El pasado martes de esta semana, la Contraloría General de Cuentas presentó un total de 271 denuncias penales por una cantidad de 2,785.1 millones. Hay que considerar que en la ejecución del presupuesto existen hechos que podrían ser delitos, esto referente al año 2016 y sería interesante saber ¿qué paso con el año 2015? ¿Cuántas fueron desestimadas?

Existen 128 denuncias en contra de las entidades de la Administración Central por una cantidad de Q1,357.1 millones y 70 denuncias en contra de alcaldías. El Ministerio Público tiene orden de investigar autoridades autónomas y descentralizadas, consejos de desarrollo, entidades especiales, fideicomisos y obras de infraestructura.

Hay que resaltar que no ha servido de nada que se presenten denuncias si no ha existido ningún tipo de seguimiento y avance. Es esencial que se corrijan los malos manejos que se ha dado sobre el dinero y sobre todo que se investigue cada una de las demandas presentadas por la Contraloría.

El pasado viernes, la Corte de Constitucionalidad revocó el amparo provisional que detuvo las operaciones de las hidroeléctricas Oxec. La resolución fue que los proyectos pueden reiniciar sus actividades, pero en un plazo de 12 meses debe realizarse una consulta comunitaria, que está a cargo del Estado mediante el Ministerio de Energía y Minas.

El problema con esta resolución es que el orden seguramente no le gustará para nada a los que viven en caos y principalmente a quienes viven de este tipo de conflictos. El Convenio 169 de OIT, entro en vigencia el 5 de junio de 1996, es decir hace casi 21 años y es lamentable pensar que el Estado aún no haya reglamentado los procesos que conlleva hacer dichas consultorías.

Es necesario llevar a cabo la consulta y la Corte de Constitucional está intentando reestablecer el orden dentro del desorden que se ha generado dentro de las comunidades. Dicho procedimiento se lleva a cabo con instituciones indígenas representativas, es decir, no con líderes que se proclaman en nombre de muchas comunidades como ha sido el caso de Bernardo Caal.

El Estado aún no cuenta con mecanismos para establecer como ordenar a los pueblos indígenas, es decir ¿a qué comunidades se les consultará? ¿son los representantes legítimos? No cuenta con instrumentos lo suficientemente fuertes para llevar a cabo este tipo de consultas.

Es importante que el Estado haga presencia, pues en él se resguarda la responsabilidad y decisión. Es obligación del mismo dialogar con los pueblos indígenas y llegar a acuerdos con los mismos, para poder generar este tipo de inversiones que traen desarrollo al país.

Es vital que otras autoridades, como lo es el Congreso de la república tomen cartas en el asunto para legislar y garantizar la certeza jurídica que este tipo de proyectos necesitan para invertir en el país, los cuales son necesarios para el desarrollo del mismo.

Por último, la falta de certeza jurídica se volvió protagonista una vez más esta semana. La Policía Nacional Civil inició una investigación para determinar quién documento una orden de captura en contra de Enrique Lacs.

El pasado miércoles con una orden de captura falsa la PNC detuvo a medio día al ex viceministro de Economía y Comercio Exterior. Es de gran importancia que se logre determinar quién está detrás de esa denuncia falsa.

Una vez más la certeza jurídica falló y este tipo de situaciones es una evidencia y reflejo de la debilidad y vulnerabilidad del sistema de justicia que existe actualmente en el país. Si se puede acceder al sistema con esa facilidad, hay muchos más abusos que se pueden cometer dentro del mismo.

El Estado falló, Enrique Lacs conocido por ser ex viceministro y una personalidad pública resolvió el caso con mayor facilidad, sin embargo, es importante considerar, ¿Cuántos casos habrá así? que atentan contra la dignidad de las personas y son un reflejo más del Estado fallido en el que vivimos.