La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó el amparo provisional por el caso Oxec I y Oxec II, pero resolvió que deben seguir las operaciones de las hidroeléctricas, condicionadas a que, en un plazo de 12 meses, se realice la consulta indígena a cargo del Ministerio de Energía y Minas.

El aval de este fallo se dio con la venia de todos los magistrados que durante más de dos meses elaboraron una “resolución estructural” para que en este y otros casos similares, quede establecido cómo se resolverán los planteamientos legales, dijo Francisco de Mata Vela, presidente de la Corte.

La CC acordó establecer el plazo de doce meses para cumplir con el requerimiento de consulta indígena establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “para no afectar el funcionamiento de las empresas”.

Este plazo se puede prorrogar, siempre y cuando no sea responsabilidad de la compañía, sino que de las autoridades o de las propias comunidades, se establece en la resolución.

“Hemos construido una sentencia estructurada que va más allá de resolver un caso concreto. El Estado ha incumplido por más de 20 años al no emitir la normativa que debe regular el proceso de consultas a los pueblos indígenas y ello trajo una serie de problemas y consecuencias que no se han logrado resolver”, añadió de Mata Vela.

Además, el funcionario subrayó que la CC “está conminando al Congreso para que también cumpla con el papel que le corresponde en torno a legislar en el tema”, es decir, que apruebe el reglamento del Convenio 169.

Oxec se mostró complacida por la sentencia definitiva de la Corte y dijo que acatará el fallo del máximo órgano constitucional del país.

Mientras tanto, Anayté Guardado, directora ejecutiva de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), comenta que la sentencia es una “gran oportunidad para que las instituciones, empresas y sectores busquen consensos en beneficio del país”.

Además, enfatiza que todos deben asumir con responsabilidad el reto de este fallo.

 

Los magistrados dieron a conocer el fallo definitivo la noche de este viernes, tras más de dos meses de conocer el caso.

 

Inversión y beneficio social

La hidroeléctrica ha invertido US$300 millones en los dos proyectos, beneficiando con ello a las comunidades cercanas con empleo, desarrollo social y atención médica, además de proyectos educativos.

Algunos de los beneficios de la presencia de la empresa en Santa María Cahabón son los siguientes:

 7,300 consultas médicas, acompañadas de medicamentos que son distribuidos de manera gratuita, junto con vitaminas y campañas de vacunación.
El programa se amplió en el último trimestre de 2016 para alcanzar una cobertura de 20 mil personas y, se espera abarcar en el 2017 a 40 mil, es decir 82 por ciento de la población total del municipio.

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