El 22 de febrero la Corte de Constitucionalidad realizó la vista sobre el caso de las hidroeléctricas de OXEC. Según la Ley, tienen 3 días para pronunciarse extensibles hasta 8 días si el caso lo requiriere, y es importante destacar que en casos de amparo todos los días y horas son hábiles. Ya pasó un mes y medio, y los flamantes magistrados no se pronuncian. Me da la impresión que eso no es precisamente “respetar” las Leyes.

El tema de las hidroeléctricas es realmente un absurdo dantesco, pero en este caso en especial, uno no sabe si reír o llorar de ver tanto diletantismo e irracionalidad. 

La persona por la cual empezó todo está absurda oposición a las hidroeléctricas se encuentra prófugo de la justicia por haber estafado al Estado cobrando un sueldo sin haberse presentado a trabajar durante 20 (veinte) meses entre enero 2012 y agosto 2013. Se trata por supuesto, del hipócrita y farsante de Bernardo Caal. El tipo no vive en la región, los habitantes de la zona ya se pronunciaron ante la CC en favor de las hidroeléctricas que para ellos representan energía barata, trabajo y progreso, pero los señores magistrados no parecen entender (o querer entender) ni la “O” por lo redondo. Caal es pues un farsante que vive en Chimaltenango, en un condominio “re bonito” (creo que no ha caído en la cuenta que paga energía eléctrica) y pero que se registró como domiciliado en Caabón. 

O sea que un farsante, delincuente y estafador que recibe dinero de Europa para organizar bloqueos en carreteras y protestas a granel es el causante de que corramos el riesgo de volver a los años en que el recibo de la luz era impagable. ¿Y nos vamos a dejar?

Aún existen gentes con dos dedos de frente en Guatemala que se pronuncian. La Asociación de Amigos del País (AMP) presentó una intervención de tercero ante la CC en favor de las hidroeléctricas, y su presidente, el licenciado Ignacio Andrade dijo que la acción obedeció a la preocupación de la AMP ante los efectos nocivos de varias resoluciones emitidas por la CC, tanto en el aspecto de la certeza jurídica que van en detrimento de la inversión tanto local como extranjera, y con respecto a las potenciales demandas que Guatemala podría enfrentar planteadas por parte de inversionistas extranjeros. 

El atraso de la CC en pronunciarse ya se pasó de la raya, pero esperemos que se deba a que están tratando de entender el concepto, antes de meter la pata más profundamente y causarle un daño al país, porque espero sus cerebros comprendan que cerrar estas hidroeléctricas no es nada más dañar a las empresas, es dañar a la gente, dañar su bolsillo y el mío, ya que todos consumimos energía eléctrica.

 
 

República es ajena a la opinión expresada en este artículo