El Convenio 169 no debe usarse para detener proyectos de inversión o cualquier otro plan que afecte a los pueblos indígenas, señala Carmen Moreno, directora de la oficina regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De acuerdo con la funcionaria, este instrumento jurídico, lejos de perjudicar, sirve para “promover el desarrollo y crecimiento” de una nación, no es un derecho que se da a cierto sector de la población para rechazar un evento de interés nacional.

Moreno habló de este tema durante el foro “Situación del Derecho de Consulta en el Convenio 169”, por medio de cual enfatizó que la consulta con los pueblos indígenas es para dar a conocer las ventajas y posibles efectos negativos, pero no “es un referéndum” para decidir si procede o no un proyecto, esa decisión recae sobre el Estado.