La Corte de Constitucionalidad resolvió suspender la licencia ambiental de la Hidroeléctrica Central Rocjá Pontilá ubicada en Cobán Alta Verapaz y dar con lugar un amparo interpuesto por Rolando Quix Pop de manera provisional.
Pese a que los comunitarios y organizaciones indígenas de Alta Verapaz se pronunciaron en febrero a favor de la construcción de la hidroeléctrica, varias organizaciones académicas como la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB) rechazaron el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Proyecto de Desarrollo Integral Central Rocjá Pontilá S.A. La razón fue porque es una copia total de otro estudio que nada tiene que ver con la región.
CONAP asegura que el estudio tiene nombres científicos de plantas y animales mal escritos. Ante esta situación se presentó una denuncia al colegio de profesionales para que el consultor que realizó el EIA sea sancionado por las deficiencias del instrumento de evaluación ambiental.
Sin embargo los pobladores afirman que la construcción de la hidroeléctrica será afuera de la reserva natural que protege a la Laguna Lachuá, mientras que el CONAP, INAB y USAC creen que el caudal del río Icbolay, que usaría la hidroeléctrica, podría verse afectado al ser éste el principal afluente que alimenta al parque.
La hidroeléctrica Rocjá Pontilá pretende producir 40 MW.
Foto de Lucía Ixchíu
La Corte de Constitucionalidad resolvió suspender la licencia ambiental de la Hidroeléctrica Central Rocjá Pontilá ubicada en Cobán Alta Verapaz y dar con lugar un amparo interpuesto por Rolando Quix Pop de manera provisional.
Pese a que los comunitarios y organizaciones indígenas de Alta Verapaz se pronunciaron en febrero a favor de la construcción de la hidroeléctrica, varias organizaciones académicas como la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB) rechazaron el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Proyecto de Desarrollo Integral Central Rocjá Pontilá S.A. La razón fue porque es una copia total de otro estudio que nada tiene que ver con la región.
CONAP asegura que el estudio tiene nombres científicos de plantas y animales mal escritos. Ante esta situación se presentó una denuncia al colegio de profesionales para que el consultor que realizó el EIA sea sancionado por las deficiencias del instrumento de evaluación ambiental.
Sin embargo los pobladores afirman que la construcción de la hidroeléctrica será afuera de la reserva natural que protege a la Laguna Lachuá, mientras que el CONAP, INAB y USAC creen que el caudal del río Icbolay, que usaría la hidroeléctrica, podría verse afectado al ser éste el principal afluente que alimenta al parque.
La hidroeléctrica Rocjá Pontilá pretende producir 40 MW.
Foto de Lucía Ixchíu