El 2015 es un año que los guatemaltecos no podemos olvidar. Ese año, finalmente despertó en nosotros un profundo furor ciudadano. Un furor que marcó un “alto” a la corrupción que tanto daño le estaba haciendo a nuestra sociedad. Ese 2015, los guatemaltecos nos dimos cuenta que solo nosotros tenemos el poder de cambiar el rumbo de nuestro país. Me atrevo a decir que, dos años después, la llama del cambio no emana el mismo calor que antes y corre el riesgo de extinguirse.
Ciertamente las marchas y manifestaciones pacíficas dieron resultados, ya que varios casos fueron presentados a las cortes. Sin embargo, los ciudadanos esperábamos una justicia pronta y cumplida, la cual no se ha logrado. Esa es una primera fuente de frustración ciudadana. A ello se le suma la frustración por el desmantelamiento de una serie de relaciones contractuales con el Estado, sea por corrupción real, sospechada o simplemente porque es posible. Servicios quizás cuestionados, pero que antes funcionaban bien y que no han sido oportunamente suplantados, lo cual ha implicado enormes retrocesos para la ciudadanía. Otros servicios que simplemente se cancelaron, no por corrupción sino porque, en esta era de cacería de brujas, era menos arriesgado dejar de ofrecer un servicio que exponerse a ser la próxima víctima de la justicia mediática.
El caso quizás más burdo es el desmantelamiento del primer nivel de atención de salud bajo el pretexto que existía corrupción. Digo “burdo” porque se argumentó la existencia de corrupción para implementar un sistema alterno que favorecía la corrupción. Otro ejemplo es la falta de pasaportes y del documento personal de identificación (DPI), lo cual viola nuestro derecho a la identidad, y además, nos niega derechos como contratación a un trabajo, matrimonio, viajar, cambiar un cheque, entre muchos otros trámites. Según datos oficiales, 70 mil guatemaltecos pretenden tramitar el pasaporte en Estados Unidos, mientras que unos 350 mil se encuentran a la espera de su DPI. Por otro lado, El Correo dejó de funcionar por una dejadez en el Congreso, quizás para evitar ser cuestionados por renovar un contrato con un ente privado. ¿Cuál es el costo a la ciudadanía de haber suspendido el Correo y quién lo asume? En fin, el listado de reveses es largo: puertos suspendidos, carreteras inconclusas, lagos que siguen contaminados, etcétera. En el afán de lavarse la cara, el Congreso implementa controles para saciar el clamor popular. Sin embargo, los controles son tan “efectivos” que ya no se puede ejecutar ni siquiera para contrarrestar algún tipo de emergencia, como lo fue el caso de los incendios forestales en Petén.
Quiero ser claro. No pretendo defender o justificar relaciones contractuales con vicios. Lo que busco es despertar conciencia que la lucha contra la corrupción, en el corto plazo, ha generado más costos que beneficios para la ciudadanía. Eso hace que nuestra lucha sea vulnerable debido a la erosión de ese respaldo ciudadano que la hizo viable. En Guatemala urge agilizar una nueva forma de ejecución honesta y restaurar servicios que afectan la calidad de vida del ciudadano, para así mantener vigente nuestra lucha contra la corrupción.
En un país como el nuestro, con grandes retos y una tremenda debilidad institucional, la lucha contra la corrupción es importantísima. El daño que genera la corrupción es imposible de calcular. Hace unos años, el Banco Mundial estimó que el costo de la corrupción en nuestro país supone un 20% del presupuesto nacional, lo cual equivale a Q14 mil millones. Pero más allá de este cálculo, en la práctica, la corrupción supone un costo palpable para todos los guatemaltecos. Le afecta a un campesino del interior que ya no puede comerciar sus productos agrícolas porque estos se echaron a perder debido al mal estado en que se encuentran las carreteras, y le afecta a una madre de familia que no puede vacunar a sus hijos por la falta de insumos médicos en su centro de salud. Todos somos víctimas de este terrible mal.
En el largo plazo, la teoría nos dice que la lucha contra la corrupción generará un ambiente más propicio de inversión, generación de empleo y calidad de vida para los ciudadanos. Pero la hoguera de nuestra lucha depende de leña para mantenerse encendida. Hoy la leña que representa el poder ciudadano se encuentra húmeda y enmohecida. ¿Cómo conectamos la lucha contra la corrupción con beneficios palpables para la ciudadanía? ¿Cómo nos aseguramos que las cortes dicten más sentencias firmes y apegadas a derecho para los casos de corrupción? Eso le daría un ímpetu renovado a la veeduría ciudadana y dotaría de significado a las innumerables marchas en la plaza del 2015. No podemos permitir que nuestra llama se apague. Debemos redoblar esfuerzos por restaurar esos servicios básicos, para que la lucha contra la corrupción genere una impresión positiva en la ciudadanía y, sobretodo, para que se mantenga viva nuestra llama por salir a la plaza y visibilizar los actos de corrupción.
@salva_paiz
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
El 2015 es un año que los guatemaltecos no podemos olvidar. Ese año, finalmente despertó en nosotros un profundo furor ciudadano. Un furor que marcó un “alto” a la corrupción que tanto daño le estaba haciendo a nuestra sociedad. Ese 2015, los guatemaltecos nos dimos cuenta que solo nosotros tenemos el poder de cambiar el rumbo de nuestro país. Me atrevo a decir que, dos años después, la llama del cambio no emana el mismo calor que antes y corre el riesgo de extinguirse.
Ciertamente las marchas y manifestaciones pacíficas dieron resultados, ya que varios casos fueron presentados a las cortes. Sin embargo, los ciudadanos esperábamos una justicia pronta y cumplida, la cual no se ha logrado. Esa es una primera fuente de frustración ciudadana. A ello se le suma la frustración por el desmantelamiento de una serie de relaciones contractuales con el Estado, sea por corrupción real, sospechada o simplemente porque es posible. Servicios quizás cuestionados, pero que antes funcionaban bien y que no han sido oportunamente suplantados, lo cual ha implicado enormes retrocesos para la ciudadanía. Otros servicios que simplemente se cancelaron, no por corrupción sino porque, en esta era de cacería de brujas, era menos arriesgado dejar de ofrecer un servicio que exponerse a ser la próxima víctima de la justicia mediática.
El caso quizás más burdo es el desmantelamiento del primer nivel de atención de salud bajo el pretexto que existía corrupción. Digo “burdo” porque se argumentó la existencia de corrupción para implementar un sistema alterno que favorecía la corrupción. Otro ejemplo es la falta de pasaportes y del documento personal de identificación (DPI), lo cual viola nuestro derecho a la identidad, y además, nos niega derechos como contratación a un trabajo, matrimonio, viajar, cambiar un cheque, entre muchos otros trámites. Según datos oficiales, 70 mil guatemaltecos pretenden tramitar el pasaporte en Estados Unidos, mientras que unos 350 mil se encuentran a la espera de su DPI. Por otro lado, El Correo dejó de funcionar por una dejadez en el Congreso, quizás para evitar ser cuestionados por renovar un contrato con un ente privado. ¿Cuál es el costo a la ciudadanía de haber suspendido el Correo y quién lo asume? En fin, el listado de reveses es largo: puertos suspendidos, carreteras inconclusas, lagos que siguen contaminados, etcétera. En el afán de lavarse la cara, el Congreso implementa controles para saciar el clamor popular. Sin embargo, los controles son tan “efectivos” que ya no se puede ejecutar ni siquiera para contrarrestar algún tipo de emergencia, como lo fue el caso de los incendios forestales en Petén.
Quiero ser claro. No pretendo defender o justificar relaciones contractuales con vicios. Lo que busco es despertar conciencia que la lucha contra la corrupción, en el corto plazo, ha generado más costos que beneficios para la ciudadanía. Eso hace que nuestra lucha sea vulnerable debido a la erosión de ese respaldo ciudadano que la hizo viable. En Guatemala urge agilizar una nueva forma de ejecución honesta y restaurar servicios que afectan la calidad de vida del ciudadano, para así mantener vigente nuestra lucha contra la corrupción.
En un país como el nuestro, con grandes retos y una tremenda debilidad institucional, la lucha contra la corrupción es importantísima. El daño que genera la corrupción es imposible de calcular. Hace unos años, el Banco Mundial estimó que el costo de la corrupción en nuestro país supone un 20% del presupuesto nacional, lo cual equivale a Q14 mil millones. Pero más allá de este cálculo, en la práctica, la corrupción supone un costo palpable para todos los guatemaltecos. Le afecta a un campesino del interior que ya no puede comerciar sus productos agrícolas porque estos se echaron a perder debido al mal estado en que se encuentran las carreteras, y le afecta a una madre de familia que no puede vacunar a sus hijos por la falta de insumos médicos en su centro de salud. Todos somos víctimas de este terrible mal.
En el largo plazo, la teoría nos dice que la lucha contra la corrupción generará un ambiente más propicio de inversión, generación de empleo y calidad de vida para los ciudadanos. Pero la hoguera de nuestra lucha depende de leña para mantenerse encendida. Hoy la leña que representa el poder ciudadano se encuentra húmeda y enmohecida. ¿Cómo conectamos la lucha contra la corrupción con beneficios palpables para la ciudadanía? ¿Cómo nos aseguramos que las cortes dicten más sentencias firmes y apegadas a derecho para los casos de corrupción? Eso le daría un ímpetu renovado a la veeduría ciudadana y dotaría de significado a las innumerables marchas en la plaza del 2015. No podemos permitir que nuestra llama se apague. Debemos redoblar esfuerzos por restaurar esos servicios básicos, para que la lucha contra la corrupción genere una impresión positiva en la ciudadanía y, sobretodo, para que se mantenga viva nuestra llama por salir a la plaza y visibilizar los actos de corrupción.
@salva_paiz
República es ajena a la opinión expresada en este artículo