En el pasado mes de enero se registraron cinco nuevos casos de invasión de tierras y con ellos sumaron 241 en todo el territorio nacional. El problema afecta a propiedades privadas y áreas protegidas.
De ese total, siete de cada 10 se concentran, en su orden, en Alta Verapaz, Quiché e Izabal, según el Informe de Monitoreo de la Política y Conflictividad Agraria elaborado por la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA).
Las invasiones representan el 17% de los 1 mil 418 conflictos agrarios que azotan al país; los otros problemas son generados, entre otros, por la disputa de derechos y límites territoriales.
En Alta Verapaz, 43 ocupaciones se ubican en el Valle del Polochic; 44 en Chisec, 20 en Izabal y 23 en El Estor (el informe separa a este último municipio del Valle del Polochic). También reporta 8 casos en Nebaj y 2 en Quiché.
El informe de la citada Secretaría también señala que 52 áreas bajo resguardo del Concejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) fueron invadidas y estas se ubican en Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, límite entre Escuintla y Sacatepéquez, Sololá, Quiché y Petén.
De los 22 departamentos en que se divide la nación, siete no reportan este problema: Sacatepéquez, Zacapa, Totonicapán, Chimaltenango, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa.
Casos más graves
Por la violencia con que se cometen las invasiones, la participación de grupos organizados y armados, por los daños causados a las inversiones privadas y por ser un obstáculo al desarrollo económico y social de la región, los peores casos documentados hasta el momento se registran en el Valle del Polochic.
Esta región que comprende los municipios de Tactic, Tamahú, Tucurú, La Tinta y Panzós en Alta Verapaz; Purulhá en Baja Verapaz y El Estor y Livingston en Izabal, se caracterizan por la débil presencia del Estado en temas seguridad y cadena de justicia.
Y es en esta franja del territorio nacional donde la usurpación de propiedades, y la destrucción de cultivos que se encuentran en estas, se ha vuelto un problema creciente y sin fin, en especial en Panzós y El Estor.
En ambos municipios hay en total actualmente 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y dos patrullas, según un informe de la Alianza para el Desarrollo Río Dulce-Polochic.
Pérdidas y pobreza
En esta región el caso más reciente es la invasión, hace más de dos meses, de la finca Palestina, ubicada en Panzós. Esta acción ilegal ha afectado los ingresos de 200 familias y generado pérdidas por Q600 mil. Los invasores han destruido plantaciones de palma de aceite y saquearon la casa patronal.
Sin embargo, el caso más grave es, quizá, el del ingenio Chabil Utzaj, que dejó de operar debido a la usurpación de varias de sus fincas y reporta pérdidas por US$100 millones. La empresa generaba 3 mil empleos directos y 9 mil indirectos.
En El Estor también ocurre lo mismo. Los invasores de la Finca Santa Rosa han erradicado plantaciones, matado ganado y causado daños a la infraestructura de la propiedad. Los daños causados se estiman en Q2 millones.
Lo mismo ocurre con la finca Tzinté, ubicada en el mismo municipio, y donde se han destruido, desde su invasión en 2016, bosques de hule y se ha amenazado permanentemente a los trabajadores y propietarios de la finca.
De forma vedada o manifiesta, los invasores son apoyados o manipulados por el Comité de Unidad Campesina (CUC), Frente Nacional de Lucha (FNL), Fundación Guillermo Toriello, Fundación Turcios Lima, Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, Defensoría Q´eqchi. Todas estas organizaciones tienen presencia en el Valle del Polochic.
Ingobernabilidad
Las autoridades de seguridad y justicia se muestran reacias a ejecutar órdenes de desalojo en esta región, y cuando se llevan a cabo, la reacción de los grupos organizados dedicados a esta actividad ilegal es violenta.
El mejor ejemplo de ello es el intento de desalojo de la finca El Murciélago, el 26 de octubre de 2016. En esa ocasión los agentes de la PNC fueron atacados por los invasores con armas de fuego y ello dejó a un agente herido de bala y otro lesionado con una piedra. Para evitar una tragedia el operativo se suspendió y tras la salida de las autoridades de seguridad los terrenos fueron nuevamente invadidos por los usurpadores.
La ingobernabilidad fue puesta de manifiesto de nuevo a principios del año en curso, cuando seis agentes de la PNC que integraban la División de Protección a la Naturaleza (Diprona), detuvieron en ruta de El Estor a un hombre que llevaba un camión con madera de rosul, la cual es una especie protegida. Poco después una turba los secuestró, golpeó y les robó las armas que portaban. Luego de agredirlos los dejaron abandonados en unos matorrales.
Freno al desarrollo
El Plan de Desarrollo Municipal de Panzós, elaborado en 2010 por la comuna y la Secretaría de Planificación de la Presidencia (Segeplan), pone de manifiesto las consecuencias sociales que dejan las usurpaciones de tierras.
“Dicha situación ha condicionado directamente la economía del municipio ya que los inversionistas públicos y privados no desean invertir en el territorio municipal ya que temen un confrontamiento con los pobladores, esto ha generado una ausencia en la inversión de los sectores públicos y privados, lo cual ha mermado considerablemente la dinamización de la economía municipal”, se señala en el Plan de Desarrollo Municipal de Panzós, que además indica que el 98% de la población es Q´echí y el 85.5% de la población vive en pobreza y 34.6% en pobreza extrema.
Un informe a abril elaborado por la Alianza para el Desarrollo Río Dulce-Polochic, remarca que “un estudio realizado entre 35 comunidades de la región reveló que la principal necesidad expresada por los pobladores es la del empleo, esta surgió muy por encima de la educación, programas sociales y acceso a la tierra. Las inversiones de las empresas son vistas como la única fuente de empleo”.
También destaca que debido a las usurpaciones, la región se han perdido o afectado más de 4 mil 225 empleos directos y más de 12 675 indirectos. Y que las empresas reportan pérdidas por Q145.3 millones y la región ha dejado de percibir, por año, Q360 millones. A ello se suma más de 5 mil hectáreas afectadas por quema y tala de cultivos, tala de áreas forestales y otros daños materiales.
En el pasado mes de enero se registraron cinco nuevos casos de invasión de tierras y con ellos sumaron 241 en todo el territorio nacional. El problema afecta a propiedades privadas y áreas protegidas.
De ese total, siete de cada 10 se concentran, en su orden, en Alta Verapaz, Quiché e Izabal, según el Informe de Monitoreo de la Política y Conflictividad Agraria elaborado por la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA).
Las invasiones representan el 17% de los 1 mil 418 conflictos agrarios que azotan al país; los otros problemas son generados, entre otros, por la disputa de derechos y límites territoriales.
En Alta Verapaz, 43 ocupaciones se ubican en el Valle del Polochic; 44 en Chisec, 20 en Izabal y 23 en El Estor (el informe separa a este último municipio del Valle del Polochic). También reporta 8 casos en Nebaj y 2 en Quiché.
El informe de la citada Secretaría también señala que 52 áreas bajo resguardo del Concejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) fueron invadidas y estas se ubican en Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, límite entre Escuintla y Sacatepéquez, Sololá, Quiché y Petén.
De los 22 departamentos en que se divide la nación, siete no reportan este problema: Sacatepéquez, Zacapa, Totonicapán, Chimaltenango, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa.
Casos más graves
Por la violencia con que se cometen las invasiones, la participación de grupos organizados y armados, por los daños causados a las inversiones privadas y por ser un obstáculo al desarrollo económico y social de la región, los peores casos documentados hasta el momento se registran en el Valle del Polochic.
Esta región que comprende los municipios de Tactic, Tamahú, Tucurú, La Tinta y Panzós en Alta Verapaz; Purulhá en Baja Verapaz y El Estor y Livingston en Izabal, se caracterizan por la débil presencia del Estado en temas seguridad y cadena de justicia.
Y es en esta franja del territorio nacional donde la usurpación de propiedades, y la destrucción de cultivos que se encuentran en estas, se ha vuelto un problema creciente y sin fin, en especial en Panzós y El Estor.
En ambos municipios hay en total actualmente 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y dos patrullas, según un informe de la Alianza para el Desarrollo Río Dulce-Polochic.
Pérdidas y pobreza
En esta región el caso más reciente es la invasión, hace más de dos meses, de la finca Palestina, ubicada en Panzós. Esta acción ilegal ha afectado los ingresos de 200 familias y generado pérdidas por Q600 mil. Los invasores han destruido plantaciones de palma de aceite y saquearon la casa patronal.
Sin embargo, el caso más grave es, quizá, el del ingenio Chabil Utzaj, que dejó de operar debido a la usurpación de varias de sus fincas y reporta pérdidas por US$100 millones. La empresa generaba 3 mil empleos directos y 9 mil indirectos.
En El Estor también ocurre lo mismo. Los invasores de la Finca Santa Rosa han erradicado plantaciones, matado ganado y causado daños a la infraestructura de la propiedad. Los daños causados se estiman en Q2 millones.
Lo mismo ocurre con la finca Tzinté, ubicada en el mismo municipio, y donde se han destruido, desde su invasión en 2016, bosques de hule y se ha amenazado permanentemente a los trabajadores y propietarios de la finca.
De forma vedada o manifiesta, los invasores son apoyados o manipulados por el Comité de Unidad Campesina (CUC), Frente Nacional de Lucha (FNL), Fundación Guillermo Toriello, Fundación Turcios Lima, Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, Defensoría Q´eqchi. Todas estas organizaciones tienen presencia en el Valle del Polochic.
Ingobernabilidad
Las autoridades de seguridad y justicia se muestran reacias a ejecutar órdenes de desalojo en esta región, y cuando se llevan a cabo, la reacción de los grupos organizados dedicados a esta actividad ilegal es violenta.
El mejor ejemplo de ello es el intento de desalojo de la finca El Murciélago, el 26 de octubre de 2016. En esa ocasión los agentes de la PNC fueron atacados por los invasores con armas de fuego y ello dejó a un agente herido de bala y otro lesionado con una piedra. Para evitar una tragedia el operativo se suspendió y tras la salida de las autoridades de seguridad los terrenos fueron nuevamente invadidos por los usurpadores.
La ingobernabilidad fue puesta de manifiesto de nuevo a principios del año en curso, cuando seis agentes de la PNC que integraban la División de Protección a la Naturaleza (Diprona), detuvieron en ruta de El Estor a un hombre que llevaba un camión con madera de rosul, la cual es una especie protegida. Poco después una turba los secuestró, golpeó y les robó las armas que portaban. Luego de agredirlos los dejaron abandonados en unos matorrales.
Freno al desarrollo
El Plan de Desarrollo Municipal de Panzós, elaborado en 2010 por la comuna y la Secretaría de Planificación de la Presidencia (Segeplan), pone de manifiesto las consecuencias sociales que dejan las usurpaciones de tierras.
“Dicha situación ha condicionado directamente la economía del municipio ya que los inversionistas públicos y privados no desean invertir en el territorio municipal ya que temen un confrontamiento con los pobladores, esto ha generado una ausencia en la inversión de los sectores públicos y privados, lo cual ha mermado considerablemente la dinamización de la economía municipal”, se señala en el Plan de Desarrollo Municipal de Panzós, que además indica que el 98% de la población es Q´echí y el 85.5% de la población vive en pobreza y 34.6% en pobreza extrema.
Un informe a abril elaborado por la Alianza para el Desarrollo Río Dulce-Polochic, remarca que “un estudio realizado entre 35 comunidades de la región reveló que la principal necesidad expresada por los pobladores es la del empleo, esta surgió muy por encima de la educación, programas sociales y acceso a la tierra. Las inversiones de las empresas son vistas como la única fuente de empleo”.
También destaca que debido a las usurpaciones, la región se han perdido o afectado más de 4 mil 225 empleos directos y más de 12 675 indirectos. Y que las empresas reportan pérdidas por Q145.3 millones y la región ha dejado de percibir, por año, Q360 millones. A ello se suma más de 5 mil hectáreas afectadas por quema y tala de cultivos, tala de áreas forestales y otros daños materiales.