Ayer circuló en las noticias internacionales la captura de “otro” exgobernador mexicano acusado de corrupción. Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, está acusado de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Borge fue capturado en el aeropuerto de Panamá cuando se disponía a abordar un vuelo hacia París, Francia.
Durante los cinco años de su gobierno, Borge logró amasar una gran fortuna al utilizar prestanombres para desfalcar los recursos del “Estado”. Según las investigaciones, se le atribuye la venta de veinticuatro terrenos e inmuebles del gobierno en la Riviera Maya al 6% del valor comercial que fueron entregados a sus familiares y “colaboradores” en el gobierno. Algunos de los terrenos se encontraban en las zonas turísticas más cotizadas de Cozumel y Cancún, e incluso en áreas que no podían venderse por tratarse de reservas naturales.
Al parecer Borge utilizó la Ley y el sistema judicial, a través de juicios laborales falsos, para apoderarse de los bienes inmuebles de empresas y particulares que después los “vendía” por mucho menor valor a sus funcionarios. También se le acusa de adquirir una empresa naviera turística en la Riviera Maya con recursos ilícitos. Dejando al estado de Quintana Roo en quiebra después de su gestión como gobernador.
La Riviera Maya es considerada un paraíso debido a la belleza de sus playas y entorno natural, razón por la cual la afluencia de turistas locales e internacionales son una fuente importante de los ingresos del área. Sin embargo, este paraíso no sólo lo ha sido para los turistas sino también para los políticos corruptos que se han aprovechado de la debilidad del sistema de justicia para robarse el dinero de los tributarios.
El caso del gobernador Borge, no dista mucho de lo que sucede en Guatemala con politiqueros y burócratas que utilizan los “paraísos de la corrupción” para robarse el dinero de los tributarios. Algunas de las similitudes que encuentro entre esta noticia y lo que vivimos en nuestro país son: el amplio poder discrecional del politiquero de turno para disponer del “patrimonio estatal” y transferírselo a sus allegados, el uso de estructuras ya sea a través de empresas o prestanombres para simular transacciones legales y aprovechar la debilidad institucional para operar impunemente.
Así como Borge muchos politiqueros y burócratas en Guatemala gozan de amplios poderes discrecionales para extorsionar a empresarios, para disponer de los bienes del gobierno y entregarlos a sus familiares mediante “contratos” ilegales, compras sobrevaloradas o fantasmas. Este amplio poder les permite “negociar” permisos como, al parecer, sucedió en la concesión de puertos, carreteras, o cualquier infraestructura a cargo del gobierno.
Al igual que Borge, muchos politiqueros y burócratas utilizan “empresas” de cartón para simular la legalidad de sus operaciones. Corrompen a los funcionarios necesarios al compartir el botín con ellos o amenazan con usar su “amplio” poder si alguien se interpone en el camino.
Tal como Borge, algunos politiqueros y burócratas aprovecharán “los paraísos de la corrupción” para cometer sus fechorías y delitos.
Paraísos que se caracterizan por un gobierno con multiplicidad de funciones, con amplio poder discrecional, con intervención en casi todo el quehacer ciudadano, con sistemas de mandatos y no del Imperio de la Ley, con prioridades enfocadas en programas populistas donde la seguridad y la justicia son lo último en la agenda.
Más allá de lo que algunos políticos y burócratas nos quieren hacer creer, las consecuencias de los paraísos de la corrupción nos demuestran que son éstos y no los fiscales los que destruyen la riqueza de un país. Así que antes de atacar a los paraísos fiscales es preferible que se combata los paraísos de la corrupción.
@Md30
Facebook.com/Mda30
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Ayer circuló en las noticias internacionales la captura de “otro” exgobernador mexicano acusado de corrupción. Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, está acusado de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Borge fue capturado en el aeropuerto de Panamá cuando se disponía a abordar un vuelo hacia París, Francia.
Durante los cinco años de su gobierno, Borge logró amasar una gran fortuna al utilizar prestanombres para desfalcar los recursos del “Estado”. Según las investigaciones, se le atribuye la venta de veinticuatro terrenos e inmuebles del gobierno en la Riviera Maya al 6% del valor comercial que fueron entregados a sus familiares y “colaboradores” en el gobierno. Algunos de los terrenos se encontraban en las zonas turísticas más cotizadas de Cozumel y Cancún, e incluso en áreas que no podían venderse por tratarse de reservas naturales.
Al parecer Borge utilizó la Ley y el sistema judicial, a través de juicios laborales falsos, para apoderarse de los bienes inmuebles de empresas y particulares que después los “vendía” por mucho menor valor a sus funcionarios. También se le acusa de adquirir una empresa naviera turística en la Riviera Maya con recursos ilícitos. Dejando al estado de Quintana Roo en quiebra después de su gestión como gobernador.
La Riviera Maya es considerada un paraíso debido a la belleza de sus playas y entorno natural, razón por la cual la afluencia de turistas locales e internacionales son una fuente importante de los ingresos del área. Sin embargo, este paraíso no sólo lo ha sido para los turistas sino también para los políticos corruptos que se han aprovechado de la debilidad del sistema de justicia para robarse el dinero de los tributarios.
El caso del gobernador Borge, no dista mucho de lo que sucede en Guatemala con politiqueros y burócratas que utilizan los “paraísos de la corrupción” para robarse el dinero de los tributarios. Algunas de las similitudes que encuentro entre esta noticia y lo que vivimos en nuestro país son: el amplio poder discrecional del politiquero de turno para disponer del “patrimonio estatal” y transferírselo a sus allegados, el uso de estructuras ya sea a través de empresas o prestanombres para simular transacciones legales y aprovechar la debilidad institucional para operar impunemente.
Así como Borge muchos politiqueros y burócratas en Guatemala gozan de amplios poderes discrecionales para extorsionar a empresarios, para disponer de los bienes del gobierno y entregarlos a sus familiares mediante “contratos” ilegales, compras sobrevaloradas o fantasmas. Este amplio poder les permite “negociar” permisos como, al parecer, sucedió en la concesión de puertos, carreteras, o cualquier infraestructura a cargo del gobierno.
Al igual que Borge, muchos politiqueros y burócratas utilizan “empresas” de cartón para simular la legalidad de sus operaciones. Corrompen a los funcionarios necesarios al compartir el botín con ellos o amenazan con usar su “amplio” poder si alguien se interpone en el camino.
Tal como Borge, algunos politiqueros y burócratas aprovecharán “los paraísos de la corrupción” para cometer sus fechorías y delitos.
Paraísos que se caracterizan por un gobierno con multiplicidad de funciones, con amplio poder discrecional, con intervención en casi todo el quehacer ciudadano, con sistemas de mandatos y no del Imperio de la Ley, con prioridades enfocadas en programas populistas donde la seguridad y la justicia son lo último en la agenda.
Más allá de lo que algunos políticos y burócratas nos quieren hacer creer, las consecuencias de los paraísos de la corrupción nos demuestran que son éstos y no los fiscales los que destruyen la riqueza de un país. Así que antes de atacar a los paraísos fiscales es preferible que se combata los paraísos de la corrupción.
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