La población bajo resguardo del Estado es cuatro veces superior a la que vive en el municipio de San José del Golfo (6,057, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística), del departamento de Guatemala, u ocho veces más de la que habita en el municipio de Santa María Visitación (2,868), en Sololá.
Hasta la fecha están recluidas en las 21 cárceles del Sistema Penitenciario (SP), en las cárceles públicas de la Policía Nacional Civil (PNC), en los cuatro centros de privación de libertad para menores de edad y los cuatro Hogares Seguros a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), y en el Hospital de Salud Mental Federico Mora, un total de 24 mil 670 guatemaltecos.
La mayoría bajo tutela del Estado son varones. Del tal cuenta que el 90% son hombres y el 10% mujeres. El cálculo no incluye al hospital Federico Mora ya que no se logró determinar cuántos de los 334 pacientes, son mujeres. Aunque el porcentaje no variaría significativamente.
Mayoría en cárceles
La mayoría de los guatemaltecos bajo resguardo del Estado, el 98% (24,127), está en centros de privación de libertad ya sea para adultos o menores de edad. Ahí están recluidos en condiciones de hacinamiento.
Por ejemplo, las 21 cárceles del SP tienen una capacidad para 6 mil 809 reos, pero tienen, en promedio, una sobrepoblación del 215%. En tanto que en los cuatro centros juveniles de privación de libertad, a cargo de la SBS, la capacidad es para 750 y el hacinamiento es, en promedio, del 37.6%.
El total de privados de libertad es similar a la población que vive en el municipio de Acatenango, en Chimaltenango, y que según proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), asciende a 24 mil 310.
Pero debería ser más. “A pesar de contar con altos índices de criminalidad y ubicarse entre los primeros diez países de mayor violencia homicida a nivel mundial, Guatemala es el tercer país con la menor tasa de privados de libertad en América, solo después de Canadá y Bolivia”, refiere una investigación del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), que da cuenta que la tasa más alta la tiene Estados Unidos con (693); en tanto que la de Guatemala es de 126.
Presidios tiene el mayor peso presupuestario
El presupuesto destinado para la operación de las entidades estatales encargadas del resguardo de los guatemaltecos es, paradójicamente, mucho y nada a la vez. En términos generales el dinero destinado para todas las entidades ya mencionadas asciende este año a Q876.4 millones, según el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin).
De ese total, el 86% (Q754.4 millones) corresponde al SP y las cuatro correccionales para menores de edad. Los recursos económicos asignados, sin embargo, solo alcanzan para funcionamiento, pero no para invertir en la mejora de infraestructura que permita condiciones de encierro más dignas y seguras tanto para los internos, como para el personal que trabaja en las instituciones estatales.
“Lo preocupante es que a pesar de que la tasa de encarcelamiento es baja, las instalaciones del Sistema Penitenciario ya están totalmente colapsadas. Como resultado de eso hay cárceles que están funcionando tres veces o siete veces arriba de su capacidad, con un hacinamiento muy fuerte”, afirma Corinne Dedik, experta del CIEN en temas penitenciarios.
Agregó que “derivado de ello, las cárceles están muy desordenadas porque el hacinamiento dificulta una adecuada supervisión, se opera con un déficit de personal en cantidad y calidad porque muchos de los agentes penitenciarios no son capacitados continuamente. Y la presencia adentro del recinto carcelario es muy limitada y eso conlleva a que se creen espacios desordenados donde los reclusos imponen sus reglas y se cometen ilícitos. Al final el propósito del Sistema Penitenciario, que es la rehabilitación no se puede llevar a cabo porque hay sobrepoblación y escases de servicios”.
Carlos Menocal, exministro de Gobernación, también coincide con ello. “Hay una sobrepoblación que habita en las estructuras donde el Estado tiene tutela. Esto tiene un contraste, mientras sigue creciendo la población la infraestructura penitenciaria, carcelaria y de hogares de protección se detuvo. Y es que tiene un pecado original, en el presupuesto del Estado que aprueba el Congreso, nunca se le da una asignación adicional al tema, siempre se le da lo que necesita”.
“Al Sistema Penitenciario siempre se le asignan entre Q500 y Q600 millones. Cualquiera puede decir que es una gran cantidad, pero cuando se desglosa el presupuesto el 80% es para funcionamiento y el gran porcentaje es para alimentos; entonces, hay apenas un 3% para infraestructura, básicamente no es nada”, enfatizó el funcionario.
Los mayores gastos
Los dos mayores gastos, en términos generales, son para pago de empleados y la compra de alimentos para personal de cada una de las instituciones y de los recluidos.
La erogación prevista para este año solo en el renglón 011, personal permanente, es de Q140.3 millones e incluye el aguinaldo y Bono 14. El 86% del total corresponde al SP y los centros de privación de libertad de menores.
Mientras que lo destinado para alimentos de personas, en términos generales, es de Q192.3 millones, cifra superior a lo destinado al Ministerio de Ambiente (Q171.9 millones). Nuevamente el mayor desembolso corresponde al SP y los centros de privación para menores: 91%.
Los siguientes datos solo incluyen a la población en prisión preventiva o en cumplimiento de condena, es decir, que están privados de su libertad.
La población bajo resguardo del Estado es cuatro veces superior a la que vive en el municipio de San José del Golfo (6,057, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística), del departamento de Guatemala, u ocho veces más de la que habita en el municipio de Santa María Visitación (2,868), en Sololá.
Hasta la fecha están recluidas en las 21 cárceles del Sistema Penitenciario (SP), en las cárceles públicas de la Policía Nacional Civil (PNC), en los cuatro centros de privación de libertad para menores de edad y los cuatro Hogares Seguros a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), y en el Hospital de Salud Mental Federico Mora, un total de 24 mil 670 guatemaltecos.
La mayoría bajo tutela del Estado son varones. Del tal cuenta que el 90% son hombres y el 10% mujeres. El cálculo no incluye al hospital Federico Mora ya que no se logró determinar cuántos de los 334 pacientes, son mujeres. Aunque el porcentaje no variaría significativamente.
Mayoría en cárceles
La mayoría de los guatemaltecos bajo resguardo del Estado, el 98% (24,127), está en centros de privación de libertad ya sea para adultos o menores de edad. Ahí están recluidos en condiciones de hacinamiento.
Por ejemplo, las 21 cárceles del SP tienen una capacidad para 6 mil 809 reos, pero tienen, en promedio, una sobrepoblación del 215%. En tanto que en los cuatro centros juveniles de privación de libertad, a cargo de la SBS, la capacidad es para 750 y el hacinamiento es, en promedio, del 37.6%.
El total de privados de libertad es similar a la población que vive en el municipio de Acatenango, en Chimaltenango, y que según proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), asciende a 24 mil 310.
Pero debería ser más. “A pesar de contar con altos índices de criminalidad y ubicarse entre los primeros diez países de mayor violencia homicida a nivel mundial, Guatemala es el tercer país con la menor tasa de privados de libertad en América, solo después de Canadá y Bolivia”, refiere una investigación del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), que da cuenta que la tasa más alta la tiene Estados Unidos con (693); en tanto que la de Guatemala es de 126.
Presidios tiene el mayor peso presupuestario
El presupuesto destinado para la operación de las entidades estatales encargadas del resguardo de los guatemaltecos es, paradójicamente, mucho y nada a la vez. En términos generales el dinero destinado para todas las entidades ya mencionadas asciende este año a Q876.4 millones, según el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin).
De ese total, el 86% (Q754.4 millones) corresponde al SP y las cuatro correccionales para menores de edad. Los recursos económicos asignados, sin embargo, solo alcanzan para funcionamiento, pero no para invertir en la mejora de infraestructura que permita condiciones de encierro más dignas y seguras tanto para los internos, como para el personal que trabaja en las instituciones estatales.
“Lo preocupante es que a pesar de que la tasa de encarcelamiento es baja, las instalaciones del Sistema Penitenciario ya están totalmente colapsadas. Como resultado de eso hay cárceles que están funcionando tres veces o siete veces arriba de su capacidad, con un hacinamiento muy fuerte”, afirma Corinne Dedik, experta del CIEN en temas penitenciarios.
Agregó que “derivado de ello, las cárceles están muy desordenadas porque el hacinamiento dificulta una adecuada supervisión, se opera con un déficit de personal en cantidad y calidad porque muchos de los agentes penitenciarios no son capacitados continuamente. Y la presencia adentro del recinto carcelario es muy limitada y eso conlleva a que se creen espacios desordenados donde los reclusos imponen sus reglas y se cometen ilícitos. Al final el propósito del Sistema Penitenciario, que es la rehabilitación no se puede llevar a cabo porque hay sobrepoblación y escases de servicios”.
Carlos Menocal, exministro de Gobernación, también coincide con ello. “Hay una sobrepoblación que habita en las estructuras donde el Estado tiene tutela. Esto tiene un contraste, mientras sigue creciendo la población la infraestructura penitenciaria, carcelaria y de hogares de protección se detuvo. Y es que tiene un pecado original, en el presupuesto del Estado que aprueba el Congreso, nunca se le da una asignación adicional al tema, siempre se le da lo que necesita”.
“Al Sistema Penitenciario siempre se le asignan entre Q500 y Q600 millones. Cualquiera puede decir que es una gran cantidad, pero cuando se desglosa el presupuesto el 80% es para funcionamiento y el gran porcentaje es para alimentos; entonces, hay apenas un 3% para infraestructura, básicamente no es nada”, enfatizó el funcionario.
Los mayores gastos
Los dos mayores gastos, en términos generales, son para pago de empleados y la compra de alimentos para personal de cada una de las instituciones y de los recluidos.
La erogación prevista para este año solo en el renglón 011, personal permanente, es de Q140.3 millones e incluye el aguinaldo y Bono 14. El 86% del total corresponde al SP y los centros de privación de libertad de menores.
Mientras que lo destinado para alimentos de personas, en términos generales, es de Q192.3 millones, cifra superior a lo destinado al Ministerio de Ambiente (Q171.9 millones). Nuevamente el mayor desembolso corresponde al SP y los centros de privación para menores: 91%.
Los siguientes datos solo incluyen a la población en prisión preventiva o en cumplimiento de condena, es decir, que están privados de su libertad.