El director del Hospital Roosevelt, Carlos Enrique Soto, escribió en su cuenta de Twitter que los auditores de la Contraloría General de Cuentas (CGC) no hicieron bien su trabajo y, según él, la entidad “nos obligó a entregar hallazgos imaginarios de última hora para salvar su pellejo, inaudito”.

“Nos obligaron, sino fuera así no lo pongo en el tweet. Nos vedaron el derecho de defensa. Vemos con tristeza que todas las pruebas de descargo no las tomaron en cuenta. Es un abuso de autoridad”, dijo Soto en una comunicación telefónica y agregó que está evaluando poner una denuncia penal por esta situación.

En otro tuit comentó que “la pregunta del millón: ¿es una persecución para que al Contralor no lo investiguen? Los contralores son corruptos. El MP debería investigar”.

En el informe de auditoría presentado este martes, del Hospital Roosevelt se dice que la CGC formuló cargos al Hospital Roosevelt, por Q193,752 debido a faltante de medicamentos.

Los hallazgos de la Contraloría

En cuanto a la auditoría a nóminas de personal, la Contraloría General de Cuentas (CGC), presentó 36 denuncias por un total de Q293.5 millones de las cuales 27 corresponden al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), por un monto de Q291.2 millones.

A ello se suman seis a Educación por Q516,003. El resto corresponden al Ministerio de Agricultura, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y Ministerio de Finanzas.

La CGC detectó que en el Hospital de Escuintla dos personas que tienen relación laboral en el MSPAS y en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), “trabajan en el mismo turno”, afirmó Carlos Mencos, titular de la CGC.

En el Hospital San Juan de Dios se determinó que existe una persona que cuenta con una plaza en el nosocomio y tiene otra en UNAERC, “entidad a la que sí llega a trabajar”.

También se determinó que el Hospital San Juan de Dios 12 personas contratadas bajo los renglones 011 y 182 también laboran en otras instituciones públicas o privadas que están directamente relacionadas con la salud, a pesar de que “los horarios son incompatibles”.

Además, se determinó que 540 personas no se encuentran desempeñando sus labores en las unidades ejecutoras asignadas, bajo el argumento de que estas fueron trasladadas a otras unidades en toda la república; sin embargo, en muchos de los casos no se encuentran con el debido nombramiento y no evidencian control alguno de las tareas que realizan.