El Estado debe reaccionar para proteger lo esencial: vida, libertad, propiedad y familia.
La amenaza publicada por el supuesto “Consejo Q’eqchi’ de Santa María Cahabón” y del “Colectivo Madre Selva”, aunado a lo publicado por el “Consejo de Pueblo Maya – CPO”, por el reciente fallo de la Corte de Constitucionalidad en el caso de las hidroeléctricas Oxec y Oxec II, es sumamente preocupante para el Estado de Derecho en Guatemala, para la certeza jurídica, para la gobernabilidad, atraer y promover la inversión en el país – y como resultado, que haya más empleos, más productos y servicios a precios competitivos. Las acciones violentas de algunos pobladores del municipio de El Estor en Izabal, donde se ha llegado a la muerte de una persona y la quema y destrucción de varias propiedades, incluyendo la casa del alcalde, quien en reiteradas ocasiones ha pedido ayuda al gobierno central con el fin de asegurar la seguridad del lugar y hasta la petición de decretar un estado de sitio en el lugar.
Además, las protestas siempre llenas de amenazas y extorsión de CODECA, quienes sin ninguna autoridad moral por los delitos de “hurto” de energía con las que se fundó, ni legitimidad, intentan promover una agenda de desestabilización, entre paros, delitos contra la movilidad de miles de personas, amenazas en sus propias comunidades a las personas que no quieren adherirse a su agenda ilegal y delictiva.
Los países se organizan, existen, con la primera condición de la búsqueda de la protección de la vida de sus habitantes, de encontrar seguridad y justicia en los actos en los que se ven involucrados, en su libertad y como proteger su propiedad. Sin este objetivo fundamental no existe Estado. Es decir, todo lo que después se ha desarrollado dentro del Estado moderno: garantizar educación, salud, etc. no era y no es el objetivo principal por el cual vivimos en sociedades que se convirtieron Estados.
Guatemala se ha ido desarrollando y en medio de graves crisis, como el conflicto armado interno que termina en el año 1996 con los Acuerdos de Paz firme y duradera, ha tomado decisivos pasos camino a consolidar el vivir bajo un Estado. Por momentos no lo vemos, no lo sentimos, pero en ese camino vamos. En medio de la consolidación de varios gobiernos que no podían considerarse democráticos, se cambió de rumbo y se firmó un pacto social, nuestra Constitución Política de la República. Esto sentó bases para una era democrática, con alternabilidad de gobiernos de diferentes partidos, respeto a muchos de los derechos humanos de los individuos y un respeto de la mayoría de la población al régimen de legalidad.
Ahora hay grupos que no se sienten representados, que no quieren acatar la ley porque piensan que el Estado debe darles otras cosas que legalmente no se pueden dar. Entonces quieren utilizar como propiedad privada, eso sí, de un grupo comunitario en particular, las aguas de un río. Pese a que el discurso socialista incluye la propiedad del subsuelo para el Estado – incluido así en nuestra Carta Magna, los pobladores de algunos lugares, y de lugares no cercanos a esas poblaciones, quieren “adueñarse” de esos territorios, es decir, privatizarlos para ellos, con el pretexto de protegerlos, cuando es de todos conocido que o que ellos quieren es obtener ganancias, eso sí, sin emprender, invertir o trabajar, por el proyecto en sí. Si la intención de estos grupos es proteger el recurso de ríos y bosques NO tendríamos el descalabro ecológico que nada tiene que ver con el cambio climático sino con la responsabilidad personal del cuidado de los mismos.
Claro, el proyecto Guatemala tiene muchas, demasiadas falencias, empezando por acceso a la justicia pronta y cumplida – razón que retrasa todo tipo de inversión que genere empleo por la falta de certeza jurídica. Además mantiene privilegios inadecuados y otro sinfín de asuntos, como la corrupción, que es el principal causante de la falta de inversión en infraestructura y social en el país.
Eso no es motivo para que los grupos mencionados anteriormente no se sujeten al marco jurídico, el respeto de la Constitución, a los fallos de los juzgados, etc. En el caso de la hidroeléctrica Oxec y Oxec 2, el fallo provisional otorgado por la Corte Suprema de Justicia, amparando al mal representado grupo de indígenas que dicen residen en el área, detuvo las operaciones y construcción del mismo, y fue respetado por las empresas propietarias de las hidroeléctricas, pese al grave daño económico que ya se les ha causado, aunque ya hubieran tenido las licencias oportunas para poder trabajar. Aunque no otorga la razón al Ministerio de Energía y Minas el fallo de la Corte de Constitucionalidad, intenta resolver poniendo condiciones al actuar de ambas partes, y con ello dirimir el problema de ambos lados, más el Estado de Guatemala.
Que grupos violentos no quieran respetar esa orden, que intenten algo contra la propiedad o contra la vida de los funcionarios de las empresas, no se vale y no se puede permitir. Que el alcalde de El Estor, estuviera y está, pidiendo el apoyo de las fuerzas de seguridad como consecuencia de los actos violentos de grupos que no quieren respetar la legalidad y la Constitución, y no se le preste todo el debido apoyo de la fuerza del Estado es preocupante y debe ser analizado para ver si las fuerzas de seguridad y las autoridades no incurren en delitos por omisión. Así mismo con las manifestaciones o paros que atentan contra vidas y desarrollo de un país, de las libertades individuales y contra la economía del país ante la mirada de las fuerzas de seguridad.
Los violentos no entran en nuestro contrato social. Los violentos deben ser combatidos con todo el peso de la ley para asegurar la paz, el trabajo, la libertad, la vida de todos los guatemaltecos. Con los violentos no se puede negociar, con ellos no se puede explicar ni entablar diálogos. A ellos les toca todo el peso de la ley… y esperamos que nuestras autoridades cumplan para lo cual fueron electas.
Sígame en twitter: @josekrlos
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
El Estado debe reaccionar para proteger lo esencial: vida, libertad, propiedad y familia.
La amenaza publicada por el supuesto “Consejo Q’eqchi’ de Santa María Cahabón” y del “Colectivo Madre Selva”, aunado a lo publicado por el “Consejo de Pueblo Maya – CPO”, por el reciente fallo de la Corte de Constitucionalidad en el caso de las hidroeléctricas Oxec y Oxec II, es sumamente preocupante para el Estado de Derecho en Guatemala, para la certeza jurídica, para la gobernabilidad, atraer y promover la inversión en el país – y como resultado, que haya más empleos, más productos y servicios a precios competitivos. Las acciones violentas de algunos pobladores del municipio de El Estor en Izabal, donde se ha llegado a la muerte de una persona y la quema y destrucción de varias propiedades, incluyendo la casa del alcalde, quien en reiteradas ocasiones ha pedido ayuda al gobierno central con el fin de asegurar la seguridad del lugar y hasta la petición de decretar un estado de sitio en el lugar.
Además, las protestas siempre llenas de amenazas y extorsión de CODECA, quienes sin ninguna autoridad moral por los delitos de “hurto” de energía con las que se fundó, ni legitimidad, intentan promover una agenda de desestabilización, entre paros, delitos contra la movilidad de miles de personas, amenazas en sus propias comunidades a las personas que no quieren adherirse a su agenda ilegal y delictiva.
Los países se organizan, existen, con la primera condición de la búsqueda de la protección de la vida de sus habitantes, de encontrar seguridad y justicia en los actos en los que se ven involucrados, en su libertad y como proteger su propiedad. Sin este objetivo fundamental no existe Estado. Es decir, todo lo que después se ha desarrollado dentro del Estado moderno: garantizar educación, salud, etc. no era y no es el objetivo principal por el cual vivimos en sociedades que se convirtieron Estados.
Guatemala se ha ido desarrollando y en medio de graves crisis, como el conflicto armado interno que termina en el año 1996 con los Acuerdos de Paz firme y duradera, ha tomado decisivos pasos camino a consolidar el vivir bajo un Estado. Por momentos no lo vemos, no lo sentimos, pero en ese camino vamos. En medio de la consolidación de varios gobiernos que no podían considerarse democráticos, se cambió de rumbo y se firmó un pacto social, nuestra Constitución Política de la República. Esto sentó bases para una era democrática, con alternabilidad de gobiernos de diferentes partidos, respeto a muchos de los derechos humanos de los individuos y un respeto de la mayoría de la población al régimen de legalidad.
Ahora hay grupos que no se sienten representados, que no quieren acatar la ley porque piensan que el Estado debe darles otras cosas que legalmente no se pueden dar. Entonces quieren utilizar como propiedad privada, eso sí, de un grupo comunitario en particular, las aguas de un río. Pese a que el discurso socialista incluye la propiedad del subsuelo para el Estado – incluido así en nuestra Carta Magna, los pobladores de algunos lugares, y de lugares no cercanos a esas poblaciones, quieren “adueñarse” de esos territorios, es decir, privatizarlos para ellos, con el pretexto de protegerlos, cuando es de todos conocido que o que ellos quieren es obtener ganancias, eso sí, sin emprender, invertir o trabajar, por el proyecto en sí. Si la intención de estos grupos es proteger el recurso de ríos y bosques NO tendríamos el descalabro ecológico que nada tiene que ver con el cambio climático sino con la responsabilidad personal del cuidado de los mismos.
Claro, el proyecto Guatemala tiene muchas, demasiadas falencias, empezando por acceso a la justicia pronta y cumplida – razón que retrasa todo tipo de inversión que genere empleo por la falta de certeza jurídica. Además mantiene privilegios inadecuados y otro sinfín de asuntos, como la corrupción, que es el principal causante de la falta de inversión en infraestructura y social en el país.
Eso no es motivo para que los grupos mencionados anteriormente no se sujeten al marco jurídico, el respeto de la Constitución, a los fallos de los juzgados, etc. En el caso de la hidroeléctrica Oxec y Oxec 2, el fallo provisional otorgado por la Corte Suprema de Justicia, amparando al mal representado grupo de indígenas que dicen residen en el área, detuvo las operaciones y construcción del mismo, y fue respetado por las empresas propietarias de las hidroeléctricas, pese al grave daño económico que ya se les ha causado, aunque ya hubieran tenido las licencias oportunas para poder trabajar. Aunque no otorga la razón al Ministerio de Energía y Minas el fallo de la Corte de Constitucionalidad, intenta resolver poniendo condiciones al actuar de ambas partes, y con ello dirimir el problema de ambos lados, más el Estado de Guatemala.
Que grupos violentos no quieran respetar esa orden, que intenten algo contra la propiedad o contra la vida de los funcionarios de las empresas, no se vale y no se puede permitir. Que el alcalde de El Estor, estuviera y está, pidiendo el apoyo de las fuerzas de seguridad como consecuencia de los actos violentos de grupos que no quieren respetar la legalidad y la Constitución, y no se le preste todo el debido apoyo de la fuerza del Estado es preocupante y debe ser analizado para ver si las fuerzas de seguridad y las autoridades no incurren en delitos por omisión. Así mismo con las manifestaciones o paros que atentan contra vidas y desarrollo de un país, de las libertades individuales y contra la economía del país ante la mirada de las fuerzas de seguridad.
Los violentos no entran en nuestro contrato social. Los violentos deben ser combatidos con todo el peso de la ley para asegurar la paz, el trabajo, la libertad, la vida de todos los guatemaltecos. Con los violentos no se puede negociar, con ellos no se puede explicar ni entablar diálogos. A ellos les toca todo el peso de la ley… y esperamos que nuestras autoridades cumplan para lo cual fueron electas.
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República es ajena a la opinión expresada en este artículo