El sindicalismo nació como parte de las necesarias reivindicaciones laborales surgidas con el auge de las industrias que demandaban grandes cantidades de fuerza laboral, en donde los obreros se organizaban para defender sus intereses frente a los de los empleadores.

Aunque la organización de los trabajadores en Guatemala se remonta a los primeros años del siglo pasado, fue en 1947 que el movimiento sindical fue reconocido con la creación del Código de Trabajo. El Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI), fue el primero en ser registrado.

Con el paso de los años aumentó el número en la iniciativa privada y también en las entidades públicas, constituyendo un sector importante en los acontecimientos sociales del país, pero el movimiento vino de más a menos en cuanto a su protagonismo positivo y en la actualidad su fuerza se concentra en las instituciones del Estado.

El dato más reciente indica que suman 616 sindicatos en la administración pública. Los más grandes son el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) con más de 50 mil afiliados y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) con más de 25 mil afiliados.

Fácil registro

Lograr la inscripción de una organización en el sector público es fácil, reconoce el viceministro de trabajo José Guillermo Gándara. “Son tres meses en promedio para autorizar un sindicato“. El requisito más importante es contar con más de 20 trabajadores y cumplir con el procedimiento establecido.

“Levantan un acta y la presentan ante la Dirección General de Trabajo”, detalló el funcionario. Esa facilidad explica la cantidad de solicitudes que llegan a la cartera. Cada mes, quince organizaciones buscan la aprobación.

El interés personal supera al colectivo

Aunque las organizaciones sindicales fueron creadas para velar por los intereses de los trabajadores, esto quedó solo en papel. Muestra de ello son las críticas generadas por los abusos cometidos por algunos dirigentes.

Los sindicatos se han ido desviando de sus objetivos porque se han involucrado en el tema político. Han negociado pactos colectivos a medida de fuerza”, detalla David Casasola, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Ejemplo de lo anterior es la presión ejercida por el sindicato de Salud para mantener los privilegios del Pacto Colectivo, al punto que quisieron aprovechar la interpelación de la ministra Lucrecia Hernández para lograr el voto de falta de confianza para buscar su destitución.

La funcionaria pretende anular algunos puntos del Pacto Colectivo, considerados negativos para los intereses del Estado.

Dirigente del Frente Nacional de Lucha conspiró para que le dieran el voto de falta de confianza a la Ministra de Salud.

Otro ejemplo son las constantes movilizaciones con las que amenaza Joviel Acevedo, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, cada inicio de ciclo escolar para mantener o aumentar los privilegios. El número de afiliados y la presión ejercida ha permitido que los gobiernos de turno cedan a sus peticiones. 

Acevedo se jacta de sus acercamientos con las autoridades de turno. Con Alvaro Colom y Otto Pérez Molina mantuvo una relación cercana, en tanto que con Jimmy Morales está un poco distante. Esas alianzas les han permitido gozar de pactos colectivos que ponen en aprietos las finanzas del Estado.

Informe denominado La Amenaza de los Pactos Colectivos en el Sector Público elaborado por el CIEN.

Pero no solo en Salud y Educación se gozan de pactos colectivos que superan al Estado. El acuerdo que existe en el Congreso de la República es otro ejemplo. El 10 por ciento de aumento anual causó que los salarios se dispararan al punto que la trabajadora que más gana es la Contadora General con Q77 mil mensuales.

Pero no conformes con eso, República sacó a luz el nuevo bono que los sindicalistas solicitaron, el cual equivaldría a un salario completo para cada trabajador. Algunos empleados lo llamaron “el bono del pescado”, ya que de ser aprobado se entregaría en Semana Santa.

Sindicalistas y sus problemas con la ley

Varios dirigentes sindicalistas han tenido problemas con la ley, una muestra más que velar por los derechos de los trabajadores quedó en segundo plano.

Nery Barrios: En el 2010 fue condenado a tres años de prisión por el delito especial de estafa por la compra y venta ilegal de un terreno que serviría para indemnizar a campesinos.

Nery Barrios fue condenado por estafar a campesinos.

Danilo Aguilar García: El año pasado el dirigente del sindicato del Ministerio de Economía fue detenido y enviado a prisión por el delito de peculado. Las autoridades lo señalaron de utilizar un vehículo oficial sin autorización.

Danilo Aguilar fue acusado del delito de peculado.

Bernardo Caal: Fue parte del sindicato que dirige Joviel Acevedo. Recientemente fue girada orden de captura por cobrar salarios sin presentarse a sus labores como docente en una escuela de Alta Verapaz.

El dirigente Bernardo Caal cobró salarios sin presentarse a trabajar.

Rigoberto Dueñas: El representante del sector laboral en la Junta Directiva del Seguro Social fue condenado a tres años de prisión por haber firmado un fideicomiso de vivienda por Q239 millones con el cual se desfalcó al Seguro Social.

Con todos estos antecedentes forjados a los largo de más de 60 años, el sindicalismo genera rechazo entre la ciudadanía que reclama más coherencia de los líderes con sus reivindicaciones y menos despilfarro de recursos provenientes de sus impuestos para sostener a grupos de poder que velan por intereses personales, no del país, mientras la calidad en el servicio de los entes estatales sigue en abandono.