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El resguardo que nunca llegó

Redacción República
08 de abril, 2017

Una de las tragedias más grandes de la historia reciente del país cumple un mes entre el inicio de un proceso judicial y la indignación de la poblacion que aún se pregunta  cómo se puede sobrellevar un evento de esa magnitud.

Ayer fueron ligados a proceso los tres funcionarios responsables de la tragedia. El Juzgado Cuarto Penal, a cargo del juez Carlos Guerra, resolvió  ligar a proceso penal  por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad y homicidio culposo a Carlos Rodas, extitular de la Secretaría de Bienestar Social; Anahy Keller, ex subsecretaría de esa institución; y Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

MP: ninguno tenía el perfil

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La fiscalía fue clara, contundente y sobre todo directa: ninguno de los funcionarios ligados a proceso tenía el perfil idóneo para trabajar en una institución como la Secretaría de Bienestar Social.

En la audiencia de primera declaración  (miércoles)  la Fiscalía cuestionó el perfil de Rodas, exSecretario de Bienestar Social, pues tenía más experiencia en ser juez de paz que en derechos de la niñez y adolescencia, ya que según el MP, “solo había participado en un taller sobre el tema”.

Esta persona no reúne el perfil que exige la ley. Son cinco años de experiencia en un puesto similar”, indicó el fiscal en la audiencia.

Pese al apoyo que distintos sectores hacia la exsubsecretaria, corrió con la misma suerte de Rodas, pues el MP  reclamó que el perfil profesional no era adecuado para un cargo con tantas responsabilidades, ya que su carrera la desarrolló alrededor de la producción de televisión.

Su experiencia no es acorde con la capacidad y requerimientos para decidir aspectos fundamentales en el momento en que se dio una crisis como la del 8 de marzo”.

Torres, el ex director del Hogar Seguro, también enfrentó igual cuestionamiento, pues el ente investigador aseguró que no tenía los conocimientos para el resguardo de un lugar con esas características.

Uno de los requisitos era que tuviera conocimientos sobre legislación de protección de la niñez y adolescencia y poseer estudios o conocimientos sobre niñez y derechos humanos. El MP considera que su licenciatura en ciencias jurídicas y sociales, sus maestrías en estudios estratégicos y políticas públicas, no eran parte de los requisitos fundamentales para dirigir el hogar”.

El ente investigador asegura que es evidente la falta de capacidad y experiencia de cada uno de los acusados pues actuaron de forma equivocada.

“La responsabilidad de cada sindicado se evidencia desde la falta de supervisión y control de las instalaciones y el personal a su cargo, hasta la forma ilegal en que encerraron y privaron de libertad a las adolescentes”, indicó la fiscalía.

Muchos guatemaltecos manifestaron su indignación y rechazo a los hechos que cobraron la vida de 41 menores.

Lo que sigue

Dentro del caso fueron aceptados como querellantes para la demanda estas organizaciones sociales: Mujeres Transformando el Mundo (MTM), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y la Fundación Sobrevivientes y la Asociación de Mujeres Orientadas y Respaldadas.

La Fundación Sobrevivientes señaló un conflicto de interés en que la Procuraduría General de la Nación (PGN) participe como acusadora cuando la PGN era responsable también de la protección a las adolescentes.

El juez  Guerra resolvió que la PGN va a participar en el proceso  como acusadora y como acusada, para que se esclarezca si sus autoridades incumplieron con sus deberes en el caso del Hogar Seguro.

Rafael Maldonado, abogado de los familiares de 10 de las víctimas, considera que los ex funcionarios también deben ser investigados por el delito de desaparición forzada y que se debe ahondar en la participación de los miembros de la Policía Nacional Civil que atendieron la crisis.

El Estado aseguró que llegarán más recursos para dar la importancia a estos temas, pero mientras eso no suceda, la vida de las 41 niñas seguirá en la memoria de todo un país que exige respuestas.

La promesa por mejoras a los hogares es el único recurso que las autoridades han utilizado mientras los exfuncionarios apelarán la decisión del juez  e intentarán a toda costa, negar su responsabilidad en los hechos acontecidos en 8 de marzo.

Fuentes cercanas a la defensa de los acusados aseguran que tratarán a toda costa, eliminar al menos dos delitos y dilatar el proceso con recursos para una sola cosa: ganar tiempo para replantear la estrategia, algo que por el momento es demasiado complicado.

El resguardo que nunca llegó

Redacción República
08 de abril, 2017

Una de las tragedias más grandes de la historia reciente del país cumple un mes entre el inicio de un proceso judicial y la indignación de la poblacion que aún se pregunta  cómo se puede sobrellevar un evento de esa magnitud.

Ayer fueron ligados a proceso los tres funcionarios responsables de la tragedia. El Juzgado Cuarto Penal, a cargo del juez Carlos Guerra, resolvió  ligar a proceso penal  por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad y homicidio culposo a Carlos Rodas, extitular de la Secretaría de Bienestar Social; Anahy Keller, ex subsecretaría de esa institución; y Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

MP: ninguno tenía el perfil

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La fiscalía fue clara, contundente y sobre todo directa: ninguno de los funcionarios ligados a proceso tenía el perfil idóneo para trabajar en una institución como la Secretaría de Bienestar Social.

En la audiencia de primera declaración  (miércoles)  la Fiscalía cuestionó el perfil de Rodas, exSecretario de Bienestar Social, pues tenía más experiencia en ser juez de paz que en derechos de la niñez y adolescencia, ya que según el MP, “solo había participado en un taller sobre el tema”.

Esta persona no reúne el perfil que exige la ley. Son cinco años de experiencia en un puesto similar”, indicó el fiscal en la audiencia.

Pese al apoyo que distintos sectores hacia la exsubsecretaria, corrió con la misma suerte de Rodas, pues el MP  reclamó que el perfil profesional no era adecuado para un cargo con tantas responsabilidades, ya que su carrera la desarrolló alrededor de la producción de televisión.

Su experiencia no es acorde con la capacidad y requerimientos para decidir aspectos fundamentales en el momento en que se dio una crisis como la del 8 de marzo”.

Torres, el ex director del Hogar Seguro, también enfrentó igual cuestionamiento, pues el ente investigador aseguró que no tenía los conocimientos para el resguardo de un lugar con esas características.

Uno de los requisitos era que tuviera conocimientos sobre legislación de protección de la niñez y adolescencia y poseer estudios o conocimientos sobre niñez y derechos humanos. El MP considera que su licenciatura en ciencias jurídicas y sociales, sus maestrías en estudios estratégicos y políticas públicas, no eran parte de los requisitos fundamentales para dirigir el hogar”.

El ente investigador asegura que es evidente la falta de capacidad y experiencia de cada uno de los acusados pues actuaron de forma equivocada.

“La responsabilidad de cada sindicado se evidencia desde la falta de supervisión y control de las instalaciones y el personal a su cargo, hasta la forma ilegal en que encerraron y privaron de libertad a las adolescentes”, indicó la fiscalía.

Muchos guatemaltecos manifestaron su indignación y rechazo a los hechos que cobraron la vida de 41 menores.

Lo que sigue

Dentro del caso fueron aceptados como querellantes para la demanda estas organizaciones sociales: Mujeres Transformando el Mundo (MTM), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y la Fundación Sobrevivientes y la Asociación de Mujeres Orientadas y Respaldadas.

La Fundación Sobrevivientes señaló un conflicto de interés en que la Procuraduría General de la Nación (PGN) participe como acusadora cuando la PGN era responsable también de la protección a las adolescentes.

El juez  Guerra resolvió que la PGN va a participar en el proceso  como acusadora y como acusada, para que se esclarezca si sus autoridades incumplieron con sus deberes en el caso del Hogar Seguro.

Rafael Maldonado, abogado de los familiares de 10 de las víctimas, considera que los ex funcionarios también deben ser investigados por el delito de desaparición forzada y que se debe ahondar en la participación de los miembros de la Policía Nacional Civil que atendieron la crisis.

El Estado aseguró que llegarán más recursos para dar la importancia a estos temas, pero mientras eso no suceda, la vida de las 41 niñas seguirá en la memoria de todo un país que exige respuestas.

La promesa por mejoras a los hogares es el único recurso que las autoridades han utilizado mientras los exfuncionarios apelarán la decisión del juez  e intentarán a toda costa, negar su responsabilidad en los hechos acontecidos en 8 de marzo.

Fuentes cercanas a la defensa de los acusados aseguran que tratarán a toda costa, eliminar al menos dos delitos y dilatar el proceso con recursos para una sola cosa: ganar tiempo para replantear la estrategia, algo que por el momento es demasiado complicado.