Revisar el proceso de adjudicación a una empresa representada por Byron René Abadío Carrillo, hijo de Marco Tulio Abadío Molina, y determinar si éste tiene impedimento legal para hacer negocios con el Estado, son las instrucciones que el titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Carlos Mencos, dio a un grupo de auditores que este lunes a primera hora llegarán a la sede del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA).

La adjudicación estuvo marcada por el despido supuestamente injustificado y repentino de un integrante de la Junta de Licitación y el ascenso de puesto de otro, en momentos en que  analizaban y tenían que decidir acerca del proceso de compra.

A ello se suma un voto razonado, la descalificación de dos de tres oferentes y denuncias de un trato diferenciado en favor de la empresa ganadora y la adjudicación del contrato a la oferta más alta.

“Pedí que fueran a examinar los documentos y el lunes a primera hora llegan los auditores al Ministerio de Agricultura. Esperaría que al mediodía ya tengan información preliminar con relación a la evaluación total de la documentación”, afirmó Mencos.

El contrato para el suministro de 300 mil botellas de aceite de 800 ml, que se repartirá entre familias vulnerables a inseguridad alimentaria, fue adjudicado el 2 de junio por la Junta de Licitación a Total Warehouse Sociedad Anónima, por Q4.1 millones.

Aún está pendiente que esta decisión sea subida al despacho del Ministro y se prevé que ello también ocurra el lunes, para que sea aprobada o reprobada.

¿Con impedimento legal?

Trece días antes de que se publicara el evento de licitación en Guatecompras, 7 de abril, Abadío Carrillo fue inscrito como Administrador Único en el Registro Mercantil. Ese hecho podría implicar que el contrato sea ilegal y ese es un extremo que la CGC está por determinar.

Condenado por lavado

Byron Abadío Carrillo, el representante legal de Total Warehouse, fue sentenciado a seis años de prisión y una multa de Q160 mil por el delito de lavado de dinero y otros activos.

Se le halló culpable de ser parte de una estructura organizada y utilizada por su progenitor, Marco Tulio Abadío, para malversar Q24.1 millones de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La Ley de Compras y Contrataciones del Estado, en el artículo 80 inciso “e”, señala que no podrán concursar o celebrar contratos con el Estado, “las entidades cuyos representantes legales, directivos o gerentes hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración pública, contra la fe pública, defraudación tributaria, contrabando, defraudación aduanera, o delitos tipificados en las convenciones internacionales de las que Guatemala sea signataria”.

Establecer si esa prohibición el aplica a Abadío Carrillo y de ser así por cuánto tiempo, es una de las tareas encomendadas a los auditores de la CGC.

“Se va evaluar el contenido del artículo para ver ese extremo. Habría que ver la temporalidad, si hay alguna otra norma que indique por cuánto tiempo. Generalmente las leyes aplican por un período y en este caso específico, tendría que ver por cuánto tiempo aplica esa restricción”, explicó Mencos.

 

La oferta más alta y denuncias

En la licitación puesta en duda participó Agroindustrias Albay quien ofertó Q3.0 millones.  Fue constituida en junio de 1981 y entre 2008 y 2017 obtuvo 17 adjudicaciones por Q67.5 millones y 64 compras directas por Q29.7 millones, según Guatecompras.

También Corporación Comercializadora M y B  que ofreció el producto en Q3.2 millones.  Fue constituida el 15 de noviembre de 1999 y entre 2004 y 2013 obtuvo 19 adjudicaciones por Q26.1 millones y 13 compras directas por Q3.2 millones.

Así como Total Warehouse, la adjudicada, con Q4.1 millones que antes de eso, según Guatecompras, solo había hecho una venta de leche el polvo al Estado, en este caso al MAGA, en febrero del 2014 por un total de Q38 mil 323.

La empresa fue constituida el 6  de febrero de 2014, con un capital de Q100 mil, por Sergio Miguel Castellanos Ramírez, quien entonces tenía 26 años y era perito contador; y por Ana Luisa Churumía Quechel, de 20, y de profesión secretaria, según la escritura de constitución de sociedad.

Según los criterios de calificación, a la oferta más baja debía ser calificada con 60 puntos y con base a un cálculo matemático se punteaba a las demás de forma descendente, la experiencia obtenía 20 puntos y el tiempo de entrega del producto 20 puntos.

Sin embargo, las dos empresas con el precio más bajo fueron descalificadas por la Junta de Licitación argumentando que cometieron errores al reportar información considerada fundamental y que, según las bases de licitación, no tenía la oportunidad de ser corregida.  Pero a la empresa de Abadío Carrillo se le dio oportunidad de corregir porque cometió fallos en documentos “no fundamentales”.

Las inconformidades

Pero las empresas descalificadas no están de acuerdo. “No se debió adjudicar a Total Warehouse, tampoco cumplió con los requisitos fundamentales. Cómo lo indica el punto 5 de las bases de licitación la Junta de Licitación solo podía verificar sobre los documentos y declaraciones y en el presente caso se dio la oportunidad a la entidad adjudicada de ampliar el acta de declaración jurada donde debía indicar que la fecha de vencimiento (del producto) no sería menor a los 18 meses”, se afirma en una inconformidad planteada por la empresa Comercializadora M y B.

Luego agrega que “siendo que la entidad adjudicada también cometió un error… al igual que mi representada… debió ser rechazada la oferta y declarar desierto el evento y repetir el mismo”.

Agro Industrias Albay, también levantó la voz y planteó una inconformidad. “No hubo incumplimiento, no se nos adjudica siendo la mejor opción a los recursos del Estado. Por lo que solicitamos a la Junta rectificar”.

Se pidió una entrevista con el ministro de Agricultura, Mario Méndez, pero no fue concedida. “El proceso ya fue trasladado a asesoría jurídica para que evalúen el caso. Ellos van a emitir un dictamen al respecto”, se indicó nada más por medio del Departamento de Comunicación Social de dicha entidad.

Se llamó a Total Warehouse, la adjudicada, para conocer su opinión. “Tenga cuidado con lo que va a sacar, porque si usted saca algo y perjudica a la empresa, lo demando. Yo cumplí con todos los requisitos. No tiene usted por qué especular cosas. Yo como comerciante soy libre de mandar mi oferta al precio que yo quiera, si la entidad pública tiene el presupuesto para pagarme, ellos toman sus decisiones, no yo”, afirmó vía telefónica un hombre que no quiso identificarse.

Además enfatizó: “Yo soy libre de cotizar y si coticé y me están adjudicando, no es responsabilidad mía. Cumplí y las demás empresas no cumplieron. La empresa no es nueva, yo le trabajo a instituciones públicas y privadas y tengo la facultad para participar”. Luego cortó abruptamente la comunicación.

Despido, voto razonado, ascenso y descargo

El 19 de mayo de 2017 Isolda del Carmen Flores Pardo, quien integraba la Junta de Licitación, fue destituida. Su puesto en la Junta fue asumido por Mario Alberto Ágreda Rodríguez, quien al momento de tomar la decisión de adjudicar el evento razonó su voto y dijo que no cumplía “con la experiencia y conocimiento requerido” ya que la sustitución se efectuó por un miembro titular con conocimiento en el ámbito jurídico y que su formación académica era en la rama de la ingeniería agrícola.

Según fuentes cercanas al proceso, Flores Pardo habría sido destituida sin que existiera un proceso administrativo en su contra y sin justificación alguna. Se solicitó al MAGA copia del Acuerdo Ministerial de destitución, pero no lo entregaron. Y mientras ella dejaba el MAGA, su compañero en la Junta de Licitación, Marvin Alonzo, fue ascendido.

“Por qué la destituyó, solo el Ministro sabe, nosotros no sabemos nada. Ella se fue en las primeras revisiones del proceso de licitación. Vaya con el Ministro y que él le explique, yo no he escuchado esos comentarios”, dijo Luis Olivares, Integrante de la Junta Licitadora tras ser consultado al respecto.

Al comentar en relación con el ascenso de Alonzo a jefe financiero del MAGA, en momentos que tenía que decidir sobre una adjudicación, señaló, que “fue un día antes o el mismo día que se fue la licenciada Isolda. Él era encargado de una bodega del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Pero antes ya había estado en el área financiera, no de jefe, sino un paso abajo de ser el jefe financiero. Él estuvo 14 años como encargado de presupuesto, no lo estoy defendiendo. A mí no me consta por qué lo ascendieron y le dieron ese cargo, solo él y el señor Ministro lo saben”, enfatizó Olivares.

Por último, dijo que la Junta de Licitación no tuvo ninguna presión para adjudicar el contrato y que se le dio la oportunidad de corregir el error a Total Warehouse porque no era un requisito fundamental.

“En un documento fundamental no se puede pedir corrección, pero en un documento no fundamental se puede requerir información, ellos llenaron bien los demás requisitos fundamentales”, concluyó Olivares.

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