Los hechos trágicos ocurridos el domingo en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones Etapa II, donde murieron dos monitores, representan una nueva advertencia para las autoridades de que estos lugares son una bomba de tiempo.
Las condiciones están dadas pero no se les ha prestado atención en estas instituciones a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.
La última alerta la dio, en octubre del año pasado, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) tras una supervisión al Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres, también conocido como Gorriones; Centro Juvenil de Detención Provisional, Gaviotas; Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones, anexo Gaviotas y Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones etapa II. Las conclusiones están en el Informe Supervisión a los centros juveniles privados de libertad.
Condiciones inhumanas y sin controles
Entre los principales hallazgos de la inspección, en términos generales, se afirma que el personal técnico y profesional es insuficiente; la ventilación en los dormitorios es deficiente, existen agresiones de los monitores con gas pimienta y prohibición de visitas por uno o dos meses.
Sumado a ello las madres adolescentes contaron a la PDH que a sus bebés no les ponían vacunas y se constató que los pequeños tenían alergias en la piel. Además, se quejaron de que el atol y sopa para sus hijos a veces estaba en estado de descomposición.
También se constató que no existían los suficientes controles para garantizar la seguridad de los monitores y de los menores internos.
En este sentido se documentó que de un total de 67 cámaras instaladas en los cuatro centros de detención, en promedio, el 48% funcionaba y la mayoría estaban ubicadas en áreas administrativas, no en puntos estratégicos para el resguardo de la integridad de los adolescentes y monitores.
Elementos antimotines se mantienen en alerta de los sucesos ocurridos en el el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones etapa II, ubicado en San José Pinula.
Hacinamiento y denuncias
En total, en los cuatro lugares, que suman una capacidad de 750 internos, había 1 mil 77 lo que evidenciaba un hacinamiento, en promedio, del 44%.
La PDH también comprobó que la infraestructura no se orienta a generar condiciones apropiadas para los procesos de inserción y reintegración socio-familiar y no obedece a un modelo para garantizar la seguridad tanto del personal de los centros como de los adolescentes.
En los últimos tres años la PDH recibió denuncias de violaciones a los derechos humanos en dichos lugares: 18 en 2014, 23 en 2015 y a septiembre del año pasado iban 7. Estas están relacionadas con agresiones por parte de monitores y entre los privados de libertad; tratos crueles e inhumanos y degradantes.
Oídos sordos
De no solucionarse estos problemas tarde o temprano podría ocurrir una tragedia de grandes dimensiones como la del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y la SBS y el Gobierno no podría argumentar que desconocía lo que está ocurriendo.
Estos centros para menores de edad “son una bomba de tiempo y podrían ser otra crónica de una muerte anunciada. Hay que ponerles atención urgentemente porque puede explotar en cualquier momento y pareciera que no estamos preparados para eso”, afirmó Leonel Dubón, director de la Asociación del Refugio de la Niñez.
Luego enfatizó que “las condiciones de hacinamiento y de violencia entre adultos y niños es más grave todavía” de las que existían en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Hilda Morales, procuradora adjunta de la PDH, afirmó al respecto que “esos centros para adolescentes en conflicto con la ley penal son inadecuados. Tenemos mucho temor que pueda presentarse otra emergencia como la que ocurrió lamentablemente en el Hogar Seguro. Hemos hecho muchas recomendaciones y presentado informes, pero no vemos que haya un cambio”.
El 12 de noviembre del año pasado la PDH solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para la población de esos centros, tanto para su seguridad y vida. La última vez que reiteraron esa solicitud fue el 15 de marzo del 2017.
Los hechos trágicos ocurridos el domingo en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones Etapa II, donde murieron dos monitores, representan una nueva advertencia para las autoridades de que estos lugares son una bomba de tiempo.
Las condiciones están dadas pero no se les ha prestado atención en estas instituciones a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.
La última alerta la dio, en octubre del año pasado, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) tras una supervisión al Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres, también conocido como Gorriones; Centro Juvenil de Detención Provisional, Gaviotas; Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones, anexo Gaviotas y Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones etapa II. Las conclusiones están en el Informe Supervisión a los centros juveniles privados de libertad.
Condiciones inhumanas y sin controles
Entre los principales hallazgos de la inspección, en términos generales, se afirma que el personal técnico y profesional es insuficiente; la ventilación en los dormitorios es deficiente, existen agresiones de los monitores con gas pimienta y prohibición de visitas por uno o dos meses.
Sumado a ello las madres adolescentes contaron a la PDH que a sus bebés no les ponían vacunas y se constató que los pequeños tenían alergias en la piel. Además, se quejaron de que el atol y sopa para sus hijos a veces estaba en estado de descomposición.
También se constató que no existían los suficientes controles para garantizar la seguridad de los monitores y de los menores internos.
En este sentido se documentó que de un total de 67 cámaras instaladas en los cuatro centros de detención, en promedio, el 48% funcionaba y la mayoría estaban ubicadas en áreas administrativas, no en puntos estratégicos para el resguardo de la integridad de los adolescentes y monitores.
Elementos antimotines se mantienen en alerta de los sucesos ocurridos en el el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones etapa II, ubicado en San José Pinula.
Hacinamiento y denuncias
En total, en los cuatro lugares, que suman una capacidad de 750 internos, había 1 mil 77 lo que evidenciaba un hacinamiento, en promedio, del 44%.
La PDH también comprobó que la infraestructura no se orienta a generar condiciones apropiadas para los procesos de inserción y reintegración socio-familiar y no obedece a un modelo para garantizar la seguridad tanto del personal de los centros como de los adolescentes.
En los últimos tres años la PDH recibió denuncias de violaciones a los derechos humanos en dichos lugares: 18 en 2014, 23 en 2015 y a septiembre del año pasado iban 7. Estas están relacionadas con agresiones por parte de monitores y entre los privados de libertad; tratos crueles e inhumanos y degradantes.
Oídos sordos
De no solucionarse estos problemas tarde o temprano podría ocurrir una tragedia de grandes dimensiones como la del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y la SBS y el Gobierno no podría argumentar que desconocía lo que está ocurriendo.
Estos centros para menores de edad “son una bomba de tiempo y podrían ser otra crónica de una muerte anunciada. Hay que ponerles atención urgentemente porque puede explotar en cualquier momento y pareciera que no estamos preparados para eso”, afirmó Leonel Dubón, director de la Asociación del Refugio de la Niñez.
Luego enfatizó que “las condiciones de hacinamiento y de violencia entre adultos y niños es más grave todavía” de las que existían en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Hilda Morales, procuradora adjunta de la PDH, afirmó al respecto que “esos centros para adolescentes en conflicto con la ley penal son inadecuados. Tenemos mucho temor que pueda presentarse otra emergencia como la que ocurrió lamentablemente en el Hogar Seguro. Hemos hecho muchas recomendaciones y presentado informes, pero no vemos que haya un cambio”.
El 12 de noviembre del año pasado la PDH solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para la población de esos centros, tanto para su seguridad y vida. La última vez que reiteraron esa solicitud fue el 15 de marzo del 2017.