En los últimos siete meses la Constructora Técnica Archila se ha vuelto un proveedor recurrente de la municipalidad de Purulhá, Baja Verapaz. Ello a pesar que en enero de 2015 su dueño, Aroldo Archila Orellana, fue capturado y acusado de integrar supuestamente una estructura conformada por políticos y constructores dedicados al lavado de dinero.

La última adjudicación hecha por dicha comuna fue el 17 de abril y en esa ocasión el contrato, para la construcción del parque municipal, fue por Q1 millón 499 mil 729, según el portal de Compras y Contrataciones del Estado (Guatecompras).

“Desde hace muchos años no se ha contado con un espacio público adecuado para el parque, el cual llene las condiciones que necesitan los pobladores como son la recreación, descanso, ambiente agradable y sobre todo poder compartir con los amigos y familia de áreas verdes en un entorno ecológico”, se afirma en las bases de licitación.

En ellas se detalla que la obra, que se va a construir en un área de 588.56 metros cuadrados y en un terreno irregular de forma triangular, debe tener entre otras cosas bancas, áreas verdes, caminamientos, pérgolas, una fuente y una concha acústica. La ejecución del proyecto debe ser terminado en seis meses contados desde el momento que se inicien los trabajos.

De 2004 a la fecha le han adjudicado a dicha constructora concursos por Q264.2 millones y no es la primera vez que dicha comuna la da trabajo; aunque, el inicio de la relación es reciente. Del 22 de septiembre del 2016 a la fecha la alcaldía de Purulhá le ha adjudicado, incluyendo el último concurso, tres contratos que suman Q8.7 millones.

Captura, acusación y fianza

El 24 de enero de 2015 el Ministerio Público (MP) con  el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), aprehendieron a cinco personas tras realizar allanamientos en los departamentos de Jalapa, El Progreso y Guatemala.

Entre ellos al ex Gobernador de Jalapa durante el gobierno del Partido Patriota (PP), José Mario Cantoral Recinos, y cuatro constructores más, entre ellos Archila Orellana, a quienes el MP sindicó del delito de lavado de dinero.

“La Fiscalía contra el Lavado de dinero u Otros Activos estableció luego de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial que los detenidos se beneficiaron con fondos públicos de la Municipalidad de San Luis, Petén”, indicó en su momento el MP.

El ente encargado de la persecución penal también señaló en esa ocasión que “de acuerdo con la denuncia investigada, presuntamente el alcalde municipal  durante el periodo 2008-2012 se benefició con fondos de la municipalidad por la cantidad de 1 millón 484 mil 588 a través de 7 proyectos de infraestructura supuestamente adjudicados a las empresas mercantiles”.

El jefe edil mencionado, y que no fue capturado, es actual alcalde de San Luis, Jesús Claros Arriaza, quien fue postulado por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder).

Se estableció, según el MP, que del 1 de enero del 2010 al 31 de julio de 2010, esas empresas fueron favorecidas con proyectos de infraestructura, a cambio, extendieron cheches a favor del alcalde por medio de terceros. En total, el ex funcionario municipal recibió mediante depósitos, Q1 millón 400 mil.

Los cinco detenidos fueron ligados a proceso, pero dejados en libertad tras pagar una fianza, que en el caso de Archila Orellana fue de Q15 mil.

En la actualidad el caso se encuentra en la etapa intermedia, identificado como MP510/2011/156.