La ineficiencia de los servicios públicos parece ser nuestro pan de cada día. La triste realidad de nuestro país es que los servicios públicos no satisfacen las necesidades básicas de la población, desde la falta infraestructura, servicios de salud, educación y la lista sigue y sigue. ¿Hemos analizado el problema de fondo? Hoy crece en silencio dentro de nuestro sistema una maraña de iniciativas, producto de una serie de intereses perversos que nos impiden avanzar.

Me pregunto, si hoy fuésemos a diseñar los procesos operativos de la cosa pública “desde cero”, ¿llegaríamos al mismo diseño que el proceso actual? ¿Acaso los procesos fueron diseñados para maximizar eficacia y eficiencia? ¿o será que el diseño responde a otras motivaciones? Los ejemplos de vicios abundan en todo el sistema, así que no pretendo ser exhaustivo ni apuntar a un ministerio en particular, más que para respaldar el punto.

Por ejemplo, analicemos algunas de las situaciones que suceden dentro de nuestro sistema de salud. Si fuésemos a diseñar un proceso de compras de medicamentos, seguramente el primer paso sería definir el universo de productos y su método de identificación. Desde hace décadas, en el mundo de la logística cada producto debe tener un identificador único el cual, la mayoría de veces, es un código de barras. Cualquier sistema de compras parte por usar dicho identificador único para no cometer algún tipo de error, ya sea de ortografía o humano. Ahora bien, ¿quién y con qué fin diseñaría un sistema de compras que no se base en ese identificador único, como sucede en los sistemas de compras que actualmente se utilizan en nuestro país? En otro tema, ¿quién podría imaginar un sistema de nómina dónde no se sepa la cantidad exacta de trabajadores que existen? El mes pasado autoridades del MSPAS se pronunciaron acerca de la falta de datos sobre cuántos trabajadores se encuentran hoy con “Licencia con goce de salario”, beneficio contemplado en el artículo 20 del pacto colectivo. Según dicho artículo, el “MSPAS concederá licencia con goce de salario” a miembros del sindicato (SNTSG), así como también a miembros de cada filial, sub filial, Directivas, su Consejo Consultivo Nacional, a los miembros de las Comisiones Específicas y a los afiliados. Estos privilegios se han salido por completo de control. Aunque no hay datos certeros, hoy se cree que son más de dos mil personas las que gozan con salario sin trabajar. Además, no se sabe cuánto dinero representan estas “licencias sindicales” para el Estado, porque no se tiene el dato de cuánto devengan ni a qué renglón pertenecen los trabajadores que gozan de este privilegio.

Tristemente, el caso del sistema de salud no es el único. En cuanto a infraestructura, una reciente investigación de Prensa Libre, revela que aproximadamente Q240 millones se han perdido en siete proyectos iniciados por la administración del Partido Patriota, los cuales hoy están en el olvido y su continuación es incierta. Sin embargo, me imagino que las supuestas comisiones a funcionarios por otorgar los contratos si se pagaron a tiempo.

Ni empezar a hablar del calvario burocrático que implica sacar una licencia de construcción o un permiso de cualquier tipo. Los procesos parecieran haberse diseñado para maximizar las oportunidades de exigencias discrecionales de cada funcionario. Y no funcionarios de una sola institución, sino que se salpica la ensalada de discreción con los múltiples entes que se tienen que pronunciar al respecto. Los proyectos de generación de empleo salen asustados por el enredo o seducidos por la “facilitación”.

Me pregunto, ¿cómo definen el éxito al diseñar los procesos operativos en la cosa pública? ¿Cómo hemos podido permitir llegar a este nivel de inoperancia? ¿Cómo es posible que estos sistemas perversos no tengan límites? La bienvenida lucha contra la corrupción está siendo desaprovechada porque hemos implementado prácticas que enredan más la ejecución de lo público en lugar de hacerla eficiente. Los guatemaltecos hemos permitido que estos intereses perversos crezcan y se incrusten hasta en la raíz del gobierno. Ello nos perjudica gravemente, no solo limita la transparencia, sino que también limitan por completo la capacidad de ejecución del el día a día y, en el peor de los casos, hasta para responder ante una situación de emergencia.

Me preocupa que este tema no se aborde, ya sea por miedo o por indiferencia. Me preocupa que vivamos en un país lleno de conflictividad y con falta de certeza jurídica. Es con sentido de urgencia que debemos de recuperar la capacidad de ejecución desde lo público. Además, es momento que los guatemaltecos pasemos de lamentarnos a ocuparnos. Es momento de que busquemos cómo participar en mejorar los procesos, en lugar de criticar constantemente los resultados. Sin lugar a dudas, cada uno de los ejemplos de pobre ejecución en el gobierno que cité, nos sale muy caro. Debemos desenredar la maraña de procesos ya que responden a intereses perversos.

www.salvadorpaiz.com
@salva_paiz

 

República es ajena a la opinión expresada en este artículo