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Lucrecia Hernández: “Ahora me toca trabajar para garantizar el derecho a la salud”

Ana González
07 de mayo, 2017

Lucrecia Hernández Mack ha comprendido la diferencia que existe entre exigir el derecho a la salud y tener la responsabilidad de garantizarlo, y para ello, ahora sabe que debe ordenar uno de los tantos problemas en la cartera: los excesos en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.

¿Por qué se quiere anular algunos artículos del Pacto Colectivo?

En agosto del 2013 se suscribió el Pacto Colectivo y fue en el 2015 que el sindicato mayoritario demandó al Estado de Guatemala por incumplimiento. Este año se realizó una audiencia donde se presentó una contrademanda ya que no se puede cumplir por cuestiones legales y financieras.

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Se busca anular el bono de antigüedad real que genera inequidad y un bono incentivo. Además de viáticos, el pago millonario al abogado que suscribió el contrato y se amplió la contrademanda para anular las licencias sindicales.

¿Cómo funcionan las licencias sindicales?

El Pacto establece que las licencias no son otorgadas por el empleador sino a partir de la estructura u organización del mismo sindicato. Ellos definen si quieren abrir nuevas filiales y eso automáticamente les concede licencia a los representantes.

Si bien las licencias son reconocidas en las leyes laborales, la forma como se definen calculamos que unos dos mil trabajadores gozan de licencia. Esto quiere decir que tenemos dos mil personas que no están trabajando en sus labores sino se dedican a actividades sindicales.

En cuanto a los bonos, ¿cuánto representa para el Ministerio cumplir con esos pagos extra?

Hemos hecho un cálculo de la deuda que se tiene con esos bonos y calculamos unos Q400 millones, solamente de 16 meses.

¿Cómo se encuentra la relación con los trabajadores luego de la contrademanda que se presentó?

Desde el 21 de febrero se generó mucha desinformación y hubo muchas medidas de hecho que afectó a la población. Seguimos haciendo un llamado al diálogo, pero al momento no hemos tenido respuesta.

¿Qué pasará si no se logran anular esos artículos?

Con una orden judicial habrá que cumplir. El problema con estos compromisos es que, si hay orden judicial y uno no cumple, puede ir a la cárcel, pero si uno cumple también comete ilegalidades. Nos generaría un dilema sobre las bases legales, financieras y administrativas.

¿Es posible enmendar los errores de autoridades anteriores?

El Ministerio de Salud podría ser un primer ensayo de revisar esas actuaciones pasadas y enmendar la plana. En este caso, esta revisión se da a partir de una demanda del mismo sindicato y abre la puerta para la revisión del Pacto Colectivo por parte del Estado.

¿Cómo es lidiar con 23 sindicatos?

Muchas de las demandas sindicales tienen su razón de ser. La institución le ha fallado a sus trabajadores y hay demandas que sí hay que atenderse. Sin embargo, hay otras, como las que están en las cláusulas que riñe con la ley, que no pueden cumplirse.

¿Se ha sentido atacada?

Hay mucha desinformación que ha generado medidas de hecho y ataques. En la audiencia que se sigue por la anulación del Pacto hubo muchas expresiones intimidatorias contra abogados del equipo.

¿De dónde provienen esos ataques?

Sentimos que hemos tocado intereses de grupos diversos, aunque no sabemos exactamente de quiénes. El Pacto, organizar los procesos administrativos y contrataciones, contar con manuales para todo, contratos abiertos, puede ser que eso esté tocando intereses de actores que habían formado redes clientelares a lo interno.

Como ciudadana criticó mucho el actuar de las autoridades. ¿cambió su percepción al asumir el puesto?

Hay un cambio. Mi formación ha sido sobre sistemas y políticas de salud, como ciudadana cumplía con mi rol de demandar el derecho a la salud y ahora estando al frente del Ministerio no me toca demandar el derecho a la salud, sino me toca trabajar para garantizar ese derecho.

¿Se puede arreglar la situación de la salud pública en un gobierno?

Cuando vemos cuántos centros de salud y lo multiplicamos por la población que debería de atender, tenemos una red de servicio para 6.6 millones, que es la población que el país tenía en 1975, hay un rezago de 40 años. Calculamos que si tenemos el apoyo ciudadano y político, podríamos ponerlos al día en 10 o 15 años.

Lucrecia Hernández: “Ahora me toca trabajar para garantizar el derecho a la salud”

Ana González
07 de mayo, 2017

Lucrecia Hernández Mack ha comprendido la diferencia que existe entre exigir el derecho a la salud y tener la responsabilidad de garantizarlo, y para ello, ahora sabe que debe ordenar uno de los tantos problemas en la cartera: los excesos en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.

¿Por qué se quiere anular algunos artículos del Pacto Colectivo?

En agosto del 2013 se suscribió el Pacto Colectivo y fue en el 2015 que el sindicato mayoritario demandó al Estado de Guatemala por incumplimiento. Este año se realizó una audiencia donde se presentó una contrademanda ya que no se puede cumplir por cuestiones legales y financieras.

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¿Cómo funcionan las licencias sindicales?

El Pacto establece que las licencias no son otorgadas por el empleador sino a partir de la estructura u organización del mismo sindicato. Ellos definen si quieren abrir nuevas filiales y eso automáticamente les concede licencia a los representantes.

Si bien las licencias son reconocidas en las leyes laborales, la forma como se definen calculamos que unos dos mil trabajadores gozan de licencia. Esto quiere decir que tenemos dos mil personas que no están trabajando en sus labores sino se dedican a actividades sindicales.

En cuanto a los bonos, ¿cuánto representa para el Ministerio cumplir con esos pagos extra?

Hemos hecho un cálculo de la deuda que se tiene con esos bonos y calculamos unos Q400 millones, solamente de 16 meses.

¿Cómo se encuentra la relación con los trabajadores luego de la contrademanda que se presentó?

Desde el 21 de febrero se generó mucha desinformación y hubo muchas medidas de hecho que afectó a la población. Seguimos haciendo un llamado al diálogo, pero al momento no hemos tenido respuesta.

¿Qué pasará si no se logran anular esos artículos?

Con una orden judicial habrá que cumplir. El problema con estos compromisos es que, si hay orden judicial y uno no cumple, puede ir a la cárcel, pero si uno cumple también comete ilegalidades. Nos generaría un dilema sobre las bases legales, financieras y administrativas.

¿Es posible enmendar los errores de autoridades anteriores?

El Ministerio de Salud podría ser un primer ensayo de revisar esas actuaciones pasadas y enmendar la plana. En este caso, esta revisión se da a partir de una demanda del mismo sindicato y abre la puerta para la revisión del Pacto Colectivo por parte del Estado.

¿Cómo es lidiar con 23 sindicatos?

Muchas de las demandas sindicales tienen su razón de ser. La institución le ha fallado a sus trabajadores y hay demandas que sí hay que atenderse. Sin embargo, hay otras, como las que están en las cláusulas que riñe con la ley, que no pueden cumplirse.

¿Se ha sentido atacada?

Hay mucha desinformación que ha generado medidas de hecho y ataques. En la audiencia que se sigue por la anulación del Pacto hubo muchas expresiones intimidatorias contra abogados del equipo.

¿De dónde provienen esos ataques?

Sentimos que hemos tocado intereses de grupos diversos, aunque no sabemos exactamente de quiénes. El Pacto, organizar los procesos administrativos y contrataciones, contar con manuales para todo, contratos abiertos, puede ser que eso esté tocando intereses de actores que habían formado redes clientelares a lo interno.

Como ciudadana criticó mucho el actuar de las autoridades. ¿cambió su percepción al asumir el puesto?

Hay un cambio. Mi formación ha sido sobre sistemas y políticas de salud, como ciudadana cumplía con mi rol de demandar el derecho a la salud y ahora estando al frente del Ministerio no me toca demandar el derecho a la salud, sino me toca trabajar para garantizar ese derecho.

¿Se puede arreglar la situación de la salud pública en un gobierno?

Cuando vemos cuántos centros de salud y lo multiplicamos por la población que debería de atender, tenemos una red de servicio para 6.6 millones, que es la población que el país tenía en 1975, hay un rezago de 40 años. Calculamos que si tenemos el apoyo ciudadano y político, podríamos ponerlos al día en 10 o 15 años.