Por: César Sigüenza

Las mejoras al sector justicia han sido el eje central de muchas de las reformas legales y políticas que se han hecho en América Latina durante las últimas décadas. Dentro de estas, el objetivo final por alcanzar es el de asegurar una mayor independencia judicial. Esta independencia se debe entender en dos dimensiones, pues existe la independencia judicial interna, que es la que se refiere de forma individual para el juez y que implica la capacidad de generar resoluciones sin presiones externas de parte de los usuarios del sistema o de otros jueces y magistrados, y la independencia externa, que se refiere a la autonomía del Poder Judicial respecto del Ejecutivo y el Congreso de la República.

A su vez, esta serie de reformas han incluido diversos temas, que van desde la digitalización de los documentos y de los procesos, pasando por notificaciones electrónicas, boletines electrónicos, más oralidad, gratuidad en la defensa en todas las materias, hasta la conformación de los Consejos de la Magistratura y la Carrera Judicial. Cabe resaltar que en ninguno de los países en donde se lograron los cambios, el proceso ha sido fácil. De hecho, todas las reformas exitosas han requerido de liderazgos políticos muy grandes.

Dentro de estos procesos de reforma se ha evidenciado que la región latinoamericana comparte aspectos comunes. Ya que como región se comparten experiencias y contextos parecidos, lo que nos aconseja considerar los ejercicios llevados en estos países para aprender y prever errores.

La justicia no es solo un conjunto de procesos, no es una actividad mecánica, y para mejorar su administración en un Estado es importante pensar en la forma en que las sociedades perciben la justicia y el Derecho. Es por esto que para producir una acertada propuesta de reforma al Sector Justicia, se hace necesario que se discuta sobre qué tipo de Poder Judicial se quiere y se determinen qué principios deben fundamentar el diseño institucional.

En especial es preciso discutir sobre la posible conformación, funciones y herramientas de fiscalización de un eventual Consejo de la Magistratura o Consejo de Administración Judicial. Esto pues en otros países de la región, en donde se ha decidido crear un Consejo sumamente independiente y aislado, en los que la Corte Suprema está desvinculada completamente, se ha cuestionado qué tan deseable o peligroso es la independencia absoluta, ya que quien es absolutamente independiente responde únicamente ante sí mismo y eso es tan peligroso como ser dependiente.

Otro de los grandes hallazgos en la región es que cambios aislados y puntuales, como el alza salarial para los jueces, no necesariamente generan sentencias más justas o procesos más ágiles. Por esta razón los reformistas deben considerar otros elementos complementarios, a fin de realizar propuestas que tengan una visión integral.

Por lo tanto, considerando la urgencia de realizar un reforma que garantice la independencia del Poder Judicial y lo aleje del control por parte de intereses externos, es prioritario continuar con la discusión sobre qué aspectos se deben reformar a nivel constitucional y de legislación ordinaria, analizar y proponer las políticas que se deben implementar en el Poder Judicial, y reconocer que su puesta en vigencia necesitará de un plazo prudencial y una aplicación gradual, entendiendo que estos tipo de ajustes alcanzan sus objetivos en un mediano plazo.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo