El desenlace de la crisis venezolana queda en manos exclusivas del Ejército.
En su texto, “El orden político en las sociedades en cambio”, Samuel Huntington introdujo el concepto del Pretorianismo. El mismo se refiere a la tradición de intervención de militares en política, muy común en América Latina, Asia y África durante la segunda mitad del siglo XX.
Para Huntington, el pretorianismo tenía dos causas: la débil institucionalidad de los Estados, lo que provocaba que no existieran procesos ni instituciones capaces de matizar el conflicto político; y la fortaleza del estamento armado, que en sistemas políticos débiles, se convertía en una invitación para que los militares asumieran el rol de “árbitros”. También explica la razón de los golpes de Estado, de las contrarrevoluciones, los procesos revolucionarios dirigidos desde el estamento armado, o la protección a ultranza de gobiernos deslegitimados o presa de la crisis política. Los ejércitos básicamente fungían como el filtro del sistema: ellos decidían si era necesario el cambio político, la restauración o la conservación.
El ejemplo paradigmático moderno del Pretorianismo es el caso de Venezuela.
Luego de la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de finales de 2015, la crisis interorgánica se ha hecho presente. Primero, con el esfuerzo de los asambleístas de oposición de promover un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, el cual fue bloqueado por el Consejo Nacional Electoral. Luego, a raíz de la votación de enero 2017, en la cual la Asamblea declaró como “no apto para el mando” al Presidente Maduro como consecuencia de las violaciones al orden democrático y la crisis económica y social. Como consecuencia de ello, el Tribunal Supremo de Justicia despojó de su inmunidad a los parlamentarios opositores y asumió tareas legislativas. Dicho evento desencadenó la crisis marzo-abril 2017, que ha provocado reacciones de parte de la Organización de Estados Americanos, multitudinarias marchas en rechazo al gobierno del presidente Maduro, y un sinfín de enfrentamientos entre activistas de oposición y fuerzas del orden.
Sin embargo, la salida a la crisis no provendrá de la presión social o de los mecanismos constitucionales. Por el contrario, la llave del proceso político recae en manos de las Fuerzas Armadas. Desde el 2002 a la fecha, el Ejército venezolano ha asumido el rol de “árbitro político de última instancia”, y su actuación ha condicionado el devenir de los acontecimientos. En el 2002, cuando una rama militar participó del golpe fallido contra Chávez, se vivió el momento más débil del régimen. Del 2003 a la fecha, el Ejército venezolano ha mantenido su apoyo irrestricto al gobierno de Chávez y Maduro, lo que les ha permitido a ambos sostenerse en el poder a pesar de la debacle económica, la crisis política y el estallido social.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
El desenlace de la crisis venezolana queda en manos exclusivas del Ejército.
En su texto, “El orden político en las sociedades en cambio”, Samuel Huntington introdujo el concepto del Pretorianismo. El mismo se refiere a la tradición de intervención de militares en política, muy común en América Latina, Asia y África durante la segunda mitad del siglo XX.
Para Huntington, el pretorianismo tenía dos causas: la débil institucionalidad de los Estados, lo que provocaba que no existieran procesos ni instituciones capaces de matizar el conflicto político; y la fortaleza del estamento armado, que en sistemas políticos débiles, se convertía en una invitación para que los militares asumieran el rol de “árbitros”. También explica la razón de los golpes de Estado, de las contrarrevoluciones, los procesos revolucionarios dirigidos desde el estamento armado, o la protección a ultranza de gobiernos deslegitimados o presa de la crisis política. Los ejércitos básicamente fungían como el filtro del sistema: ellos decidían si era necesario el cambio político, la restauración o la conservación.
El ejemplo paradigmático moderno del Pretorianismo es el caso de Venezuela.
Luego de la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de finales de 2015, la crisis interorgánica se ha hecho presente. Primero, con el esfuerzo de los asambleístas de oposición de promover un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, el cual fue bloqueado por el Consejo Nacional Electoral. Luego, a raíz de la votación de enero 2017, en la cual la Asamblea declaró como “no apto para el mando” al Presidente Maduro como consecuencia de las violaciones al orden democrático y la crisis económica y social. Como consecuencia de ello, el Tribunal Supremo de Justicia despojó de su inmunidad a los parlamentarios opositores y asumió tareas legislativas. Dicho evento desencadenó la crisis marzo-abril 2017, que ha provocado reacciones de parte de la Organización de Estados Americanos, multitudinarias marchas en rechazo al gobierno del presidente Maduro, y un sinfín de enfrentamientos entre activistas de oposición y fuerzas del orden.
Sin embargo, la salida a la crisis no provendrá de la presión social o de los mecanismos constitucionales. Por el contrario, la llave del proceso político recae en manos de las Fuerzas Armadas. Desde el 2002 a la fecha, el Ejército venezolano ha asumido el rol de “árbitro político de última instancia”, y su actuación ha condicionado el devenir de los acontecimientos. En el 2002, cuando una rama militar participó del golpe fallido contra Chávez, se vivió el momento más débil del régimen. Del 2003 a la fecha, el Ejército venezolano ha mantenido su apoyo irrestricto al gobierno de Chávez y Maduro, lo que les ha permitido a ambos sostenerse en el poder a pesar de la debacle económica, la crisis política y el estallido social.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo