Ningún otro Pacto Colectivo en Guatemala es tan beneficioso para un gremio ni tan pernicioso para las finanzas, como el del Congreso de la República. Por ello, la Junta Directiva espera renegociar el convenio para eliminar el oneroso aumento anual del 10 por ciento, el cual cada vez se hace menos sostenible para los recursos del Estado.

El 21 de abril vence el período de vigencia del pacto y abre la posibilidad de negociar uno nuevo. La Junta Directiva presidida por Oscar Chinchilla ya tomó la decisión de denunciarlo para que puedan actualizarlo de manera que los beneficios sean acordes con la situación económica del país. La gestión de Mario Taracena hizo fuertes críticas al pacto, pero sin cambio alguno.

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“La posición de la Junta Directiva es denunciar el pacto y entrar en una negociación con el sindicato mayoritario. Hay varias formas de beneficiar al trabajador, pero creo que el 10 por ciento no es viable en estos momentos por la crisis económica”, explicó el diputado Marvin Orellana, quien integra la junta mixta.

Aunque la fecha es 21 de abril, se debe presentar la denuncia en el Ministerio de Trabajo un mes antes, es decir, el 21 de marzo. “Ya tenemos a varios abogados evaluando la situación”, afirmó el congresista. Esta intención aún no ha sido trasladada al sindicato mayoritario liderado por Alfredo Tumax. “No hemos sido notificados de alguna decisión de Junta Directiva”, confirmó.

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El 10 por ciento de aumento salarial es el primer error que buscan corregir ya que esto causó salarios exorbitantes al punto que la trabajadora mejor remunerada es la Contadora General del Congreso Hilda Roldán con un salario de Q77 mil mensuales. Los diputados saben que la ciudadanía sigue de cerca su actuación y los presionan para corregir el rumbo.

Las malas negociaciones en los pactos colectivos no son nuevos. Entidades como el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), han advertido los riesgos para la finanzas del país.

“Una negociación colectiva irresponsable puede comprometer de manera perpetua los ingresos del Estado y la prestación de servicios de la población”, detalla en su informe denominado “La Amenaza de los Pactos Colectivos en el Sector Público”.

¿Quiénes son los responsables?

En 1999 el entonces presidente del Congreso Leonel López Rodas fue quien suscribió el Pacto Colectivo del Congreso donde se fijó el 10 por ciento de incremento anual.

Aunque el artículo establece que debe calcularse sobre el salario base, las autoridades hicieron caso omiso y empezaron a calcularlo sobre el monto total, causando salarios fuera de la realidad del país. El Congreso se convirtió en el mejor patrono, no se necesitaba más que un diputado apadrinara al trabajador para gozar de una plaza bien remunerada sin importar la capacidad ni el nivel académico.

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Seis años después de la primera negociación, se firmó un nuevo pacto durante la gestión de Jorge Méndez Herbruger, el cual aumentó los beneficios de los trabajadores. Esta fue la última negociación y aunque la vigencia es de tres años, no ha existido voluntad para renegociar, causando que el pacto se mantenga de manera automática.

Ahora que los diputados ya tomaron la decisión es importante resaltar que la tarea no será fácil, ya que para reducir o eliminar el 10 por ciento se debe tener el aval de los trabajadores. ¿Qué dice el sindicato? Tumax adelantó que cuando sean notificados realizarán una asamblea para informar  a los afiliados y discutir los puntos de la negociación.

Acerca del 10 por ciento deja entrever que sería “posible” evaluarlo, aunque no quiso adelantar las propuestas que llevarán a la mesa de negociación.

“No queremos adelantar nada porque debemos discutirlo en la asamblea y no quiero que mis declaraciones sean malinterpretadas”, subrayó.

Alfredo Tumax cumplirá en junio próximo, 31 años de trabajar en el Congreso de la República.

La ruta legal

El abogado Omar Barrios, experto en temas laborales y director del Centro de Estudios de Derecho (CEDE), explica que la única forma de corregir los errores es por medio de nueva negociación. “Negociar un pacto colectivo es una enorme responsabilidad por eso debe evaluarse todo”.

Para el experto, la Procuraduría General de la Nación (PGN) poco puede hacer en esta situación ya que al presentar una denuncia, la cual podría ser porque no se cumplieron con los dictámenes que se requieren para suscribir un pacto, solo lograría que se persiga a las personas que lo suscribieron pero “el pacto seguiría vigente”. Un dato importante es que la responsabilidad civil prescribe en 20 años por lo que en el 2019 López Rodas quedaría exento de cualquier responsabilidad.

Se buscó una entrevista con las autoridades de la PGN, pero no quisieron atender la petición.

En relación con la ruta a seguir, Barrios explica que el primer paso es la denuncia que obliga a “sentarse” a dialogar. Se espera que en esta fase de negociación se acuerde un nuevo Pacto Colectivo. De no ser así, acuden ante el Juez de Trabajo y se conforma un  tribunal de conciliación (conformado por un juez de trabajo,un representante de las organizaciones patronales y sindicales), y ese tribunal escucharía a ambas partes y propondría un acuerdo.

“Lo ideal es lograr los acuerdos en la primera fase”, destaca Barrios. Si en el tribunal de conciliación no se logran acuerdos, el siguiente paso sería un tribunal de arbitraje, el cual se encargaría de declarar si se quedan las condiciones como el 10 por ciento, por ejemplo.

Aunque los trabajadores se han mostrado renuentes a perder el aumento anual, lo cierto es que de mantenerse, en un momento dado no habrá presupuesto que cubrir una planilla desbordada y ello causará una crisis financiera en en Legislativo.