La ausencia de certeza jurídica, conflictividad social, oposición a proyectos mineros, suspensión de licencias de operación o la negativa de prorrogarlas, impiden que el país aproveche el potencial minero que tiene.
En el primer trimestre del año los ingresos por regalías ascendieron a Q26.2 millones, evidenciando una reducción del 22.5% en comparación con igual período del año pasado cuando se ubicaron en Q33.8 millones, según el Ministerio de Finanzas Públicas (MFP).
La caída se hace más grande, 46.6%, si se compara con hace cinco años; y es que de enero a marzo del 2012 estas sumaron Q49.1 millones, de acuerdo con la cartera del Tesoro.
Los datos muestran cómo se ha dejado de aprovechar, con el paso del tiempo, las actividades productivas que generan ingresos al Estado y crean fuentes de empleo en las áreas rurales donde operan.
Entre cierre y negativa
El inicio del cierre de las operaciones de la Mina Marlin, que a diciembre del año pasado generaba 1 mil 184 empleos, es una de las razones de la reducción en los ingresos de regalías.
Marlin es una de las tres minas grandes de la nación; las otras dos son San Rafael, que opera en Santa Rosa, y la Compañía Guatemalteca de Níquel, que funciona en Izabal.
“Desgraciadamente ellos tramitaron una expansión de su licencia, pero les fue negada; entonces, cierran sus operaciones y se van a otro país”, afirmó Mario Orellana, presidente de la Gremial de Minas.
La baja en la recaudación de regalías “es solo una muestra de los efectos nefastos que ha tenido la suspensión de licencias debido a la supuesta falta de consulta previa informada como lo manda el Convenio 169, y resalto lo de supuesto, porque todas las empresas han cumplido aun así cuando no les corresponde hacerlo sino al Estado”, indicó Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Asociación para el Desarrollo de la Libertad y el Desarrollo (ALDS).
La Puya, un año sin operar
El proyecto minero conocido como La Puya, que ya lleva un año de estar suspendido, es un ejemplo de la ausencia de certeza jurídica que ahuyenta las inversiones en estas actividades productivas.
Para Castellanos, la Corte de Constitucionalidad (CC) “de una forma bastante irresponsable ha suspendido licencias y esto deriva en que las empresas ya no están produciendo nada y tributando menos. Ese es un problema muy grande para el país, no solo por la reducción de regalías sino también en el alejamiento de la inversión, porque no hemos tenido ninguna inversión nueva e importante en el país porque no hay clima de inversión”.
En tanto que Orellana enfatizó que están “luchando a nivel gremial para que la industria minera pueda florecer, dar trabajo, generar divisas e impuestos, entre otros, porque Guatemala es un país con mucho potencial minero”.
La ausencia de certeza jurídica, conflictividad social, oposición a proyectos mineros, suspensión de licencias de operación o la negativa de prorrogarlas, impiden que el país aproveche el potencial minero que tiene.
En el primer trimestre del año los ingresos por regalías ascendieron a Q26.2 millones, evidenciando una reducción del 22.5% en comparación con igual período del año pasado cuando se ubicaron en Q33.8 millones, según el Ministerio de Finanzas Públicas (MFP).
La caída se hace más grande, 46.6%, si se compara con hace cinco años; y es que de enero a marzo del 2012 estas sumaron Q49.1 millones, de acuerdo con la cartera del Tesoro.
Los datos muestran cómo se ha dejado de aprovechar, con el paso del tiempo, las actividades productivas que generan ingresos al Estado y crean fuentes de empleo en las áreas rurales donde operan.
Entre cierre y negativa
El inicio del cierre de las operaciones de la Mina Marlin, que a diciembre del año pasado generaba 1 mil 184 empleos, es una de las razones de la reducción en los ingresos de regalías.
Marlin es una de las tres minas grandes de la nación; las otras dos son San Rafael, que opera en Santa Rosa, y la Compañía Guatemalteca de Níquel, que funciona en Izabal.
“Desgraciadamente ellos tramitaron una expansión de su licencia, pero les fue negada; entonces, cierran sus operaciones y se van a otro país”, afirmó Mario Orellana, presidente de la Gremial de Minas.
La baja en la recaudación de regalías “es solo una muestra de los efectos nefastos que ha tenido la suspensión de licencias debido a la supuesta falta de consulta previa informada como lo manda el Convenio 169, y resalto lo de supuesto, porque todas las empresas han cumplido aun así cuando no les corresponde hacerlo sino al Estado”, indicó Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Asociación para el Desarrollo de la Libertad y el Desarrollo (ALDS).
La Puya, un año sin operar
El proyecto minero conocido como La Puya, que ya lleva un año de estar suspendido, es un ejemplo de la ausencia de certeza jurídica que ahuyenta las inversiones en estas actividades productivas.
Para Castellanos, la Corte de Constitucionalidad (CC) “de una forma bastante irresponsable ha suspendido licencias y esto deriva en que las empresas ya no están produciendo nada y tributando menos. Ese es un problema muy grande para el país, no solo por la reducción de regalías sino también en el alejamiento de la inversión, porque no hemos tenido ninguna inversión nueva e importante en el país porque no hay clima de inversión”.
En tanto que Orellana enfatizó que están “luchando a nivel gremial para que la industria minera pueda florecer, dar trabajo, generar divisas e impuestos, entre otros, porque Guatemala es un país con mucho potencial minero”.