Los representantes legales de la hidroeléctrica OXEC, José Quesada y Valeria Prado, expresaron este jueves que por la falta de respuesta jurídica luego de 65 días de estar suspendidas las operaciones de la empresa, los accionistas decidieron acudir a instancias internacionales apoyados en los Tratados de Libre Comercio que Guatemala tiene suscritos con otras naciones.

Quesada comenta que los accionistas acudirán a los distintos tribunales de sus países para denunciar la falta de certeza jurídica por parte del Estado de Guatemala, ya que según el artículo 77 de la Ley de Amparo, “ya se ha configurado un retardo malicioso que les genera responsabilidad”.

“La situación de la hidroeléctrica es difícil, pero si pasan dos meses será irreparable. El ataque es político e ideológico ya que lo que pretende el Colectivo Madre Selva, que apoya a Bernardo Caal, es que las comunidades puedan generar la electricidad, lo cual es muy difícil”, subraya el representante legal.

Cada vez hay menos inversión en el país por este tipo de acciones, dice Quesada. “Al rebajar el precio de la energía permite otro tipo de inversiones y si es barata, será más fácil hacer un producto en el país. El mensaje que se da es que En Guatemala no necesariamente con obtener todos lo permisos solicitados por la ley, se va a respetar la existencia de su negocio y tenemos la capacidad de expropiarlo cuando nos dé la gana“, enfatiza.

La figura Bernardo Caal

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) presentó el miércoles una denuncia legal “fundamentada en los artículos 390 y 394 del Código Penal, donde se indica de las acciones promovidas los últimos meses por Caal, quien públicamente ha manifestado su interés por desestabilizar al sector hidroeléctrico y generar conflicto”.

Con esta denuncia, la CIG busca “proteger los derechos de la población vecina a los proyectos de generación, al acceso al trabajo digno con prestaciones”, como indican los artículos 101 y 102 de la Constitución de la República.

“Luego que la Corte Suprema de Justicia amparó a Caal, cayó en el mismo juego”, afirma Quesada y “esto causó muchas contradicciones del propio Estado entre sí, entre instituciones como el Ministerio de Energía y Minas, lo que motivó las consultas a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad”.

“No se entiende cómo es posible que por una omisión del Estado, y bajo la premisa de tutelar el derecho de consulta que se desprende del Convenio 169 de la OIT, se violenten los derechos de libertad, industria, propiedad, trabajo, derechos adquiridos por las comunidades como la salud y otros convenios alcanzados en la consulta realizada por el Ministerio de Energía y Minas”, comenta Quesada

“El empresario actuando de buena fe cumplió con todos los requisitos que le pidió el Estado y obtuvo las autorizaciones para invertir y operar el proyecto. No se puede afectar al empresarios por omisiones propias del estado” dice el representante legal”, dijo.

Programas de salud insostenibles

Debido a la suspensión de la hidroeléctrica Oxec, los programas de salud y sostenibilidad de la comunidad Santa María Cahabón, Alta Verapaz, han sido cancelados, expresa Valeria Prado representante legal.

Prado afirma que cerca de 6 mil 500 personas eran beneficiadas con el programa de salud y con este esfuerzo se redujo la mortalidad de mujeres embarazadas a cero; sin embargo, ante la incertidumbre judicial han tenido que abandonar el programa.

Ya iniciaron con el despido de mil doscientas personas entre empleos directos e indirectos. Las pérdidas son incalculables. La inversión en el proyecto es de alrededor de US$320 millones. Oxec genera 86 megavatios, lo que se traduce en el 10 por ciento de la generación eléctrica total.