En el 2015 a raíz de los escándalos de corrupción en el gobierno de turno se iniciaron las reformas a diferentes leyes con el propósito de combatir el abuso de poder, despilfarro y robo de los impuestos. Una de las leyes que se discutió reformar fue la Ley Electoral y de Partidos Políticos, LEPP.
Se propusieron varios cambios desde la forma de elección, las cuotas en las listas de candidatos, el castigo temporal a diputados tránsfugas, la repartición “justiciera e igualitaria” de la publicidad, así como la fiscalización del financiamiento a los partidos.
Con la premisa de que es el financiamiento privado el que corrompe a los candidatos a puestos de elección se aprobó limitar el financiamiento privado y aumentar el financiamiento público, así como centralizar la compra de publicidad para asegurar la “igualdad” de espacios y limitar el pago de “favores” a los financistas. Con estas ideas en mente se publicaron las reformas a la LEPP, Decreto 26-2016.
Ahora que se discuten las nuevas reformas a la LEPP es importante saber en dónde estamos y hacia dónde se deberían encaminar los cambios que logren mejorar el sistema electoral y por consiguiente la oferta política que cada cuatro años pareciera ir en detrimento, con sus honorables excepciones.
En cuanto al financiamiento y fiscalización, las más recientes reformas modificaron el artículo 21 para darle más funciones al Tribunal Supremo Electoral, TSE. Lo faculta para solicitar información a distintos organismos del gobierno a fin de fiscalizar el origen de los recursos de los partidos. La Ley obliga a llevar una serie de libros de control de los ingresos públicos y privados, así como a llevar una sola cuenta bancaria en cada nivel de organización.
Se mantuvo el monto de la deuda política en dos dólares por voto válido emitido a su favor, siempre que logre por lo menos el 5% de los votos válidos o haya logrado “colar” a un diputado en el Congreso. Se cambió que ahora, por ley, dicho financiamiento está destinado en porcentajes establecidos a diferentes actividades partidistas como formación y capacitación de afiliados, actividades de funcionamiento nacional, departamental y municipal.
Esta “deuda” que paga el gobierno se divide en cuatro partes y se entrega anualmente en julio excepto el año de elecciones que se paga en enero. Cabe aclarar que no es del gobierno de dónde salen estos recursos, sino que son los ciudadanos quienes realmente pagan el financiamiento de los partidos a través de sus tributos. Son los ciudadanos quienes financian las actividades partidistas sin importar si comulga con las ideas del partido.
Son los tributarios quienes son obligados a financiar a los partidos con la excusa de combatir la corrupción y asegurar la independencia de los partidos. Si bien es cierto, las demás secciones del artículo 21 establece mecanismos de control y registro, límites máximo de gastos de campaña; me queda la duda si el TSE posee la suficiente fuerza coercitiva e independencia para hacer valer la Ley ante diputados que en determinado momento elegirán a los magistrados de dicho tribunal.
También son los tributarios quienes financian la campaña electoral ya que en año de elecciones parte del presupuesto del TSE se debe destinar al “acceso igualitario” a los espacios y tiempos en los medios de comunicación. El monto que se destine para financiar la campaña de los partidos deberá ser por lo menos del 0.25% de los ingresos ordinarios, es decir, de los impuestos que pagamos.
Así que si hacemos cuentas, los ingresos ordinarios aprobados para el presupuesto 2017 son de casi Q59 mil millones; el 0.25% equivale a Q147.5 millones. Dinero que sale de su bolsillo y se destinaría para asegurar que los partidos tengan “acceso igualitario” a la propaganda en los medios.
Si a lo anterior, tomamos en cuenta que el TSE sólo pagará el 20% del valor real, estaríamos hablando de una campaña electoral de Q737.5 millones financiada por los tributarios y dueños de cualquier medio de comunicación.
El financiamiento forzado de los partidos políticos por parte de los tributarios, no reducirá la corrupción y abuso de poder de los políticos, no disuadirá a los mercantilistas y vividores del gobierno a buscar “mecanismos” para asegurarse contratos con el Estado, ya que el poder discrecional de los burócratas permanece casi intacto sino es que, en algunos casos, aumentado
Por si no lo sabía, ahora es usted (el tributario) el mayor financista de las actividades partidistas y de campaña pero, ¿realmente esto reducirá la corrupción y compra de “favores” de los mercantilistas? ¿O sólo aumentaron las expectativas de “ganancias” electoreras de algunos candidatos?
@Md30
Facebook.com/Mda30
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
En el 2015 a raíz de los escándalos de corrupción en el gobierno de turno se iniciaron las reformas a diferentes leyes con el propósito de combatir el abuso de poder, despilfarro y robo de los impuestos. Una de las leyes que se discutió reformar fue la Ley Electoral y de Partidos Políticos, LEPP.
Se propusieron varios cambios desde la forma de elección, las cuotas en las listas de candidatos, el castigo temporal a diputados tránsfugas, la repartición “justiciera e igualitaria” de la publicidad, así como la fiscalización del financiamiento a los partidos.
Con la premisa de que es el financiamiento privado el que corrompe a los candidatos a puestos de elección se aprobó limitar el financiamiento privado y aumentar el financiamiento público, así como centralizar la compra de publicidad para asegurar la “igualdad” de espacios y limitar el pago de “favores” a los financistas. Con estas ideas en mente se publicaron las reformas a la LEPP, Decreto 26-2016.
Ahora que se discuten las nuevas reformas a la LEPP es importante saber en dónde estamos y hacia dónde se deberían encaminar los cambios que logren mejorar el sistema electoral y por consiguiente la oferta política que cada cuatro años pareciera ir en detrimento, con sus honorables excepciones.
En cuanto al financiamiento y fiscalización, las más recientes reformas modificaron el artículo 21 para darle más funciones al Tribunal Supremo Electoral, TSE. Lo faculta para solicitar información a distintos organismos del gobierno a fin de fiscalizar el origen de los recursos de los partidos. La Ley obliga a llevar una serie de libros de control de los ingresos públicos y privados, así como a llevar una sola cuenta bancaria en cada nivel de organización.
Se mantuvo el monto de la deuda política en dos dólares por voto válido emitido a su favor, siempre que logre por lo menos el 5% de los votos válidos o haya logrado “colar” a un diputado en el Congreso. Se cambió que ahora, por ley, dicho financiamiento está destinado en porcentajes establecidos a diferentes actividades partidistas como formación y capacitación de afiliados, actividades de funcionamiento nacional, departamental y municipal.
Esta “deuda” que paga el gobierno se divide en cuatro partes y se entrega anualmente en julio excepto el año de elecciones que se paga en enero. Cabe aclarar que no es del gobierno de dónde salen estos recursos, sino que son los ciudadanos quienes realmente pagan el financiamiento de los partidos a través de sus tributos. Son los ciudadanos quienes financian las actividades partidistas sin importar si comulga con las ideas del partido.
Son los tributarios quienes son obligados a financiar a los partidos con la excusa de combatir la corrupción y asegurar la independencia de los partidos. Si bien es cierto, las demás secciones del artículo 21 establece mecanismos de control y registro, límites máximo de gastos de campaña; me queda la duda si el TSE posee la suficiente fuerza coercitiva e independencia para hacer valer la Ley ante diputados que en determinado momento elegirán a los magistrados de dicho tribunal.
También son los tributarios quienes financian la campaña electoral ya que en año de elecciones parte del presupuesto del TSE se debe destinar al “acceso igualitario” a los espacios y tiempos en los medios de comunicación. El monto que se destine para financiar la campaña de los partidos deberá ser por lo menos del 0.25% de los ingresos ordinarios, es decir, de los impuestos que pagamos.
Así que si hacemos cuentas, los ingresos ordinarios aprobados para el presupuesto 2017 son de casi Q59 mil millones; el 0.25% equivale a Q147.5 millones. Dinero que sale de su bolsillo y se destinaría para asegurar que los partidos tengan “acceso igualitario” a la propaganda en los medios.
Si a lo anterior, tomamos en cuenta que el TSE sólo pagará el 20% del valor real, estaríamos hablando de una campaña electoral de Q737.5 millones financiada por los tributarios y dueños de cualquier medio de comunicación.
El financiamiento forzado de los partidos políticos por parte de los tributarios, no reducirá la corrupción y abuso de poder de los políticos, no disuadirá a los mercantilistas y vividores del gobierno a buscar “mecanismos” para asegurarse contratos con el Estado, ya que el poder discrecional de los burócratas permanece casi intacto sino es que, en algunos casos, aumentado
Por si no lo sabía, ahora es usted (el tributario) el mayor financista de las actividades partidistas y de campaña pero, ¿realmente esto reducirá la corrupción y compra de “favores” de los mercantilistas? ¿O sólo aumentaron las expectativas de “ganancias” electoreras de algunos candidatos?
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República es ajena a la opinión expresada en este artículo