¿Se imagina vivir en un lugar sin ley, sin autoridades y en donde prevalece el derecho del más violento? Un sitio en donde podría ser castigado usted o sus hijos si se emplea en una empresa que le ofrece trabajo. Un lugar donde grupos de izquierda y la Iglesia condenan y se oponen a nuevas fuentes de empleo que mejorarán su vida y la de su familia, pero que igual no le ofrecen opciones. En Guatemala existen varios lugares así, pero esta vez nos enfocamos en San Pablo, San Marcos.

Ubicado muy cerca de la frontera con México y sirviendo como un puente entre el altiplano y la costa de San Marcos, en este municipio prevalecen resabios del conflicto armado interno: ausencia del Estado, oposición a la inversión, destrucción de la propiedad privada, violaciones a los derechos humanos, en fin, ingobernabilidad.

Para muestra un botón. En 2010, de manera ilícita, se prohibió el ingreso de la Policía Nacional Civil (PNC) y entonces la población quedó en manos de grupos que operan al margen de la ley.

Lo peor de todo es que diversas instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), la PNC y Gobernación Departamental, reconocen el problema de San Pablo, pero nadie hace nada para garantizar los derechos de los habitantes y menos de las empresas afectadas.

En el siguiente video se presenta el reportaje que República realizó en San Pablo, San Marcos, para indagar acerca de quién está detrás de la conflictividad en el municipio.

Los exguerrilleros

Tras la Firma de la Paz, se suponía que el final del conflicto armado marcaría el inicio de una nueva etapa para el país, pero para algunos, aparentemente el conflicto sigue siendo un negocio. San Pablo fue de los primeros municipios del país en donde muchas personas fueron obligadas a no pagar el servicio de electricidad. No pagarlo a la empresa distribuidora, pero sí a los dirigentes del llamado Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos naturales (Frena), organización conformada, entre otros, por exguerrilleros.

En ese lugar pronto surgió la figura del actual alcalde del municipio, José Raúl Maldonado Pérez. Apoyado por el partido político URNG, quien primero promovió “la resistencia” al pago de la electricidad y luego dirigió un movimiento contra la instalación de la hidroeléctrica Hidrosalá.

Estos son los recibos que corroboran el pago exigido a los pobladores de uno de los municipios de San Marcos.

El proyecto de la hidroeléctrica, previsto para construirse en la finca Argentina, fue atacado desde su inicio por Frena y ocurrieron diversos incidentes como la incursión de un grupo armado que quemó maquinaria, instalaciones, baleó a los guardias privados, y secuestró a empleados. 

En el siguiente link se puede corrobar la información publicada en diversos medios de comunicación: http://www.prensalibre.com/san-marcos/San-Pablo-San-Marcos-queman-maquinaria-hidroelectrica-turba-conflicto-0-1291070929

La empresa, pese a la adversidad y ataques, continuó apoyando proyectos comunitarios y mostrando que el proyecto no daña el ambiente, contrario a ello, es una fuente de empleo y trae beneficios para el área, pero las acciones violentas continuaron.

Tras cada agresión, la compañía sustentó los diversos incidentes y presentó denuncias en el Ministerio Público (MP). A finales del 2014 fueron giradas 14 órdenes de captura contra supuestos responsables de diversos hechos. Entre los acusados figuraba el actual alcalde. A la fecha se sigue persiguiendo penalmente a algunos señalados: http://www.aldia.com.gt/2016/08/capturan-a-lider-comunitario/

Maldonado Pérez, líder de Frena, fue acusado de tres delitos: plagio o secuestro, instigación a delinquir y coacción en grado de cómplice. Mientras se inscribía en el Tribunal Supremo Electoral para competir en las elecciones de 2015, estuvo prófugo de la justicia, pero ya como candidato recibió el beneficio del derecho de antejuicio.

Luego de tres fracasos por intentar dirigir la municipalidad, fue electo alcalde por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y aunque tomó posesión del cargo y ya como funcionario cambió su postura frente al proyecto de la hidroeléctrica, a inicios de marzo de este año perdió la inmunidad y está a un paso de enfrentar la justicia.

De manera que algunos exguerrilleros han participado en estos hechos al margen de la ley, reviviendo el mensaje de “ricos contra pobres”, destruyendo la propiedad pública y privada y atacando a quienes no comparten su ideología.

Los opositores a la inversión y empresa privada no esconden su vinculación con grupos radicales, incluso extranjeros.

La Iglesia 

Los grupos de izquierda o exguerrilleros, tal como ocurrió durante el conflicto armado interno, encontraron un nuevo punto en común con la Iglesia Católica: la oposición a hidroeléctricas, proyectos mineros o la producción agrícola a gran escala.

Y tal como ocurrió con Frena, que nació en San Marcos, en este departamento, en 2007, la Diócesis de San Marcos formó la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE), para “brindar acompañamiento a las comunidades amenazadas o en resistencia a los megaproyectos”. (http://copaeguatemala.org/2016/)

Más tarde también fue creado el Consejo de Pueblo Maya (CPO), otra institución que agrupa a diferentes comunidades opuestas a las hidroeléctricas y proyecctos mineros. Estas entidades ofrecen información y asesoría jurídica contra los “megaproyectos”.

CPO tiene una proyección internacional y realiza constantes denuncias contra la “criminalización” de activistas de derechos humanos, como suelen llamar a las personas que se oponen a los proyectos y que en algunos casos son acusados de cometer actos ilegales. 

Ambas instituciones desconfían del Estado y del Ministerio Público porque consideran que favorecen a las empresas. En este link aparece el informe de CPO acerca de la criminalización de grupos “en defensa de sus territorios”.

Para esta entidad, la “respuesta del Estado” a su labor es la criminalización: https://drive.google.com/file/d/0B31fnGLtBsbMZjA3QXZFUTc2Mm8/view

En este informe, en la página 16, se refieren a tres hechos específicos: Hidrosalá, ya abordado e Hidro Santa Cruz y Hidroeléctrica San Luis, estos dos últimos proyectos en Huehuetenango. CPO señala que en los procesos judiciales se “criminaliza”, pero en ambos casos hubo acciones al margen de la ley.

Lea cómo reportaron algunos medios de comunicación estos sucesos: http://www.soy502.com/articulo/absuelven-lideres-comunitarios-caso-hidro-santa-cruz-barillas-32419 y http://www.prensalibre.com/huehuetenango/danos-finca_San_Luis-trabajadores-desaparicion-descontento-hidroelectrica_0_1044495789.html

República intentó obtener la opinión de la Diócesis de San Marcos acerca de su oposición a los “megaproyectos” y las opciones que ofrecen a las comunidades donde las empresas no han podido operar, pero no fue posible hablar con las autoridades religiosas.

Un tercer actor detrás de la conflictividad

Pero los grupos de izquierda y la Iglesia no son los únicos que participan en la conflictividad, hay un tercer actor más peligroso, del que pocos a nadie habla… este martes República le contará más detalles.

foto de portada: Prensa Comunitaria