Un segundo aspecto y probablemente el más polémico que ha aquejado a la CICIG es la necesidad de emplear una estrategia política para alcanzar esta legitimidad. Como expliqué con anterioridad el primer factor que influye en la decisión de investigar determinadas estructuras y otras no, radica en la demanda por parte de organizaciones que se puede observar de forma clara. Sin embargo existe otra que no es tan fácil de ver a simple vista. Al adentrarse dentro de este juego político de legitimación, la Comisión ha visto la necesidad de aliarse de manera coyuntural con aquellos actores que facilitan la persecución de sus fines. Las primeras alianzas que ha hecho han sido visibles y poco criticadas. Obviamente por la naturaleza de su trabajo es necesario que MP y CICIG estén en cierta sincronía en sus investigaciones y objetivos, cosa que se ha visto reflejada desde un principio en el mandato de Iván Velásquez. Sin embargo curiosamente introdujeron un tercer actor que pareciera estar de más: el Procurador de Derechos Humanos. Digo curioso porque aunque la labor del Procurador podría estar íntimamente ligada a la existencia de la CICIG a la hora de desmantelar las grandes y poderosas estructuras de trata de personas, migración ilegal, prostitución, adopciones ilegales, maras e incluso las redes en las cárceles estos temas no han sido tocados por la CICIG. Dejando a un lado este incidente que alguna razón tendrá, la alianza política más clara que ha realizado la Comisión producto de su tercera función dentro de su mandato ya sea explícita o implícitamente es con el partido UNE. Al recomendar políticas públicas, en este caso una reforma constitucional, la CICIG ha ido más allá que dejarla en una simple recomendación. La Comisión ha tomado un rol activo en la formulación y en la aprobación de la misma siendo sus constantes presencias en el Congreso la muestra objetiva de esto, incluso si podría poner en riesgo o en duda la independencia de las instituciones. Sin embargo se podría argumentar que esta alianza que menciono es puramente especulación. A esto quisiera responder con el mismo argumento que he mencionado a lo largo de esta columna. La CICIG tiene que ordenar sus preferencias, es decir, darle prioridad a ciertas investigaciones que a otras. Esto sumado a que la UNE ha mostrado un fuerte apoyo a los propuestas de la CICIG convierten a este partido en un mero instrumento coyuntural. Por eso, no es casualidad que la bancada UNE y el gobierno de Álvaro Colom sean los menos investigados. Dentro del orden de preferencias de investigación de CICIG existen otros temas prioritarios que ocupan la agenda de esta Comisión y de la Fiscalía, sin embargo esto no significa que eventualmente el partido UNE no vaya a ser investigado ya que cuando cambie la coyuntura, la demanda por las investigaciones de este partido y de su gobierno crecerán y se verán en la obligaciones de responder las demandas con investigaciones para continuar con su proceso de legitimación. Podemos esperar, por lo tanto, que la comisión siga utilizando actores políticos a su conveniencia, amistando a unos y enemistando a otros según los objetivos que tenga en determinado momento.

Un último pero no menos importante aspecto es la proyección que hace la CICIG ante la comunidad internacional: ante los que le debe la vida, el dinero y la reputación. Esta comisión, como cualquier organización a la cual no se le adjudica recursos en base a mecanismos de mercado de oferta y demanda, compite de manera subjetiva ante otras organizaciones por justificar su existencia y por obtener la mayor cantidad de recursos. Esto significa que la CICIG tiene que proyectar constantemente ante la comunidad internacional que Guatemala tiene un grave problema de corrupción que afecta los intereses de la misma, incluso si para ello sea necesario magnificar el impacto de las investigaciones (implicando a la mayor cantidad de personas por ejemplo). Por eso, al no tener un objetivo claro en base a indicadores que midan la necesidad de esta organización en el país, es lógico que la CICIG se beneficie de una eterna percepción de corrupción para seguir justificando su mandato ante la ONU. Sin embargo esto no se queda en un mero intento de supervivencia. Como cualquier buró que recibe fondos de una organización más grande, la comisión intentará maximizar su presupuesto para así mejorar sus salarios y su poder.2 La CICIG, una vez justificada su existencia, intentará incrementar su burocracia para mejorar las condiciones económicas de sus trabajadores así como también para incrementar su poder al tener más recursos para realizar más investigaciones. Esto tendría impacto a nivel nacional e internacional. Desde un panorama internacional repercutiría en la reputación de la comisión, al ver que posee bastantes recursos, implicaría una gran importancia de la misma. Así mismo estos recursos nunca serán suficientes para erradicar la corrupción, por lo que solo pueden esperar que su presupuesto crezca a medida que la percepción de la necesidad de la misma crezca a nivel internacional. Con respecto al impacto para la nación podemos esperar que la presencia de la CICIG incremente considerablemente a lo largo del tiempo. Esto implica que la comisión podría incrementar exponencialmente su burocracia y sus investigaciones, poniendo en peligro la competencia exclusiva del Ministerio Público de ser el ente que garantice el estricto cumplimiento de la ley. Muestra de este desplazamiento de la CICIG hacia el MP es la encuesta realizada por Prensa Libre en 2015 que posicionaba a la primera como la institución más confiable del país y en donde la segunda ni siquiera figuraba dentro de las opciones.3 La comisión se ve envuelta en un nuevo dilema en donde por un lado tiene la función de fortalecer las instituciones existentes y proponer las políticas públicas necesarias para erradicar las estructuras de corrupción pero por otro esto significaría cavar su propia tumba al ya no ser necesaria para alcanzar esos objetivos. 

Es necesario que rompamos con esa visión romántica de la CICIG de creer que será esa organización que nos libre de la corrupción sin pensar en sus intereses propios. Esta comisión cumple con todos esos preceptos de agente racional que velará por su supervivencia, por incrementar sus recursos y por ubicar estos recursos de la mejor manera posible para alcanzar sus fines. Por eso mismo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no es más que una organización que vive en constante temor, cada dos años, que su mandato no vaya a ser renovado, una organización que responde ante los incentivos de legitimación que el status quo impone y un agente que tiene que jugar a la política dentro de las reglas normativas y pragmáticas como un actor más dentro de la política del país.  

Fuentes:

1.    http://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/acuerdo_creacion_cicig.pdf

2.    Niskanen, W. A. (1996). Bureaucracy and Public Economics. Massachusetts : Edward Elgar Pub.

3.    http://www.prensalibre.com/guatemala/decision-libre-2015/cicig-se-gana-confianza-y-aprobacion-de-los-guatemaltecos

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