Dos días después de conocerse el informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) donde detalla 27 hallazgos contra la directiva presidida por Mario Taracena, el presidente Oscar Chinchilla junto a varios jefes de bloque se pronunciaron y dejaron ver las acciones que tomarán contra los señalamientos que consideran”espurios”.
Los congresistas coincidieron que se basaron en normativas que no son aplicables al Congreso de la República. “Nos están atribuyendo una ley de servicio civil que es para el Organismo Ejecutivo”, declaró Chinchilla al mismo tiempo que informó que pidieron una contrarevisión.
Sumado a eso se sumarán acciones legales. Orlando Blanco, jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) anunció que accionarán penalmente contra los auditores que elaboraron el informe por violar la Ley de Servicio Civil y la Ley del Orgánica del Congreso.
“Nosotros tenemos jurisdicción particular como la tiene el Organismo Ejecutivo como la tiene el Organismo Judicial, ellos nos están aplicando normativas que competen al Ejecutivo, ellos cometieron delito de abuso de autoridad”, declaró.
El informe de la Contraloría
La CGC presentó una denuncia penal contra la directiva del Congreso que presidió Mario Taracena por irregularidades en la contratación de personal bajo el renglón 022, por un monto de Q72.8 millones.
Otras supuestas ilegalidades son: No existe evidencia acerca de la prestación de los servicio,no se elaboraron actas de toma de posesión, no existe evidencia de su publicación en Guatecompras y no consta registro en la CGC.
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Los congresistas coincidieron que se basaron en normativas que no son aplicables al Congreso de la República. “Nos están atribuyendo una ley de servicio civil que es para el Organismo Ejecutivo”, declaró Chinchilla al mismo tiempo que informó que pidieron una contrarevisión.
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“Nosotros tenemos jurisdicción particular como la tiene el Organismo Ejecutivo como la tiene el Organismo Judicial, ellos nos están aplicando normativas que competen al Ejecutivo, ellos cometieron delito de abuso de autoridad”, declaró.
El informe de la Contraloría
La CGC presentó una denuncia penal contra la directiva del Congreso que presidió Mario Taracena por irregularidades en la contratación de personal bajo el renglón 022, por un monto de Q72.8 millones.
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