La oportunidad de salir de pactos colectivos lesivos para el Estado – que incluyen a sindicalistas entre los chupasangres de los recursos del Estado – igual que los corruptos
Desde hace varios años hemos visto como los pactos colectivos en diversas instituciones del Estado han venido a ser un verdadero lastre, una carga insoportable para el Estado de Guatemala: son onerosos, abusivos y ofensivos. A través de los años, los resultados de dichos pactos nos debieran hacer reflexionar y voltear la mirada para corregir esas malas prácticas.
Los sindicatos, y sus líderes han firmado estos acuerdos con las distintas instituciones del gobierno y terminan desacreditados por la cooptación de los recursos de las mismas instituciones. También por realizar paros y no cumplir con sus obligaciones de atender a las necesidades de la población y así violentar los derechos de toda la ciudadanía y habitantes del país.
Por el otro lado, resulta increíble pensar que haya habido algún funcionario público que los haya firmado. Tal imprudencia, equivocación, falta de observar consecuencias en el futuro nos lleva hasta el punto de pensar que hubo colusión, confabulación, complicidad, intento de ocultar algo, de dejar pasar otras cosas, algún tipo de corrupción. Por supuesto que los funcionarios que han firmado dichos pactos colectivos deben ser investigados por la firma de esos pactos imposibles de cumplir en el largo plazo, no pueden desligar su responsabilidad.
Es imposible creer que haya habido funcionarios que no pudieran ver las consecuencias de firmar dichos pactos en el largo plazo. ¿Cómo se puede pagar incrementos del 10% anual por ley a los trabajadores del Estado, si éste no genera riqueza? (Y aunque la generara, es casi imposible pensar en cualquier tipo de institución o empresa que pueda dar incrementos a sus trabajadores del 10% anual.) Todo el asunto, aparte de oscuro, apesta… Nos hace pensar que algunos funcionarios, con el ánimo de obtener apoyo de sindicalistas, por congraciarse con algún sector o por pactar con ellos comisiones en lo personal, por la misma práctica abusiva de incrementarle el salario a empleados públicos que muchas veces le reportan al funcionario y éste les cobra comisión por el trabajo.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y la ministra Dra. Lucrecia Hernández Mack, han iniciado un cambio importante en muchas de las dependencias del mismo, así como la revisión del controvertido pacto colectivo. Se ha logrado progreso en el abastecimiento de medicamentos y material médico quirúrgico, se ha pagado a los proveedores a tiempo y la mora a quienes se les debía – lo que es elemental para lograr el abastecimiento de todo medicamento y material por parte de los proveedores. Además, ha sido una administración que ha abierto la mentalidad a nuevas y buenas ideas, provengan de donde vengan.
En el Congreso, pese a que el expresidente del Congreso, el diputado Mario Taracena Díaz-Sol, haya tenido antes de su paso por la presidencia un comportamiento no ejemplar, durante su estadía en ella eliminó varios de los privilegios de los empleados del Organismo Legislativo, eliminó plazas, combatió de frente algunas de esas malas prácticas, aunque quedó pendiente el tema del pacto colectivo.
En el magisterio público nacional, es decir, en el Ministerio de la Educación, pese a los intentos de varios de los ministros, empezando por la ministra María del Carmen Aceña, no ha logrado revisar esos pactos, que enriquecen a pocos, sobre todo a los líderes sindicales y a sus abogados asesores.
Para empezar a revisar los pactos colectivos debemos tener en mente los principios fundamentales: 1. De la existencia de estas instituciones: El Ministerio de Educación existe para dar educación a los niños y adolescentes de nuestro país, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social existe para dar salud a los ciudadanos y habitantes de nuestro país, el Organismo Legislativo existe para legislar, fiscalizar los actos del Ejecutivo y otras funciones. ¡En ningún caso, en absolutamente ninguno, fueron diseñados para dar prebendas ilimitadas a sus empleados! 2. El gobierno – que comúnmente llamamos Estado – no produce riqueza, solo gasta el dinero que recibe de los contribuyentes actuales, del ahorro de las contribuciones pasadas (de contribuyentes) o de las contribuciones futuros de futuros contribuyentes (préstamos). 3. Las necesidades de cualquier trabajador, en cualquier empleo es ilimitada, y en el Estado o gobierno nunca pondrá los verdaderos objetivos de la institución de por medio. 4. Los funcionarios del gobierno que no sean responsables legal y penalmente de lo que firmen, sobre todo de compromisos monetarios, no son incentivados a no firmar esos pactos colectivos, pues no es su dinero, y no firmarlos es un riesgo a no lograr ninguno de sus objetivos.
Aparte del debate de la existencia de los sindicatos en el Estado, que debe hacerse únicamente a luz de los resultados de este experimento iniciado en nuestra Constitución de 1985, se debe regular la forma en la que estos pactos colectivos son firmados y aprobados. En este momento en que se renegociarán los asquerosos pactos colectivos actuales esto es esencial, y apoyamos el esfuerzo de los funcionarios que van a revisarlos de manera profunda. No se le puede dar tanto poder a un solo funcionario. El incumplido requisito de llevar a la Procuraduría General de la Nación (PGN) es insuficiente. La aprobación de cualquier pacto colectivo, que conlleve compromisos financieros presentes y futuros, o cualquier aumento salarial, debe ser más difícil de aprobar. El dinero de los contribuyentes debe ser cuidado de la forma más responsable posible y por ello, su asignación, cual elección de magistrados, u otro similar, debe ir por comisiones especiales, aprobación del Consejo de Ministros y del Legislativo, previos dictámenes legales y de presupuesto. Además, debe ligarse su responsabilidad al patrimonio individual de los firmantes.
Twitter: @josekrlos
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
La oportunidad de salir de pactos colectivos lesivos para el Estado – que incluyen a sindicalistas entre los chupasangres de los recursos del Estado – igual que los corruptos
Desde hace varios años hemos visto como los pactos colectivos en diversas instituciones del Estado han venido a ser un verdadero lastre, una carga insoportable para el Estado de Guatemala: son onerosos, abusivos y ofensivos. A través de los años, los resultados de dichos pactos nos debieran hacer reflexionar y voltear la mirada para corregir esas malas prácticas.
Los sindicatos, y sus líderes han firmado estos acuerdos con las distintas instituciones del gobierno y terminan desacreditados por la cooptación de los recursos de las mismas instituciones. También por realizar paros y no cumplir con sus obligaciones de atender a las necesidades de la población y así violentar los derechos de toda la ciudadanía y habitantes del país.
Por el otro lado, resulta increíble pensar que haya habido algún funcionario público que los haya firmado. Tal imprudencia, equivocación, falta de observar consecuencias en el futuro nos lleva hasta el punto de pensar que hubo colusión, confabulación, complicidad, intento de ocultar algo, de dejar pasar otras cosas, algún tipo de corrupción. Por supuesto que los funcionarios que han firmado dichos pactos colectivos deben ser investigados por la firma de esos pactos imposibles de cumplir en el largo plazo, no pueden desligar su responsabilidad.
Es imposible creer que haya habido funcionarios que no pudieran ver las consecuencias de firmar dichos pactos en el largo plazo. ¿Cómo se puede pagar incrementos del 10% anual por ley a los trabajadores del Estado, si éste no genera riqueza? (Y aunque la generara, es casi imposible pensar en cualquier tipo de institución o empresa que pueda dar incrementos a sus trabajadores del 10% anual.) Todo el asunto, aparte de oscuro, apesta… Nos hace pensar que algunos funcionarios, con el ánimo de obtener apoyo de sindicalistas, por congraciarse con algún sector o por pactar con ellos comisiones en lo personal, por la misma práctica abusiva de incrementarle el salario a empleados públicos que muchas veces le reportan al funcionario y éste les cobra comisión por el trabajo.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y la ministra Dra. Lucrecia Hernández Mack, han iniciado un cambio importante en muchas de las dependencias del mismo, así como la revisión del controvertido pacto colectivo. Se ha logrado progreso en el abastecimiento de medicamentos y material médico quirúrgico, se ha pagado a los proveedores a tiempo y la mora a quienes se les debía – lo que es elemental para lograr el abastecimiento de todo medicamento y material por parte de los proveedores. Además, ha sido una administración que ha abierto la mentalidad a nuevas y buenas ideas, provengan de donde vengan.
En el Congreso, pese a que el expresidente del Congreso, el diputado Mario Taracena Díaz-Sol, haya tenido antes de su paso por la presidencia un comportamiento no ejemplar, durante su estadía en ella eliminó varios de los privilegios de los empleados del Organismo Legislativo, eliminó plazas, combatió de frente algunas de esas malas prácticas, aunque quedó pendiente el tema del pacto colectivo.
En el magisterio público nacional, es decir, en el Ministerio de la Educación, pese a los intentos de varios de los ministros, empezando por la ministra María del Carmen Aceña, no ha logrado revisar esos pactos, que enriquecen a pocos, sobre todo a los líderes sindicales y a sus abogados asesores.
Para empezar a revisar los pactos colectivos debemos tener en mente los principios fundamentales: 1. De la existencia de estas instituciones: El Ministerio de Educación existe para dar educación a los niños y adolescentes de nuestro país, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social existe para dar salud a los ciudadanos y habitantes de nuestro país, el Organismo Legislativo existe para legislar, fiscalizar los actos del Ejecutivo y otras funciones. ¡En ningún caso, en absolutamente ninguno, fueron diseñados para dar prebendas ilimitadas a sus empleados! 2. El gobierno – que comúnmente llamamos Estado – no produce riqueza, solo gasta el dinero que recibe de los contribuyentes actuales, del ahorro de las contribuciones pasadas (de contribuyentes) o de las contribuciones futuros de futuros contribuyentes (préstamos). 3. Las necesidades de cualquier trabajador, en cualquier empleo es ilimitada, y en el Estado o gobierno nunca pondrá los verdaderos objetivos de la institución de por medio. 4. Los funcionarios del gobierno que no sean responsables legal y penalmente de lo que firmen, sobre todo de compromisos monetarios, no son incentivados a no firmar esos pactos colectivos, pues no es su dinero, y no firmarlos es un riesgo a no lograr ninguno de sus objetivos.
Aparte del debate de la existencia de los sindicatos en el Estado, que debe hacerse únicamente a luz de los resultados de este experimento iniciado en nuestra Constitución de 1985, se debe regular la forma en la que estos pactos colectivos son firmados y aprobados. En este momento en que se renegociarán los asquerosos pactos colectivos actuales esto es esencial, y apoyamos el esfuerzo de los funcionarios que van a revisarlos de manera profunda. No se le puede dar tanto poder a un solo funcionario. El incumplido requisito de llevar a la Procuraduría General de la Nación (PGN) es insuficiente. La aprobación de cualquier pacto colectivo, que conlleve compromisos financieros presentes y futuros, o cualquier aumento salarial, debe ser más difícil de aprobar. El dinero de los contribuyentes debe ser cuidado de la forma más responsable posible y por ello, su asignación, cual elección de magistrados, u otro similar, debe ir por comisiones especiales, aprobación del Consejo de Ministros y del Legislativo, previos dictámenes legales y de presupuesto. Además, debe ligarse su responsabilidad al patrimonio individual de los firmantes.
Twitter: @josekrlos
República es ajena a la opinión expresada en este artículo