Con la captura del exgobernador de Veracruz Javier Duarte en Guatemala la noche de este sábado 15 en un hotel del departamento de Sololá por varios cargos de corrupción, las autoridades mexicanas continúan a la cacería.
La malversación entre los exgobernadores “genera mucha mayor indignación que la connivencia con el narco”, dice este experto de los dos prófugos exfuncionarios acusados de enriquecimiento ilícito. El primero es el caso de César Duarte, gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, y Javier Duarte, gobernador de Veracruz en el mismo periodo y recientemente capturado.
Los casos abundan, por ejemplo: un exgobernador detenido por lavar dinero del narco o un fiscal general acusado de tráfico de drogas: ex altos cargos mexicanos centran la atención de la justicia por una “corrupción sistémica” cuya impunidad parece sólo contrarrestada por la presión de Estados Unidos.
Tomás Yarrington, gobernador de Tamaulipas (norte) entre 1999 y 2005, fue detenido el domingo en Italia por lazos con el narcotráfico.
La justicia italiana debe decidir ahora si lo extradita a su país o a Estados Unidos, que también quiere juzgarlo por tráfico de drogas y blanqueo.
Tras muchos años prófugo, este político que a principios de los 2000 posaba sonriente con el entonces gobernador de la vecina Texas George W. Bush, fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el poder) en diciembre.
México ofreció 800.000 dólares por su captura pero para muchos su arresto responde a la presión de Estados Unidos.
“Esta detención se da porque los estadounidenses lo quieren, no tanto porque hubiera habido una decisión vigorosa del gobierno mexicano”, dice Alejandro Hope, exagente de inteligencia mexicano y consultor en seguridad.
Lo mismo piensa Jorge López Martín, diputado del Partido de Acción Nacional (PAN), quien pidió que Yarrington sea juzgado en Estados Unidos para evitar “que pudiera haber espacios de impunidad”.
Impunidad
El crimen goza de buena salud en un país donde, según el índice global de impunidad 2016 de la Universidad de las Américas Puebla, se castiga un 4,46% de los delitos denunciados.
“Hay tanta corrupción, tanta impunidad, el sistema judicial es fácilmente corrompible, el sistema penitenciario no sirve casi para nada, eso permite las operaciones del narco pero también anima a mucha gente a delinquir”, dice José Antonio Crespo, analista político del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
“Saben que las probabilidades de ser castigados son mínimas y que eventualmente pueden comprar al juez y eventualmente pueden escapar” de prisión, agrega.
Las autoridades federales prometen públicamente perseguir el crimen, pero los obstáculos son muchos.
Por ejemplo, la corrupción de funcionarios judiciales: Édgar Veytia, fiscal general del estado de Nayarit (oeste), fue detenido en marzo en California acusado de producir, importar y distribuir heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas.
“Lo agarraron allá y aquí nadie estaba enterado” de lo que hacía, subraya Crespo.
“Muchas veces el fin de la impunidad viene desde Estados Unidos”, afirma, porque “aquí se hace la vista gorda”.
También la Policía Federal mexicana tuvo que reconocer la semana pasada una oveja negra en sus filas.
Iván Reyes Arzate, agente de la División Antidrogas que servía de enlace con la policía estadounidense, se entregó en Chicago al saber que estaba siendo investigado por alertar a grupos narcos cuando eran infiltrados o se intervenían sus teléfonos.
“En la Policía Federal no habrá cabida para aquellos que traicionen los ideales de la institución, los ideales del país, y serán sancionados, serán perseguidos”, aseguró con firmeza el comisionado general del cuerpo, Manelich Castilla, en rueda de prensa en Ciudad de México.
‘Problema sistémico’
El problema de la narcopolítica viene de lejos.
Ya “en 1997 el primer zar antidrogas federal, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, estaba en nómina de Amado Carrillo Fuentes, el llamado Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez”, un delito que le valió 40 años de cárcel, recuerda Hope.
También el exgobernador de Quintana Roo (este) Mario Villanueva fue detenido en 2001, extraditado a Estados Unidos y condenado por vínculos con el narcotráfico, antes de ser devuelto a México donde fue nuevamente encarcelado.
Desde siempre “hay un problema sistémico de corrupción entre las autoridades locales y estatales”, que simplemente ahora gana visibilidad gracias al periodismo de investigación y las redes sociales, según Hope.
México está viviendo “el surgimiento de un hartazgo social”, asegura. “Y este es aún mayor cuando se trata de robo de dinero público”.
Con la captura del exgobernador de Veracruz Javier Duarte en Guatemala la noche de este sábado 15 en un hotel del departamento de Sololá por varios cargos de corrupción, las autoridades mexicanas continúan a la cacería.
La malversación entre los exgobernadores “genera mucha mayor indignación que la connivencia con el narco”, dice este experto de los dos prófugos exfuncionarios acusados de enriquecimiento ilícito. El primero es el caso de César Duarte, gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, y Javier Duarte, gobernador de Veracruz en el mismo periodo y recientemente capturado.
Los casos abundan, por ejemplo: un exgobernador detenido por lavar dinero del narco o un fiscal general acusado de tráfico de drogas: ex altos cargos mexicanos centran la atención de la justicia por una “corrupción sistémica” cuya impunidad parece sólo contrarrestada por la presión de Estados Unidos.
Tomás Yarrington, gobernador de Tamaulipas (norte) entre 1999 y 2005, fue detenido el domingo en Italia por lazos con el narcotráfico.
La justicia italiana debe decidir ahora si lo extradita a su país o a Estados Unidos, que también quiere juzgarlo por tráfico de drogas y blanqueo.
Tras muchos años prófugo, este político que a principios de los 2000 posaba sonriente con el entonces gobernador de la vecina Texas George W. Bush, fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el poder) en diciembre.
México ofreció 800.000 dólares por su captura pero para muchos su arresto responde a la presión de Estados Unidos.
“Esta detención se da porque los estadounidenses lo quieren, no tanto porque hubiera habido una decisión vigorosa del gobierno mexicano”, dice Alejandro Hope, exagente de inteligencia mexicano y consultor en seguridad.
Lo mismo piensa Jorge López Martín, diputado del Partido de Acción Nacional (PAN), quien pidió que Yarrington sea juzgado en Estados Unidos para evitar “que pudiera haber espacios de impunidad”.
Impunidad
El crimen goza de buena salud en un país donde, según el índice global de impunidad 2016 de la Universidad de las Américas Puebla, se castiga un 4,46% de los delitos denunciados.
“Hay tanta corrupción, tanta impunidad, el sistema judicial es fácilmente corrompible, el sistema penitenciario no sirve casi para nada, eso permite las operaciones del narco pero también anima a mucha gente a delinquir”, dice José Antonio Crespo, analista político del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
“Saben que las probabilidades de ser castigados son mínimas y que eventualmente pueden comprar al juez y eventualmente pueden escapar” de prisión, agrega.
Las autoridades federales prometen públicamente perseguir el crimen, pero los obstáculos son muchos.
Por ejemplo, la corrupción de funcionarios judiciales: Édgar Veytia, fiscal general del estado de Nayarit (oeste), fue detenido en marzo en California acusado de producir, importar y distribuir heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas.
“Lo agarraron allá y aquí nadie estaba enterado” de lo que hacía, subraya Crespo.
“Muchas veces el fin de la impunidad viene desde Estados Unidos”, afirma, porque “aquí se hace la vista gorda”.
También la Policía Federal mexicana tuvo que reconocer la semana pasada una oveja negra en sus filas.
Iván Reyes Arzate, agente de la División Antidrogas que servía de enlace con la policía estadounidense, se entregó en Chicago al saber que estaba siendo investigado por alertar a grupos narcos cuando eran infiltrados o se intervenían sus teléfonos.
“En la Policía Federal no habrá cabida para aquellos que traicionen los ideales de la institución, los ideales del país, y serán sancionados, serán perseguidos”, aseguró con firmeza el comisionado general del cuerpo, Manelich Castilla, en rueda de prensa en Ciudad de México.
‘Problema sistémico’
El problema de la narcopolítica viene de lejos.
Ya “en 1997 el primer zar antidrogas federal, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, estaba en nómina de Amado Carrillo Fuentes, el llamado Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez”, un delito que le valió 40 años de cárcel, recuerda Hope.
También el exgobernador de Quintana Roo (este) Mario Villanueva fue detenido en 2001, extraditado a Estados Unidos y condenado por vínculos con el narcotráfico, antes de ser devuelto a México donde fue nuevamente encarcelado.
Desde siempre “hay un problema sistémico de corrupción entre las autoridades locales y estatales”, que simplemente ahora gana visibilidad gracias al periodismo de investigación y las redes sociales, según Hope.
México está viviendo “el surgimiento de un hartazgo social”, asegura. “Y este es aún mayor cuando se trata de robo de dinero público”.