Líderes de las 11 comunidades afectadas por el cierre temporal de las hidroeléctricas Oxec l y ll, piden a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) no dejarse influenciar por una persona que es prófuga de la ley.

Esto debido a que Bernardo Caal, quien interpuso un amparo contra las hidroeléctricas, se encuentra prófugo de la justicia, acusado por el Ministerio de Público (MP) de estafar al Estado.

Según los comunitarios, Caal actúa por su propio beneficio y es impulsado por organizaciones no gubernamentales que están al supuesto cuidado del medio ambiente.

Además, solicitan que las hidroeléctricas vuelvan a funcionar, ya que el cierre de labores repercute en los proyectos para 20 mil personas.

Programas de salud, educación, alimentación, techos mínimos, construcciones de iglesias, paneles solares y entrega de instrumentos musicales, son algunos de los beneficios que se han detenido por el cierre temporal de las empresas.