Además de renovar las fuerzas espirituales y de celebrar la vida con mi familia y amigos, durante la Semana Santa debí observar el problema de los incendios forestales que ocurren prácticamente a lo largo y ancho de todo el país: desde la Laguna del Tigre y la Sierra de Lacandón hasta los barrancos de la Ciudad de Guatemala; pasando por el Volcán de Agua, el Cerro Alux y las riberas de los lagos de Amatitlán y Atitlán.
Al leer las notas de prensa, las declaraciones de funcionarios públicos y a los formadores de opinión y público en general, advierto mucha confusión sobre las verdaderas causas de este fenómeno. En principio, debemos tener claro que todos los incendios forestales son provocados por el ser humano; no hay tal cosa como un incendio de causa natural, pues el Triángulo del Fuego (oxígeno-calor-material combustible) no se activa solo, al menos no en estas latitudes donde la intensidad de la radiación solar, la vegetación, el porcentaje de humedad, el viento y otros factores impiden que ello suceda espontáneamente. Ahora bien, no todos los incendios forestales son “intencionados”; el reporte 2016 del Sistema de Información Forestal de Guatemala (SIFGUA) indica que el 60% de estos sí lo son, el resto son fuegos que se inician sin la intención de crear un incendio forestal. Cabe mencionar aquí que el fuego no necesariamente es un factor negativo; cuando éste aparece de forma esporádica y controlada, contribuye a la regeneración natural de árboles y arbustos y, es más, una de las técnicas más eficaces para el control de los incendios es, precisamente, con fuego (técnica de contra-fuego).
Seguidamente, y aunque el discurso tradicional refiere varias causas, yo considero que este es nuevamente uno de esos fenómenos cuya causa principal puede agruparse en una sola: el Estatismo. Analicemos a fondo el fenómeno: la narco-ganadería ciertamente puede ser el activador, pero a este subyace en primera instancia una prohibición estatal que ha demostrado hasta la saciedad ser inútil e inmoral y es la de penalizar legalmente la producción, el tráfico y el consumo de drogas. Si esta actividad fuese legítima, tal y como lo es hoy por hoy, beber una cerveza, por ejemplo, sin dudas aquella actividad económica se desenvolviera de manera pacífica, tal y como lo es hoy por hoy, por ejemplo, la compra-venta de cerveza. El problema es que, al prohibirla por ley (Ley contra la narcoactividad), la actividad se encarece y los métodos para conectar la oferta con la demanda precisan de violencia. ¿Qué les importa a los violentos-empresarios de las drogas la biodiversidad, la arqueología maya y tantos otros valores naturales que albergan las áreas protegidas?
Y esto me da pie a cuestionar nuevamente otro resabio del Estatismo, causa a la vez de los incendios forestales: las áreas protegidas. Tanto el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) como su marco legal, la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89), han demostrado con creces ser un fracaso total. El 52% de la cobertura forestal que constituye el “sistema” está en franco deterioro y amenaza; el más reciente Inventario Forestal Nacional (2006-2010) demuestra que, de cada 4 hectáreas de bosque que se pierden en el país, 3 se ubican dentro de áreas protegidas. Este fenómeno confirma que las áreas protegidas en realidad son las más des-protegidas y ello es consecuencia de no tener el incentivo adecuado para su conservación: la propiedad privada. Al no tener dueño ni las condiciones de mercados libres y gobierno limitado a sus funciones propias (seguridad, justicia e infraestructura), estas áreas se ven sometidas a diversos fenómenos de degradación: invasiones, extracción insostenible de maderas y vida silvestre, deforestación, plagas e incendios forestales. El Estado nunca será apto, ni suficiente ni eficaz en estas materias.
Otra de las causas que se esgrimen con frecuencia es el tema de las rozas por parte de agricultores. Aquí el análisis me lleva a concluir que estas prácticas son necesarias y económicamente rentables derivado de la escases de capital y baja tecnificación en la limpia de los terrenos. La agricultura de pequeña escala, como tantas otras actividades económicas, se encuentran sometidas a una serie de regulaciones, impuestos, condiciones y distorsiones que no permiten mejorar y transitar hacia mejores tecnologías, inversiones y prácticas. El caso de la caña de azúcar es por demás interesante: durante la época de zafra se queman muchas áreas y de ellas no derivan necesariamente en incendios forestales.
No es la falta de capacidades o recursos del CONAP, o del SIPECIF o de la CONRED. Es sencillamente que esa no es una función propia del Estado sino de los privados, quienes de forma individual u organizada seguramente lo harían mejor. La Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) ha demostrado durante más de 20 años que, cuando hay más o menos claridad en los derechos de propiedad, es posible prevenir los incendios forestales en más de 500 mil hectáreas y controlarlos cuando estos ocurren. Y cuando aún bajo condiciones de propiedad privada suceden estos fenómenos, es vital que exista, en primera instancia, un fuerte sistema de justicia y mecanismos arbitrales que determinen si hay mano criminal, y de haberla obligar a resarcir o compensar el daño.
Lamentablemente, pocos advierten que el problema de los incendios forestales es uno de índole económico y político, yace en las instituciones (la propiedad y la justicia). Lo que es aún peor es que, el presidente Morales comete el gravísimo error de solicitar al Congreso apruebe de urgencia otra ley específica para la protección de la biósfera maya. ¿Cuándo entenderán los políticos que no es cuestión de más leyes sino de mejores Instituciones? ¿Y que ello pasa más bien por derogar decenas de leyes malas, entre ellas la Ley de Áreas Protegidas, las leyes que planifican, protegen y subsidian las actividades agropecuarias y la Ley contra la Narcoactividad? Es por esto, estimado lector, que con los incendios forestales arde el Estatismo. ¡Piénsalo!
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Jorge David Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Miembro de 5 Reformas Guatemala y del Foro Liberal de América Latina. Sus artículos se publican en varios medios digitales en América Latina.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Además de renovar las fuerzas espirituales y de celebrar la vida con mi familia y amigos, durante la Semana Santa debí observar el problema de los incendios forestales que ocurren prácticamente a lo largo y ancho de todo el país: desde la Laguna del Tigre y la Sierra de Lacandón hasta los barrancos de la Ciudad de Guatemala; pasando por el Volcán de Agua, el Cerro Alux y las riberas de los lagos de Amatitlán y Atitlán.
Al leer las notas de prensa, las declaraciones de funcionarios públicos y a los formadores de opinión y público en general, advierto mucha confusión sobre las verdaderas causas de este fenómeno. En principio, debemos tener claro que todos los incendios forestales son provocados por el ser humano; no hay tal cosa como un incendio de causa natural, pues el Triángulo del Fuego (oxígeno-calor-material combustible) no se activa solo, al menos no en estas latitudes donde la intensidad de la radiación solar, la vegetación, el porcentaje de humedad, el viento y otros factores impiden que ello suceda espontáneamente. Ahora bien, no todos los incendios forestales son “intencionados”; el reporte 2016 del Sistema de Información Forestal de Guatemala (SIFGUA) indica que el 60% de estos sí lo son, el resto son fuegos que se inician sin la intención de crear un incendio forestal. Cabe mencionar aquí que el fuego no necesariamente es un factor negativo; cuando éste aparece de forma esporádica y controlada, contribuye a la regeneración natural de árboles y arbustos y, es más, una de las técnicas más eficaces para el control de los incendios es, precisamente, con fuego (técnica de contra-fuego).
Seguidamente, y aunque el discurso tradicional refiere varias causas, yo considero que este es nuevamente uno de esos fenómenos cuya causa principal puede agruparse en una sola: el Estatismo. Analicemos a fondo el fenómeno: la narco-ganadería ciertamente puede ser el activador, pero a este subyace en primera instancia una prohibición estatal que ha demostrado hasta la saciedad ser inútil e inmoral y es la de penalizar legalmente la producción, el tráfico y el consumo de drogas. Si esta actividad fuese legítima, tal y como lo es hoy por hoy, beber una cerveza, por ejemplo, sin dudas aquella actividad económica se desenvolviera de manera pacífica, tal y como lo es hoy por hoy, por ejemplo, la compra-venta de cerveza. El problema es que, al prohibirla por ley (Ley contra la narcoactividad), la actividad se encarece y los métodos para conectar la oferta con la demanda precisan de violencia. ¿Qué les importa a los violentos-empresarios de las drogas la biodiversidad, la arqueología maya y tantos otros valores naturales que albergan las áreas protegidas?
Y esto me da pie a cuestionar nuevamente otro resabio del Estatismo, causa a la vez de los incendios forestales: las áreas protegidas. Tanto el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) como su marco legal, la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89), han demostrado con creces ser un fracaso total. El 52% de la cobertura forestal que constituye el “sistema” está en franco deterioro y amenaza; el más reciente Inventario Forestal Nacional (2006-2010) demuestra que, de cada 4 hectáreas de bosque que se pierden en el país, 3 se ubican dentro de áreas protegidas. Este fenómeno confirma que las áreas protegidas en realidad son las más des-protegidas y ello es consecuencia de no tener el incentivo adecuado para su conservación: la propiedad privada. Al no tener dueño ni las condiciones de mercados libres y gobierno limitado a sus funciones propias (seguridad, justicia e infraestructura), estas áreas se ven sometidas a diversos fenómenos de degradación: invasiones, extracción insostenible de maderas y vida silvestre, deforestación, plagas e incendios forestales. El Estado nunca será apto, ni suficiente ni eficaz en estas materias.
Otra de las causas que se esgrimen con frecuencia es el tema de las rozas por parte de agricultores. Aquí el análisis me lleva a concluir que estas prácticas son necesarias y económicamente rentables derivado de la escases de capital y baja tecnificación en la limpia de los terrenos. La agricultura de pequeña escala, como tantas otras actividades económicas, se encuentran sometidas a una serie de regulaciones, impuestos, condiciones y distorsiones que no permiten mejorar y transitar hacia mejores tecnologías, inversiones y prácticas. El caso de la caña de azúcar es por demás interesante: durante la época de zafra se queman muchas áreas y de ellas no derivan necesariamente en incendios forestales.
No es la falta de capacidades o recursos del CONAP, o del SIPECIF o de la CONRED. Es sencillamente que esa no es una función propia del Estado sino de los privados, quienes de forma individual u organizada seguramente lo harían mejor. La Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) ha demostrado durante más de 20 años que, cuando hay más o menos claridad en los derechos de propiedad, es posible prevenir los incendios forestales en más de 500 mil hectáreas y controlarlos cuando estos ocurren. Y cuando aún bajo condiciones de propiedad privada suceden estos fenómenos, es vital que exista, en primera instancia, un fuerte sistema de justicia y mecanismos arbitrales que determinen si hay mano criminal, y de haberla obligar a resarcir o compensar el daño.
Lamentablemente, pocos advierten que el problema de los incendios forestales es uno de índole económico y político, yace en las instituciones (la propiedad y la justicia). Lo que es aún peor es que, el presidente Morales comete el gravísimo error de solicitar al Congreso apruebe de urgencia otra ley específica para la protección de la biósfera maya. ¿Cuándo entenderán los políticos que no es cuestión de más leyes sino de mejores Instituciones? ¿Y que ello pasa más bien por derogar decenas de leyes malas, entre ellas la Ley de Áreas Protegidas, las leyes que planifican, protegen y subsidian las actividades agropecuarias y la Ley contra la Narcoactividad? Es por esto, estimado lector, que con los incendios forestales arde el Estatismo. ¡Piénsalo!
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Jorge David Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Miembro de 5 Reformas Guatemala y del Foro Liberal de América Latina. Sus artículos se publican en varios medios digitales en América Latina.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo