El 27 de marzo la municipalidad de Chinique, Quiché, compró por Q2.4 millones una motoniveladora y una retroexcavadora a la empresa Alquiler de Tractores Sociedad Anónima (Altracsa), cuyo representante legal es Marco Antonio Recinos Sandoval, quien está ligado a proceso penal por el caso Cooptación del Estado.
La adquisición fue hecha por medio de una licitación pública y es la única adjudicada este año a la empresa fundada el 18 de enero del 2000 y que a partir del 2007 suma Q355.2 millones entre adjudicación de licitaciones, cotización o compras directas, según el portal de Guatecompras.
El representante legal es sindicado por el Ministerio Público (MP) del delito de financiamiento electoral ilícito al supuestamente haber aportado Q11 millones al Partido Patriota (PP).
Marco Antonio es hermano del exdiputado del PP, William Rubén Recinos Sandoval, quien estuvo hasta la legislatura pasada durante tres períodos consecutivos como parlamentario representando al departamento de Jalapa.
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Con medida sustitutiva
Marco Antonio se entregó el 13 de junio de 2016 luego de que iniciara la audiencia de primera declaración en el Caso Cooptación del Estado.
A diferencia de otros señalados de financiamiento ilegal en el caso Cooptación del Estado, fue beneficiado por el juez Miguel Ángel Gálvez, con una medida sustitutiva.
Actualmente “está ligado a proceso, ya fue acusado y tiene medida sustitutiva”, informó el departamento de comunicación del Ministerio Público.
Antecedentes
No es la primera vez que Altracsa y su representante legal se ven envueltos en negocios dudosos con el Estado. En 2014 el Ministerio de Desarrollo (Mides), que tiene como principal función la ejecución de programas sociales, compró sin licitar y sin tener la facultad legal maquinaria pesada a Altracsa por un monto de Q101.4 millones.
Un informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) de marzo de 2015, detalla que el dinero provenía de los recursos no reembolsables del Fidecomiso de Desarrollo Social, lo cual, según expertos, en temas de transparencia dificulta la fiscalización.
Pero las irregularidades, en esa ocasión, no terminaron ahí. “Es importante mencionar que se emitió Constancia de Disponibilidad Presupuestaria en donde se establece que existe la estructura y disponibilidad presupuestaria para el pago del proyecto así como la partida presupuestaria que le corresponde por un monto de Q14,382,277.50; no obstante no emitieron la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria por Q87,013,773.50”, cita el informe de la CGC.
Debido al rosario de anomalías, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió la compra a finales de noviembre del 2014.
El 27 de marzo la municipalidad de Chinique, Quiché, compró por Q2.4 millones una motoniveladora y una retroexcavadora a la empresa Alquiler de Tractores Sociedad Anónima (Altracsa), cuyo representante legal es Marco Antonio Recinos Sandoval, quien está ligado a proceso penal por el caso Cooptación del Estado.
La adquisición fue hecha por medio de una licitación pública y es la única adjudicada este año a la empresa fundada el 18 de enero del 2000 y que a partir del 2007 suma Q355.2 millones entre adjudicación de licitaciones, cotización o compras directas, según el portal de Guatecompras.
El representante legal es sindicado por el Ministerio Público (MP) del delito de financiamiento electoral ilícito al supuestamente haber aportado Q11 millones al Partido Patriota (PP).
Marco Antonio es hermano del exdiputado del PP, William Rubén Recinos Sandoval, quien estuvo hasta la legislatura pasada durante tres períodos consecutivos como parlamentario representando al departamento de Jalapa.
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Con medida sustitutiva
Marco Antonio se entregó el 13 de junio de 2016 luego de que iniciara la audiencia de primera declaración en el Caso Cooptación del Estado.
A diferencia de otros señalados de financiamiento ilegal en el caso Cooptación del Estado, fue beneficiado por el juez Miguel Ángel Gálvez, con una medida sustitutiva.
Actualmente “está ligado a proceso, ya fue acusado y tiene medida sustitutiva”, informó el departamento de comunicación del Ministerio Público.
Antecedentes
No es la primera vez que Altracsa y su representante legal se ven envueltos en negocios dudosos con el Estado. En 2014 el Ministerio de Desarrollo (Mides), que tiene como principal función la ejecución de programas sociales, compró sin licitar y sin tener la facultad legal maquinaria pesada a Altracsa por un monto de Q101.4 millones.
Un informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) de marzo de 2015, detalla que el dinero provenía de los recursos no reembolsables del Fidecomiso de Desarrollo Social, lo cual, según expertos, en temas de transparencia dificulta la fiscalización.
Pero las irregularidades, en esa ocasión, no terminaron ahí. “Es importante mencionar que se emitió Constancia de Disponibilidad Presupuestaria en donde se establece que existe la estructura y disponibilidad presupuestaria para el pago del proyecto así como la partida presupuestaria que le corresponde por un monto de Q14,382,277.50; no obstante no emitieron la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria por Q87,013,773.50”, cita el informe de la CGC.
Debido al rosario de anomalías, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió la compra a finales de noviembre del 2014.