La corrupción que se ha gestado en gobiernos anteriores no es novedad, aunque los últimos casos tomaron relevancia porque fueron llevados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ante la justicia.

En medio de estos procesos, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ha logrado subsistir con altibajos llevando a cuestas otros procesos de investigación que siguen en curso, como financiamiento ilícito en su campaña electoral y varios casos de corrupción que supuestamente siguen muy de cerca el MP y la CICIG, pero que todavía no ven la luz, pese al tiempo transcurrido de los hechos y, en algunos casos, el más de un año de averiguaciones.

Redes y operadores

La UNE tiene un lazo estrecho con Gustavo Alejos Cámbara, quien fungió como secretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2012). Su caso fue usado como ejemplo por el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, durante la presentación del informe de financiamiento de la política, en julio de 2015.

“El caso de Gustavo Alejos en la UNE: Uno de los casos emblemáticos más recientes en el que el recaudador se enriquece y construye redes es el de Gustavo Alejos. Durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012). Fue nombrado secretario privado de la Presidencia, desde donde logró una importante influencia política y hasta convertirse en facilitador de negocios propios y ajenos. Financista y operador de Colom durante las campañas electorales de 2003 y 2007, influyó en el nombramiento y destitución de funcionarios. Durante este período, las empresas vinculadas con él fueron beneficiadas por contratos públicos, y su hermano y padre, respectivamente, fueron nominados como candidatos a diputados por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Reconoció públicamente que apoyaba con financiamiento a Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE; a Roberto Alejos, de TODOS; y a la GANA”, dice el informe de la CICIG que puede consultarse en el siguiente link: http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=616&cntnt01returnid=67

Gustavo Alejos fue secretario privado del expresidente Álvaro Colom.

Conforme al análisis, Alejos jugó un papel importante desde 2003 siendo financista y operador de Colom, posteriormente fue implicado formalmente en el caso Negociantes de la Salud y en el caso denominado Cooptación del Estado por financiamiento ilícito al Partido Patriota (PP), sin embargo, del caso como financista durante el gobierno de la UNE no se sabe de investigación.

Según el MP, la red se extiende y vincula a Jack Irving Cohen, el mayor accionista de la empresa farmacéutica J.I. Cohen, de la cual Alejos fue socio por más de 15 años. Cohen repitió el patrón y se convirtió en fuente de ingresos para campaña, para luego ser una de las empresas que más se benefició en compra de medicinas una vez llegaron a ocupar el poder la UNE y el PP.

Roberto Alejos, su hermano y principal figura política del partido Todos, simplemente respondió que “Nadie es superior a ley” cuando fue interrogado acerca de la situación legal de su pariente.

 

Sobornos a nivel de continente

El otro caso que pasó de la administración de la UNE a la del PP fue el pago de sobornos de la empresa Odebrecht. El departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer que la constructora Brasileña habría sobornado con US$18 millones a funcionarios para verse beneficiado con proyectos carreteros.

En este caso, varios diputados que conforman la columna vertebral del partido UNE podrían verse involucrados, prueba de ello es la votación que los parlamentarios realizaron para la aprobación de los préstamos por US$399 millones. Carlos Barreda, Orlando Blanco, César Fajardo, Mauro Guzmán, Domingo Trejo (ahora FCN), Julio López y Mario Taracena.

Blanco, Barreda y Taracena, coincidieron que se actuó dentro del margen de la ley y que serán las investigaciones las que determinen las acciones que CICIG y el MP tomarán.

Los acuerdos para la aprobación de los créditos que beneficiaron a la constructora brasileña, se iniciaron en el año 2011, justo meses antes de que Colom entregara el cargo y cuando fungía como Ministro de finanzas Jesús Insúa, quien es señalado en una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC), pues suscribió el memorándum que dio vida al proyecto carretero que comunica Cocales, Suchitepéquez con Tecún Umán, San Marcos.

Según el diario de sesiones del Congreso. se tiene el registro que en el año 2012 el parlamento aprobó los préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), los cuales serían utilizados para el proyecto carretero a cargo de Odebrecht. En ese entonces Roberto Villate, de Libertad Democrática Renovada (LIDER), denunció que cada diputado recibió Q250 mil para el apoyo a los créditos.

UNE y el negocio del Transurbano

La Contraloría tuvo que rendir el informe de auditoría del sistema Transurbano a partir del año 2010 a solicitud de la Fiscalía contra la Corrupción. El ente fiscalizador presentó dos denuncias por inconsistencias en el convenio que fue acordado con la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU).

Durante la verificación se constató que la empresa incumplió con la compra de mil 195 buses y únicamente 495 unidades fueron adquiridas. Otro reparo fue la asignación de subsidio el cual carecía de un minucioso control administrativo.

Fue en 2007 que el entonces presidente de la Comisión de Finanzas, Manuel Baldizón, quien formaba parte de la UNE, presupuestó un aporte de Q200 millones para los buses. Acorde con los registros de los gastos del Estado desde ese año, hasta el 2015 la AEAU recibió Q 2 mil 144 millones por subsidio.

De acuerdo con el MP, la investigación del caso Transurbano es compleja, pero esperan ofrecer resultados pronto, pues en octubre de 2015 se conoció de la pesquisa.

En este caso, la fiscal general, Thelma Aldana, dijo que la investigación está en curso, pero es bastante compleja, pero han avanzado y se espera que pronto tengan evidencias contra los implicados. En este link puede encontrar mayores datos del caso: http://www.republicagt.com/en-profundidad/transurbano-negocio-que-empana-al-partido-que-quiere-volver-a-gobernar/

Primeros en negociar

En el año 2009, el presidente Álvaro Colom inició la negociación con el entonces mandatario de Brasil, Luiz Inácio da Silva, para la adquisición de seis aviones supertucanos con la empresa brasileña Embraer. En 2013, durante la gestión de Otto Pérez Molina, la compra de las aeronaves era casi un hecho, pero no se concretó a raíz de una sobrevaloración de US$ 3 millones en el precio de cada una.

Durante el gobierno de Colom, el entonces viceministro de finanzas, Edgar Hernández, indicó que para financiar la compra de los aviones supertucanos se evaluaría incrementar la tarifa del impuesto de boletos aéreos a US$45, cuando el precio nominal era de US$30, pretendían saldar la deuda en un plazo de 10 años. La información se puede corroborar en el siguiente enlace: https://noticias.terra.com.co/mundo/latinoamerica/guatemala-insiste-en-comprar-aviones-super-tucano-a-brasil,4f31107e6ad0b410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html

La negociación de los aviones brasileños fue iniciada en 2009, durante el gobierno de Álvaro Colom.

Negocios en familia

Uno de los primeros casos que implicó a la familia política del expresidente Colom, fue  investigado por la Fiscalía contra la Corrupción, la cual imputó a Gloria Torres, hermana de Sandra Torres.

Gloria Torres fue una de las fundadoras del partido verde y según los entes de investigación al ser designada como el enlace entre el Ejecutivo y municipalidades, recibió pagos en calidad de soborno a cambio de gestionar la aprobación de préstamos a varias corporaciones municipales.

Otra de los financistas del partido, Obdulio Solórzano Montepeque, quien se presume formaba parte de un grupo una estructura dedicada al narcotráfico, fue cercano Sandra Torres y Álvaro Colom, al punto de ser designado para dirigir Fonapaz.

Investigaciones en curso

Al igual que la negociación de la flotilla de aviones, otros procesos que fueron denunciados por la Contraloría como la adquisición de radares a una empresa española, fue ampliada recientemente.

A partir del acceso y análisis exhaustivo de los doc6umentos de los procesos que involucraron al PP, tanto el MP como la CICIG, confirmaron haber encontrado la ruta de operaciones a partir de 2008, cuando la UNE gobernó y Álvaro Colom tomó posesión como Presidente, casos que pronto podrían poner en aprietos legales a las cabezas más visibles del partido que fundaron Sandra Torres y Álvaro Colom.