Las semanas transcurren, el país se sumerge en más problemas y enfrenta nuevos escenarios. La semana empezó con las grandes aspiraciones del Comité de Desarrollo Campesino en convertirse en un partido político, a pesar de tener una imagen tan deslegitimizada.  El problema con este tipo de organizaciones es que se enfoca únicamente en defender determinados intereses, no representando los de una mayoría y se alejan de la realidad nacional de nuestro país.

Recordemos las manifestaciones llevadas a cabo por esta organización campesina el mes pasado, en donde exigían cosas inviables y poco prácticas. Entre sus principales temas de interés durante estas manifestaciones se encontraba la nacionalización de la energía eléctrica y la renuncia del presidente Morales, la cual no contaba con los argumentos suficientes y era fuera de lugar.

Varios integrantes de este grupo campesino como Román Raymundo López han sido aprendidos por actuar constantemente fuera del marco de la ley. Buscan beneficiarse aprovechándose de las comunidades y desinformándolos para poder cubrir los intereses de algunos de sus dirigentes. Este grupo únicamente se ha dedicado a ser uno de presión, resguardando una mínima cantidad de intereses que no buscan el bien común de todos los ciudadanos guatemaltecos.

El problema es que las acciones de CODECA la mayoría de veces quebrantan las leyes para lograr sus fines, buscando lograrlos de una forma ilícita continuamente. Es muy difícil considerarlos legítimos, menos con la capacidad de conformar un partido político, si no llevan sus acciones conforme a la ley.

Por otro lado, el Organismo Ejecutivo decretó Estado de Calamidad debido a los incendios forestales que han estado afectando al territorio nacional. El Estado de Calamidad Pública en Guatemala se contempla en la Ley de Orden Público y es aplicada por el Organismo Ejecutivo para evitar los posibles daños a cualquier calamidad que azote al país, como está sucediendo con estos incendios. El Congreso es quien debe deliberar y decidir sobre el mismo, se le otorga un plazo de tres días para que lo conozca, ratifique, modifique o impruebe y así se respeta la división de poderes.

El fin del Estado de Calamidad se hace en virtud de que existen condiciones que se originan de emergencias, en este caso los continuos incendios. El Ministerio de Finanzas Públicas debe identificar y asignar los recursos necesarios para atender las emergencias y trasladarlos a las unidades para que ejecuten el gasto.

Lo importante es que los diputados deliberen en base al interés nacional, que piensen en el bien de los ciudadanos y del país, no conforme a los intereses de sus partidos o de los propios. Preocupa que el declarar estado de calamidad pública sea un cheque en blanco para el ejecutivo, por lo que debe existir una transparencia en los gastos y que se busque proteger al país.

Por último, el pasado miércoles se dio a conocer el trámite de antejuicio presentado por el Ministerio Público en contra del diputado Fernando Linares por el delito de discriminación, pues en una conferencia mencionó que los discapacitados eran un gasto para el país.

Además de esto, el Ministerio Público solicitó información de la situación Financiera y la labor parlamentaria del diputado Herbert Melgar Padilla.  Este congresista considera la acción como una revancha política, pues el diputado cuestionó la honorabilidad el Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Lo importante es que se cumpla con los debidos procesos, que se respete los derechos de las personas que serán juzgadas. De esta forma las autoridades no tomaran decisiones arbitrarias, sino que estarán sujetas a los procedimientos que la ley indica.