La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia Morales Aceña, participó en una actividad del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), circunstancia que ha motivado cuestionamientos contra la funcionaria porque esta Organización No Gubernamental ha planteado recursos legales que Morales tendrá que conocer.
CALAS es una entidad que se opone a mineras, hidroeléctricas y otros proyectos privados. Mediante financiamiento externo, se acerca a las personas de las comunidades y las “asesora” legalmente para plantear recursos contra las empresas.
El caso más reciente que “asesoraron” fue el conflicto entre pobladores y autoridades de El Estor, problema que causó disturbios, y dejó miles de pérdidas materiales y una persona fallecida.
Rafael Maldonado es el director jurídico de CALAS.
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Una reunión con quienes rechazan a empresa
Morales participó en el lanzamiento de una campaña de CALAS por medio de la cual buscan resaltar la vida de 12 mujeres de oriente, historias vinculadas a las operaciones del proyecto minero El Escobal (propiedad de Minera San Rafael).
CALAS ha presentado diversos recursos legales contra esta empresa en varios juzgados del país. El más reciente fue un amparo planteado el 17 de mayo, por medio del cual objeta que la compañía no realizó la consulta a los pueblos indígenas previo a iniciar operaciones, por ello, se considera que la magistrada no debió asistir a esta reunión porque denota simpatía y podría influir en sus resoluciones.
Republica intentó obtener la versión de la magistrada, pero no respondió las llamadas ni los mensajes a su celular.
CALAS dio a conocer su actividad y la presencia de la magistrada por medio de su cuenta en Facebook.
No debe conocer casos de CALAS
Por lo anterior, la funcionaria debería de excusarse de conocer cualquier proceso relacionado con CALAS, sobre todo si tiene relación con la Minera San Rafael, pues con su participación en la reunión, evidenció simpatía con CALAS.
“Es imposible que un magistrado pueda ser imparcial al conocer un caso si está en un evento público en donde se está atacando a esa empresa y por la organización que interpuso el recurso legal contra esta compañía”, afirma una fuente que prefiere no ser citada.
La Ley del Organismo Judicial establece los impedimentos o excusas para conocer un caso, entre otros aspectos, por estos dos motivos:
- -Tener un interés directo o indirecto en el asunto. (Art. 122)
-Tener amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. (Art. 123)
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CALAS es una entidad que se opone a mineras, hidroeléctricas y otros proyectos privados. Mediante financiamiento externo, se acerca a las personas de las comunidades y las “asesora” legalmente para plantear recursos contra las empresas.
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CALAS ha presentado diversos recursos legales contra esta empresa en varios juzgados del país. El más reciente fue un amparo planteado el 17 de mayo, por medio del cual objeta que la compañía no realizó la consulta a los pueblos indígenas previo a iniciar operaciones, por ello, se considera que la magistrada no debió asistir a esta reunión porque denota simpatía y podría influir en sus resoluciones.
Republica intentó obtener la versión de la magistrada, pero no respondió las llamadas ni los mensajes a su celular.
CALAS dio a conocer su actividad y la presencia de la magistrada por medio de su cuenta en Facebook.
No debe conocer casos de CALAS
Por lo anterior, la funcionaria debería de excusarse de conocer cualquier proceso relacionado con CALAS, sobre todo si tiene relación con la Minera San Rafael, pues con su participación en la reunión, evidenció simpatía con CALAS.
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La Ley del Organismo Judicial establece los impedimentos o excusas para conocer un caso, entre otros aspectos, por estos dos motivos:
- -Tener un interés directo o indirecto en el asunto. (Art. 122)
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