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Evidente estrategia jurídica para debilitar la matriz energética

Redacción República
06 de marzo, 2017

Una estrategia jurídica implementada por el Centro de Acción Legal Ambiental -CALAS- pone en riesgo la generación de electricidad en todo el país, aseguraron varias instituciones relacionadas con el sector eléctrico.

En Junio del año pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió de manera provisional, las licencias otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas para alimentar dos hidroeléctricas instaladas en Alta Verapaz con las aguas de los ríos Oxec y Cahabón. También la explotación de oro y plata en la mina La Puya. El argumento fue el mismo en ambos casos: no se consultó a los pueblos indígenas, como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El propio Yuri Melini, titular de la organización ambiental, explicó que la estrategia tiene como propósito fundamental hacer ver las injusticias y la violación al derecho de consulta que las comunidades han padecido históricamente.

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“Creemos como organización que el derecho de consulta de las comunidades se ha violado en múltiples ocasiones y es por ello que estamos implementando esta estrategia jurídica de denuncia para todos los proyectos hidroeléctricos” indicó.

La organización se encuentra en la fase final de la misma y es probable que en los próximos días lancen distintos recursos en el sistema de justicia del país que buscan suspender a las centrales generadoras.

Melini aseguró que se debe revisar de manera urgente, la Ley General de Electricidad y fortalecer el pago de regalías al Estado por el uso del agua nacional.

Daños irreversibles

Estimaciones de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica -CNEE-, dan cuenta que si se suspende la generación de energía por medio de hidroeléctricas el daño sería irreversible para Guatemala, pues se pagarían diariamente Q2.6 millones más. El costo anual de esta eventual suspensión, sería de más de Q968.1 millones al año.

Anayte Guardado, dice que la consulta no es sinónimo de sufragio: “La consulta de la OIT no es lo mismo que una consulta popular. Es un diálogo de buena fe en el que el Estado atiende las necesidades, quejas y temores de las comunidades”

Tanto Melini como Guardado coinciden en que la responsabilidad de consultar a los pueblos indígenas es del Estado y que este debería hacerlo antes de adoptar una medida o autorizar el uso de bienes de dominio público pues esas autorizaciones fueron obtenidas en la legalidad que el marco jurídico nacional proporciona.

Evidente estrategia jurídica para debilitar la matriz energética

Redacción República
06 de marzo, 2017

Una estrategia jurídica implementada por el Centro de Acción Legal Ambiental -CALAS- pone en riesgo la generación de electricidad en todo el país, aseguraron varias instituciones relacionadas con el sector eléctrico.

En Junio del año pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió de manera provisional, las licencias otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas para alimentar dos hidroeléctricas instaladas en Alta Verapaz con las aguas de los ríos Oxec y Cahabón. También la explotación de oro y plata en la mina La Puya. El argumento fue el mismo en ambos casos: no se consultó a los pueblos indígenas, como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El propio Yuri Melini, titular de la organización ambiental, explicó que la estrategia tiene como propósito fundamental hacer ver las injusticias y la violación al derecho de consulta que las comunidades han padecido históricamente.

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“Creemos como organización que el derecho de consulta de las comunidades se ha violado en múltiples ocasiones y es por ello que estamos implementando esta estrategia jurídica de denuncia para todos los proyectos hidroeléctricos” indicó.

La organización se encuentra en la fase final de la misma y es probable que en los próximos días lancen distintos recursos en el sistema de justicia del país que buscan suspender a las centrales generadoras.

Melini aseguró que se debe revisar de manera urgente, la Ley General de Electricidad y fortalecer el pago de regalías al Estado por el uso del agua nacional.

Daños irreversibles

Estimaciones de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica -CNEE-, dan cuenta que si se suspende la generación de energía por medio de hidroeléctricas el daño sería irreversible para Guatemala, pues se pagarían diariamente Q2.6 millones más. El costo anual de esta eventual suspensión, sería de más de Q968.1 millones al año.

Anayte Guardado, dice que la consulta no es sinónimo de sufragio: “La consulta de la OIT no es lo mismo que una consulta popular. Es un diálogo de buena fe en el que el Estado atiende las necesidades, quejas y temores de las comunidades”

Tanto Melini como Guardado coinciden en que la responsabilidad de consultar a los pueblos indígenas es del Estado y que este debería hacerlo antes de adoptar una medida o autorizar el uso de bienes de dominio público pues esas autorizaciones fueron obtenidas en la legalidad que el marco jurídico nacional proporciona.