El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), dio marcha atrás en la adjudicación de un contrato a una empresa que es representada por Byron René Abadío Carrillo, hijo de Marco Tulio Abadío Molina, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria durante el gobierno de Alfonso Portillo.
Una de las razones es porque tiene impedimento legal para hacer negocios con el Estado. Así se indica en una resolución firmada por el ministro, Mario Méndez.
También trascendió que mañana los auditores enviados al MAGA por la Contraloría General de Cuentas (CGC), recomendarán que se aborte el proceso de adjudicación debido a anomalías en el proceso.
La adjudicación estuvo marcada por el despido supuestamente injustificado y repentino de un integrante de la Junta de Licitación y el ascenso de puesto de otro, en momentos en que analizaban y tenían que decidir acerca del proceso de compra.
A ello se suma un voto razonado, la descalificación de dos de tres oferentes y denuncias de un trato diferenciado en favor de la empresa ganadora y la adjudicación del contrato a la oferta más alta. Lea https://republica.gt/2017/06/11/contralor-ordena-revisar-adjudicacion-hijo-de-marco-tulio-abadio/.
El contrato para el suministro de 300 mil botellas de aceite de 800 ml, que se repartirá entre familias vulnerables a inseguridad alimentaria, fue adjudicado el 2 de junio por la Junta de Licitación a Total Warehouse Sociedad Anónima, por Q4.1 millones.
CGC apuntala decisión
Se supo que mañana los auditores enviados al MAGA recomendarán que se prescinda de la adjudicación porque el proceso se dio “en condiciones desiguales debido a que a la empresa que ganó le permitieron mejorar un documento y a las otras dos no y las descalificaron”.
También porque “la diferencia de precio” de la oferta presentada por Warehouse en comparación con las presentadas por las otras dos empresas descalificadas “es bastante importante”.
En la licitación ahora improbada por el MAGA participaron Agroindustrias Albay quien ofertó Q3.0 millones; Corporación Comercializadora M y B que ofreció el producto en Q3.2 millones y Total Warehouse, con Q4.1 millones.
Con prohibición legal
La resolución del MAGA que fue colgada al final de la tarde en Guatecompras señala, en uno de sus considerandos, que Abadío Carrillo tiene prohibición legal, según el artículo 80 inciso “e” de la Ley de Compras y Contrataciones, para ser representante legal de empresas que venden al Estado.
Dicha normativa, citada en la resolución, estable que “no podrán concursar o celebrar contratos con el Estado, o tener otra calidad referida a los proveedores y contratistas del Estado (…) las entidades cuyos representantes legales, directivos o gerentes hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración pública, contra la fe pública, defraudación tributaria, contrabando, defraudación aduanera, o delitos tipificados en las convenciones internacionales de las que Guatemala sea signataria”.
Y es que resulta que Abadío Carrillo, representante legal de Total Warehouse, fue sentenciado a seis años de prisión y una multa de Q160 mil por el delito de lavado de dinero y otros activos.
Se le halló culpable de ser parte de una estructura organizada y utilizada por su progenitor, Marco Tulio Abadío Molina, para malversar Q24.1 millones de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Tras improbar lo actuado por la Junta de Licitación el titular del MAGA ordenó devolverle el expediente para que “para que revisen su actuación”.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), dio marcha atrás en la adjudicación de un contrato a una empresa que es representada por Byron René Abadío Carrillo, hijo de Marco Tulio Abadío Molina, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria durante el gobierno de Alfonso Portillo.
Una de las razones es porque tiene impedimento legal para hacer negocios con el Estado. Así se indica en una resolución firmada por el ministro, Mario Méndez.
También trascendió que mañana los auditores enviados al MAGA por la Contraloría General de Cuentas (CGC), recomendarán que se aborte el proceso de adjudicación debido a anomalías en el proceso.
La adjudicación estuvo marcada por el despido supuestamente injustificado y repentino de un integrante de la Junta de Licitación y el ascenso de puesto de otro, en momentos en que analizaban y tenían que decidir acerca del proceso de compra.
A ello se suma un voto razonado, la descalificación de dos de tres oferentes y denuncias de un trato diferenciado en favor de la empresa ganadora y la adjudicación del contrato a la oferta más alta. Lea https://republica.gt/2017/06/11/contralor-ordena-revisar-adjudicacion-hijo-de-marco-tulio-abadio/.
El contrato para el suministro de 300 mil botellas de aceite de 800 ml, que se repartirá entre familias vulnerables a inseguridad alimentaria, fue adjudicado el 2 de junio por la Junta de Licitación a Total Warehouse Sociedad Anónima, por Q4.1 millones.
CGC apuntala decisión
Se supo que mañana los auditores enviados al MAGA recomendarán que se prescinda de la adjudicación porque el proceso se dio “en condiciones desiguales debido a que a la empresa que ganó le permitieron mejorar un documento y a las otras dos no y las descalificaron”.
También porque “la diferencia de precio” de la oferta presentada por Warehouse en comparación con las presentadas por las otras dos empresas descalificadas “es bastante importante”.
En la licitación ahora improbada por el MAGA participaron Agroindustrias Albay quien ofertó Q3.0 millones; Corporación Comercializadora M y B que ofreció el producto en Q3.2 millones y Total Warehouse, con Q4.1 millones.
Con prohibición legal
La resolución del MAGA que fue colgada al final de la tarde en Guatecompras señala, en uno de sus considerandos, que Abadío Carrillo tiene prohibición legal, según el artículo 80 inciso “e” de la Ley de Compras y Contrataciones, para ser representante legal de empresas que venden al Estado.
Dicha normativa, citada en la resolución, estable que “no podrán concursar o celebrar contratos con el Estado, o tener otra calidad referida a los proveedores y contratistas del Estado (…) las entidades cuyos representantes legales, directivos o gerentes hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración pública, contra la fe pública, defraudación tributaria, contrabando, defraudación aduanera, o delitos tipificados en las convenciones internacionales de las que Guatemala sea signataria”.
Y es que resulta que Abadío Carrillo, representante legal de Total Warehouse, fue sentenciado a seis años de prisión y una multa de Q160 mil por el delito de lavado de dinero y otros activos.
Se le halló culpable de ser parte de una estructura organizada y utilizada por su progenitor, Marco Tulio Abadío Molina, para malversar Q24.1 millones de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Tras improbar lo actuado por la Junta de Licitación el titular del MAGA ordenó devolverle el expediente para que “para que revisen su actuación”.