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¿De qué consulta estamos hablando?

Redacción República
04 de abril, 2017

Durante los últimos días, o tal vez meses, hemos escuchado repetidas acusaciones de algunos personajes de movimientos sociales, exigir la consulta comunitaria relacionada al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por el Estado de Guatemala en 1996. Este convenio que lleva más de 20 años de estar vigente, pero pocos esfuerzos para reglamentarlo y ponerlo en marcha como se debería, ha pasado ser una herramienta política que busca el desarrollo, diálogo y construcción de oportunidades en pueblos indígenas y tribales a ser la justificación para atacar grandes inversiones y mermar el desarrollo de comunidades.

Llama la atención que estos supuestos líderes, no busquen espacios en el Ministerio de Trabajo, para llevar adelante una agenda que asegure la reglamentación del Convenio, sino que se oponen a las empresas una vez estas ya se han establecido en los departamentos de Guatemala, que históricamente han sido olvidados por el Estado, pero sobre todo por el presupuesto general de la Nación, que irónicamente es asignado inversamente proporcional a las cabeceras departamentales con los peores indicadores sociales del país.

Aun con las protestas, y modificando el espíritu del Convenio 169 cuya finalidad no es solo que los pueblos indígenas cuenten con igualdad de derechos, sino garantizar además, que se mantenga sus tradiciones, culturas y sus formas políticas de integración, vemos cómo hay situaciones jurídicas en que ponen en juego grandes inversiones, pero no se preocupan por el bienestar del desarrollo social sostenible y mucho menos, del impacto que como sociedad estamos teniendo en DDHH en temas de educación, salud, empleo pero sobre todo al espíritu mismo de sus fundamentos, como la capacidad de elegir su estatus político, la capacidad de lograr de manera individual su desarrollo económico, social y cultural.

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Si el interés en realidad fuera el bienestar de las comunidades, velarían por las deficiencias reales de las comunidades, como la desnutrición infantil, la mortalidad materna, la carencia de docentes y escuelas, la causa real de la contaminación como las aguas residuales que terminan en los ríos, la ausencia del Estado ante sus pueblos o la poca asignación presupuestaria que no permite la realización de la infraestructura mínima para garantizar la competitividad de sus representados.

Pero como sabemos que lo anterior no genera beneficios personales e individuales, vemos pocos buenos representes defendiendo las necesidades reales de sus pueblos, que lamentablemente pocas veces tienen eco sus voces en los medios y vemos muchos otros que oportunamente escogen sus batallas para dejar comunidades en el olvido, ante un desarrollo que beneficiaria al país entero. Entonces ¿De qué consulta estamos hablando? @lumartinezg
República es ajena a la opinión expresada en este artículo

¿De qué consulta estamos hablando?

Redacción República
04 de abril, 2017

Durante los últimos días, o tal vez meses, hemos escuchado repetidas acusaciones de algunos personajes de movimientos sociales, exigir la consulta comunitaria relacionada al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por el Estado de Guatemala en 1996. Este convenio que lleva más de 20 años de estar vigente, pero pocos esfuerzos para reglamentarlo y ponerlo en marcha como se debería, ha pasado ser una herramienta política que busca el desarrollo, diálogo y construcción de oportunidades en pueblos indígenas y tribales a ser la justificación para atacar grandes inversiones y mermar el desarrollo de comunidades.

Llama la atención que estos supuestos líderes, no busquen espacios en el Ministerio de Trabajo, para llevar adelante una agenda que asegure la reglamentación del Convenio, sino que se oponen a las empresas una vez estas ya se han establecido en los departamentos de Guatemala, que históricamente han sido olvidados por el Estado, pero sobre todo por el presupuesto general de la Nación, que irónicamente es asignado inversamente proporcional a las cabeceras departamentales con los peores indicadores sociales del país.

Aun con las protestas, y modificando el espíritu del Convenio 169 cuya finalidad no es solo que los pueblos indígenas cuenten con igualdad de derechos, sino garantizar además, que se mantenga sus tradiciones, culturas y sus formas políticas de integración, vemos cómo hay situaciones jurídicas en que ponen en juego grandes inversiones, pero no se preocupan por el bienestar del desarrollo social sostenible y mucho menos, del impacto que como sociedad estamos teniendo en DDHH en temas de educación, salud, empleo pero sobre todo al espíritu mismo de sus fundamentos, como la capacidad de elegir su estatus político, la capacidad de lograr de manera individual su desarrollo económico, social y cultural.

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Si el interés en realidad fuera el bienestar de las comunidades, velarían por las deficiencias reales de las comunidades, como la desnutrición infantil, la mortalidad materna, la carencia de docentes y escuelas, la causa real de la contaminación como las aguas residuales que terminan en los ríos, la ausencia del Estado ante sus pueblos o la poca asignación presupuestaria que no permite la realización de la infraestructura mínima para garantizar la competitividad de sus representados.

Pero como sabemos que lo anterior no genera beneficios personales e individuales, vemos pocos buenos representes defendiendo las necesidades reales de sus pueblos, que lamentablemente pocas veces tienen eco sus voces en los medios y vemos muchos otros que oportunamente escogen sus batallas para dejar comunidades en el olvido, ante un desarrollo que beneficiaria al país entero. Entonces ¿De qué consulta estamos hablando? @lumartinezg
República es ajena a la opinión expresada en este artículo