Para muchos de los que defienden hoy a capa y espada el proceso de Reformas Constitucionales, éste no es más que un asunto político que hay que defender porque lo propuso Iván Velásquez y Thelma Aldana, quienes han dirigido la lucha contra la impunidad desde sus ámbitos desde el 2015. Por otro lado, muchos de los que se oponen a reformar la Constitución prefieren el status quo así como está.

Pero también estamos otros como yo, que creemos en la imperante necesidad de independizar a los jueces, de optimizar el sector justicia, de hacer grandes y buenos cambios… pero no estos cambios. No los que nos quieren imponer.

Antes de que usted piense que alguien me pagó para escribir lo que escribo (ya quisiera yo), aquí van un par de consideraciones.

En primer lugar, y como ya he escrito alguna vez, la Constitución es la cúspide del ordenamiento jurídico. Es ese pilar que sostiene al resto de leyes e instituciones que componen nuestro Estado. De ahí que no sea tan sencillo editar lo que la Constitución establece, y modificar al mismo tiempo la forma de ser de nuestro país. Es por eso que desde 1985 hasta nuestros días, la misma constitución, con solo dos intentos de cambiar lo que dice y uno solo exitoso, sostengan nuestro ordenamiento jurídico.

El proceso de reformas, por sí mismo, no es nada malo. Es más, puede resultar muy beneficioso si los principios y estatutos que se cambien corrijan los problemas de actualidad con soluciones reales y eficaces. Cosa que no pasa en el proceso actual.

Si se ha hablado tanto de lo peligroso que es convertirse en “otra Venezuela”, es porque Venezuela se convirtió en lo que es hoy por medio de la concentración del poder y la eliminación de cualquier indicio de oposición al oficialismo. Precisamente dos factores que concurren hoy.

El primero de ellos, con la propuesta actual del Consejo de Administración Judicial. Seguramente, quien sea que haya pensado en reformar la Constitución y crear este organismo, pensó (y con mucha razón) que es imperante eliminar toda mancha de corrupción del sistema que se supone debe mantener el orden a través del ejercicio de la jurisdicción. Qué noble ideal, pero qué pobre propuesta. Si la idea de quitar funciones como la elección y remoción de jueces y magistrados es el origen, la solución no es en ningún caso concentrar todas estas funciones en un órgano sin ninguna certeza de incorruptibilidad y antitransparencia.

Sobre todo, porque eso de no rendirle cuentas a nadie se me hace una facultad todopoderosista que no merece nadie. Todopoderosista, así como el presidente de un país sudamericano que lleva por apellido “Maduro”. Juzgue usted.

Y el otro factor, que es la eliminación de toda oposición, es algo un poco menos tangible. Pero con la ineptitud de algunos de los  jefes a cargo del proceso, notoriamente corrupto. Por ejemplo: ¿qué otra forma tenemos para saber si los procesos de votación en el Congreso de la República son transparentes que el tablero electrónico que muestra los votos con nombre y apellido? Pues bien, ese mismo tablero dejó casualmente de funcionar al inicio de esta semana.

Otra cosa muy totalitarista es evitar el debate. Salirse del hemiciclo para romper quórum, evitar el ingreso de opositores porque son opositores, declarar guerras mediáticas con poco más que basura que no informa sino hace exactamente lo opuesto.

El proceso, sin embargo, no ha terminado y la lucha por un país mejor y más libre continúa. Si usted no es parte de él, lo invito a informarse y tomar una postura racional y fundamentada, porque con la Constitución no se juega.

Reformas sí, pero no así.

 

República es ajena a la opinión expresada en este artículo