Las fiscalías de Maryland y Washington acusan al presidente electo de EE.UU. de vulnerar la cláusula anticorrupción de la Constitución de ese país. La demanda contra el mandatario sucede en un ambiente sumamente opaco en la política de Estados Unidos, principalmente porque es el primer mandatario en 40 años, que no ha presentado ante la opinión pública sus impuestos.
“Ni la Constitución ni la historia legal de la citada cláusula muestran que esta se refiera a los beneficios que proceden de los negocios del presidente, que no tienen nada que ver con su tarea oficial. La norma se aplica solo a la recepción de compensaciones por servicios personales o de honores y regalos vinculados a su posición oficial”, es la respuesta del Departamento de Justicia, ante el alegato y que a su vez ha sido avalada por expertos jurídicos.
La situación es así: Trump transfirió la gestión de sus empresas a sus hijos Donald y Eric, pero así mantiene control sobre sus negocios, pues continúa recibiendo informes de sus estados financieros. Esa relación, que no debería de existir mientras es mandatario, lo hace susceptible de ser influido por dinero de gobiernos extranjeros a sus empresas. Algunas de las naciones que se mencionan son Kuwait, Arabia Saudí y Turquía, a través de reservas en hoteles y la contratación de espacios para actos.
“Para guardar fidelidad a la Constitución es fundamental que el presidente desvincule sus finanzas privadas de los poderes domésticos y extranjeros. Nunca antes un presidente actuó con tal desprecio a las prescripciones constitucionales”, afirma la demanda.
Las fiscalías de Maryland y Washington acusan al presidente electo de EE.UU. de vulnerar la cláusula anticorrupción de la Constitución de ese país. La demanda contra el mandatario sucede en un ambiente sumamente opaco en la política de Estados Unidos, principalmente porque es el primer mandatario en 40 años, que no ha presentado ante la opinión pública sus impuestos.
“Ni la Constitución ni la historia legal de la citada cláusula muestran que esta se refiera a los beneficios que proceden de los negocios del presidente, que no tienen nada que ver con su tarea oficial. La norma se aplica solo a la recepción de compensaciones por servicios personales o de honores y regalos vinculados a su posición oficial”, es la respuesta del Departamento de Justicia, ante el alegato y que a su vez ha sido avalada por expertos jurídicos.
La situación es así: Trump transfirió la gestión de sus empresas a sus hijos Donald y Eric, pero así mantiene control sobre sus negocios, pues continúa recibiendo informes de sus estados financieros. Esa relación, que no debería de existir mientras es mandatario, lo hace susceptible de ser influido por dinero de gobiernos extranjeros a sus empresas. Algunas de las naciones que se mencionan son Kuwait, Arabia Saudí y Turquía, a través de reservas en hoteles y la contratación de espacios para actos.
“Para guardar fidelidad a la Constitución es fundamental que el presidente desvincule sus finanzas privadas de los poderes domésticos y extranjeros. Nunca antes un presidente actuó con tal desprecio a las prescripciones constitucionales”, afirma la demanda.