian las acciones contra las hidroeléctricas?.
Estos ataques provocaron que el 16 de febrero pasado la Corte de Constitucionalidad (CC) emitiera una resolución para suspender operaciones a una hidroeléctrica. Las autoridades del subsector eléctrico están bastante preocupadas porque la resolución de la CC puede causar un daño económico al país y una crisis como la vivida a inicios de la década de 1990, caracterizada por electricidad cara, desabastecimiento, apagones y racionamiento.
Édgar Navarro, presidente del Administrador del Mercado Mayorista (AMM), entidad que entre otras funciones se encarga de la seguridad y abastecimiento de la energía eléctrica en el país, señala que las consecuencias recaerían sobre todos los usuarios y sería un retroceso para Guatemala, que trazó una política de largo plazo para generar más energía limpia y barata.
El entrevistado explica que si las Cortes siguen suspendiendo proyectos hidráulicos, el ajuste tarifario se hará pronto porque se incrementarán los costos de operación y deberá usarse generación proveniente de combustibles, la cual es más cara y contamina el ambiente.
En los últimos diez años el precio de la energía se redujo un 50%, principalmente por el uso de recursos renovables como el agua, pero esta tendencia a la baja podría revertirse en el corto plazo al continuar suspendiendo hidroeléctricas en operación, subraya Navarro.
Aumento generalizado
Del impacto del cierre de las hidroeléctricas nadie escapará. En su factura, los usuarios verán aumentos significativos, el sector productivo perderá competitividad porque subirán sus costos, el fisco dejará de percibir ingresos vía impuestos, algunos bancos afrontarán problemas y las comunidades cercanas a los proyectos de nuevo volverán al abandono y a la falta de oportunidades para desarrollarse.
Por ejemplo, Fernando Quevedo, representante en Guatemala del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), comenta que “siempre hay preocupación cuando temas como la falta de reglamentación del Convenio 169 pueden causar incertidumbres jurídicas”, pues esa entidad tiene créditos por US$84 millones en hidroeléctricas en construcción.
Doce veces más cara
Dejar de usar las hidroeléctricas para la generación de energía generaría problemas económicos y sociales para el país, afirma el titular del Ministerio de Energía y Minas, Luis Chang.
“Si lo que buscamos en el país son precios de energía más barata, tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales. Si queremos que las cosas sean más baratas, ¿cómo nos vamos a oponer al aprovechamiento de los recursos renovables del país?”, afirma Chang.
Anticipa que la eliminación de las hidroeléctricas propiciaría un aumento de hasta 12 veces en la energía, alza en los productos de la canasta básica de alimentos, déficit y desabastecimiento y apagones.
Sumado a ello habría desempleo, y de la mano de ello efectos migratorios. Además, “si sacamos las hidroeléctricas vemos un aumento para 2017 del 88% de las emisiones de gases de efecto invernadero producto del sector energía específicamente.
Un tema de Estado
Respecto al cierre de hidroeléctricas a raíz de resoluciones judiciales señala: “Esto es un planteamiento que se tiene que resolver como Estado, no de un solo poder porque es competencia de los tres, específicamente la reglamentación del Convenio 169 como corresponde. Debe haber un planteamiento conjunto de los tres poderes para construir una reglamentación que nos permita tener reglas específicas para definir el procedimiento de consulta”.
Pero mientras las Cortes de justicia analizan los recursos legales, decenas de guatemaltecos se han quedado sin trabajo, sin el medio para garantizar la alimentación, salud y educación de sus hijos, tal como lo explican los siguientes entrevistados que viven de la fuente de empleo que llevó la hidroeléctrica al área.
Durante las últimas seis semanas la generación de energía eléctrica que detalla la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) de Guatemala en su matriz energética dependió entre un 40 a un 25% con generación hidráulica.
Es notorio que dependemos de la generación hidráulica para tener energía, de una forma barata y renovable. Sin embargo, personajes y organizaciones ajenas a las comunidades donde se han construido hidroeléctricas se han dedicado a accionar contra éstas, como República publicó recientemente en las notas: ¿Quién está detrás de las acciones contra las hidroeléctricas? y ¿Quiénes financian las acciones contra las hidroeléctricas?.
Estos ataques provocaron que el 16 de febrero pasado la Corte de Constitucionalidad (CC) emitiera una resolución para suspender operaciones a una hidroeléctrica. Las autoridades del subsector eléctrico están bastante preocupadas porque la resolución de la CC puede causar un daño económico al país y una crisis como la vivida a inicios de la década de 1990, caracterizada por electricidad cara, desabastecimiento, apagones y racionamiento.
Édgar Navarro, presidente del Administrador del Mercado Mayorista (AMM), entidad que entre otras funciones se encarga de la seguridad y abastecimiento de la energía eléctrica en el país, señala que las consecuencias recaerían sobre todos los usuarios y sería un retroceso para Guatemala, que trazó una política de largo plazo para generar más energía limpia y barata.
El entrevistado explica que si las Cortes siguen suspendiendo proyectos hidráulicos, el ajuste tarifario se hará pronto porque se incrementarán los costos de operación y deberá usarse generación proveniente de combustibles, la cual es más cara y contamina el ambiente.
En los últimos diez años el precio de la energía se redujo un 50%, principalmente por el uso de recursos renovables como el agua, pero esta tendencia a la baja podría revertirse en el corto plazo al continuar suspendiendo hidroeléctricas en operación, subraya Navarro.
Aumento generalizado
Del impacto del cierre de las hidroeléctricas nadie escapará. En su factura, los usuarios verán aumentos significativos, el sector productivo perderá competitividad porque subirán sus costos, el fisco dejará de percibir ingresos vía impuestos, algunos bancos afrontarán problemas y las comunidades cercanas a los proyectos de nuevo volverán al abandono y a la falta de oportunidades para desarrollarse.
Por ejemplo, Fernando Quevedo, representante en Guatemala del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), comenta que “siempre hay preocupación cuando temas como la falta de reglamentación del Convenio 169 pueden causar incertidumbres jurídicas”, pues esa entidad tiene créditos por US$84 millones en hidroeléctricas en construcción.
Doce veces más cara
Dejar de usar las hidroeléctricas para la generación de energía generaría problemas económicos y sociales para el país, afirma el titular del Ministerio de Energía y Minas, Luis Chang.
“Si lo que buscamos en el país son precios de energía más barata, tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales. Si queremos que las cosas sean más baratas, ¿cómo nos vamos a oponer al aprovechamiento de los recursos renovables del país?”, afirma Chang.
Anticipa que la eliminación de las hidroeléctricas propiciaría un aumento de hasta 12 veces en la energía, alza en los productos de la canasta básica de alimentos, déficit y desabastecimiento y apagones.
Sumado a ello habría desempleo, y de la mano de ello efectos migratorios. Además, “si sacamos las hidroeléctricas vemos un aumento para 2017 del 88% de las emisiones de gases de efecto invernadero producto del sector energía específicamente.
Un tema de Estado
Respecto al cierre de hidroeléctricas a raíz de resoluciones judiciales señala: “Esto es un planteamiento que se tiene que resolver como Estado, no de un solo poder porque es competencia de los tres, específicamente la reglamentación del Convenio 169 como corresponde. Debe haber un planteamiento conjunto de los tres poderes para construir una reglamentación que nos permita tener reglas específicas para definir el procedimiento de consulta”.
Pero mientras las Cortes de justicia analizan los recursos legales, decenas de guatemaltecos se han quedado sin trabajo, sin el medio para garantizar la alimentación, salud y educación de sus hijos, tal como lo explican los siguientes entrevistados que viven de la fuente de empleo que llevó la hidroeléctrica al área.