De lejos los diputados Arístides Crespo y Christian Boussinot ven cómo uno a uno caen sus colegas, quienes son sentados frente a un juez y acusados de corrupción. Hasta el momento, a pesar de existir procesos de antejuicio en su contra desde hace casi diez y nueve meses, el brazo de la justicia aún no los alcanza.
El 31 de mayo ingresó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la solicitud para que se le retirara la inmunidad a Crespo a quién se le señala de supuestamente haberse beneficiado con plazas fantasmas en el Congreso de la República. Cuando ocurrieron los hechos el parlamentario integraba las filas del Partido Patriota (PP) y era el presidente del Legislativo y cuando se emitió la solicitud de antejuicio formaba parte del Movimiento Reformador (MR).
En el caso de Boussinot, de TODOS, el 23 de junio del año pasado ingresó en la CSJ la solicitud de antejuicio, por existir indicios que apuntan a que exigía dinero a empleados del Legislativo, a quienes habría pedido que se contrataran. Además, les asignaba tareas particulares y en sus empresas. Se le acusa de los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.
Pero el proceso para quitarles la inmunidad ha avanzado poco en ese tiempo. En la actualidad los expedientes están con el juez pesquisidor asignado a cada caso: el de Crespo con el Vocal Segundo de la Sala IV de Apelaciones, Jorge Antonio Valladares y el de Boussinot con la Juez Vocal Uno de la Sala I de Apelaciones, Aura Marina Mancilla.
La estrategia
La Ley en Materia de Antejuicio estable que el juez pesquisidor deberá “analizar documentos que se le presenten para establecer la veracidad de los hechos, tomará declaración al denunciante y al funcionario público afectado y cuánta diligencia estime pertinente. Si de los hechos denunciados existen motivos suficientes para declarar con lugar a la formación de causa, deberá emitirse el informe correspondiente” el cual deberá ser “dentro de un plazo no mayor a 60 días”.
Pero eso no ha ocurrido en diez y nueve meses. ¿Cómo han logrado los dos diputados evitar ello? Con la interposición constante de recursos legales para empantanar el proceso. Quien más ha abusado de esos recursos es Crespo.
El exdiputado del PP y ahora del MR presentó el 16 de junio un recurso de reposición ante la CSJ, el 19 de julio un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el 19 de septiembre recusó al Juez Pesquisidor y el 10 de noviembre presentó otro amparo ante la CC. Todos fueron rechazados, en su momento, ya sea por la CSJ o la CC.
El caso de Boussinot es similar. El 1 de agosto presentó un amparo ante la CC, el 10 de noviembre recusó al Juez Pesquisidor y el 5 de enero de 2017 presentó un amparo ante la CC. Igual como ocurrió con Crespo, todos los recursos legales han sido rechazados.
A pesar de ello todo parece indicar que los parlamentarios tienen sus días de impunidad contados y solo es cuestión de tiempo para que, tal y como ha ocurrido con sus colegas, sean capturados y presentados ante un juez para que respondan por denuncias de corrupción en su contra.
De lejos los diputados Arístides Crespo y Christian Boussinot ven cómo uno a uno caen sus colegas, quienes son sentados frente a un juez y acusados de corrupción. Hasta el momento, a pesar de existir procesos de antejuicio en su contra desde hace casi diez y nueve meses, el brazo de la justicia aún no los alcanza.
El 31 de mayo ingresó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la solicitud para que se le retirara la inmunidad a Crespo a quién se le señala de supuestamente haberse beneficiado con plazas fantasmas en el Congreso de la República. Cuando ocurrieron los hechos el parlamentario integraba las filas del Partido Patriota (PP) y era el presidente del Legislativo y cuando se emitió la solicitud de antejuicio formaba parte del Movimiento Reformador (MR).
En el caso de Boussinot, de TODOS, el 23 de junio del año pasado ingresó en la CSJ la solicitud de antejuicio, por existir indicios que apuntan a que exigía dinero a empleados del Legislativo, a quienes habría pedido que se contrataran. Además, les asignaba tareas particulares y en sus empresas. Se le acusa de los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.
Pero el proceso para quitarles la inmunidad ha avanzado poco en ese tiempo. En la actualidad los expedientes están con el juez pesquisidor asignado a cada caso: el de Crespo con el Vocal Segundo de la Sala IV de Apelaciones, Jorge Antonio Valladares y el de Boussinot con la Juez Vocal Uno de la Sala I de Apelaciones, Aura Marina Mancilla.
La estrategia
La Ley en Materia de Antejuicio estable que el juez pesquisidor deberá “analizar documentos que se le presenten para establecer la veracidad de los hechos, tomará declaración al denunciante y al funcionario público afectado y cuánta diligencia estime pertinente. Si de los hechos denunciados existen motivos suficientes para declarar con lugar a la formación de causa, deberá emitirse el informe correspondiente” el cual deberá ser “dentro de un plazo no mayor a 60 días”.
Pero eso no ha ocurrido en diez y nueve meses. ¿Cómo han logrado los dos diputados evitar ello? Con la interposición constante de recursos legales para empantanar el proceso. Quien más ha abusado de esos recursos es Crespo.
El exdiputado del PP y ahora del MR presentó el 16 de junio un recurso de reposición ante la CSJ, el 19 de julio un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el 19 de septiembre recusó al Juez Pesquisidor y el 10 de noviembre presentó otro amparo ante la CC. Todos fueron rechazados, en su momento, ya sea por la CSJ o la CC.
El caso de Boussinot es similar. El 1 de agosto presentó un amparo ante la CC, el 10 de noviembre recusó al Juez Pesquisidor y el 5 de enero de 2017 presentó un amparo ante la CC. Igual como ocurrió con Crespo, todos los recursos legales han sido rechazados.
A pesar de ello todo parece indicar que los parlamentarios tienen sus días de impunidad contados y solo es cuestión de tiempo para que, tal y como ha ocurrido con sus colegas, sean capturados y presentados ante un juez para que respondan por denuncias de corrupción en su contra.