La extradición de Roxana Baldetti fue uno de los temas más controversiales esta semana. Es importante tener en cuenta que la extradición es un proceso jurídico mediante el cual se entrega a un delincuente refugiado en un país, en este caso Guatemala, a las autoridades de otro país que lo reclama para un proceso judicial, Estados Unidos en este caso.

Hay que tener presente que el caso de Baldetti, no es como el del ex presidente Alfonso Portillo. El expresidente fue declarado inocente en Guatemala y por eso se realizó un traslado rápido al país estadounidense, la ex vicepresidenta a diferencia de esto, aún debe enfrentar la justicia guatemalteca para ser extraditada.

Es de gran importancia que se cumpla con el debido proceso, pues la ex funcionaria debe concluir con todos los procesos legales pendientes en el país. Baldetti tiene cuatro casos pendientes con la justicia del país, La línea, Caso lago de Amatitlán, Cooptación del Estado y caso TCQ. La justicia estadounidense requiere a Baldetti para juzgarla por delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas.

Esta semana se hizo de conocimiento público que Baldetti aceptó dinero de traficantes de droga durante su campaña electoral efectuando reuniones con integrantes de los Zetas. El problema es que cuando el financiamiento político, como en el caso de Guatemala está mal regulado, o simplemente no lo es, el dinero amenaza la legitimidad del proceso democrático.

Es importante sobre todo considerar la clase política que hemos permitido que llegue al poder, es por esto vital considerar una reforma a la Ley Electoral y Partidos Políticos, con listados abiertos que permitan la elección de líderes que nos representen. Dicha reforma debería considerar también una mejor regulación al financiamiento de los partidos políticos.

El financiamiento privado genera corrupción y las instituciones estatales dentro del país lamentablemente no cuentan con el alcance suficiente para garantizar la transparencia de dichos procesos. Esto distorsiona la función de los partidos políticos, puesto que, a pesar de ser establecidos bajo ciertos principios, terminan obedeciendo otros que no son los propios a costa del financiamiento ya sea para fines pragmáticos o ideológicos.

Los diputados del bloque Convergencia fueron protagonistas de esta semana con la presentación de una iniciativa con la que buscan expropiar tierras para entregárselas a campesinos que no cuentan con medios de subsistencia.

Mediante esta iniciativa buscan revivir y conmemorar el aniversario del decreto 900, lo cual es una ley anacrónica y fue una de las principales metas del gobierno de Jacobo Arbenz. Para llevar a cabo su iniciativa pretenden apropiarse de la propiedad privada sin precedentes por parte del estado.

Este tipo de modelo de desarrollo económico propuesto por el bloque Convergencia es insostenible, el camino para el desarrollo del país debe ser la inversión para la generación de fuentes de empleo. Esta propuesta viola el respeto a la propiedad privada, además del daño que generaría a la certeza jurídica y obstrucción de las garantías que la Constitución brinda.

Por último, esta semana una misión empresarial integrada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) realizó un viaje para fomentar relaciones comerciales y políticas con sectores europeos.

Mediante el fomento de estas relaciones comerciales, Guatemala tiene mayores oportunidades de inversión extranjera en el país, lo cual ayuda al desarrollo del mismo generando oportunidades de empleo y crecimiento económico que beneficia a todos los guatemaltecos.